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Viernes bolivarianos

Pedro Sánchez durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa

Cuando Gobiernos poco escrupulosos con el Estado democrático de Derecho carecen de suficiente mayoría parlamentaria, suelen caer en la tentación de esquivar el debate en el Parlamento y acudir al instrumento excepcional del Decreto-Ley.

Nuestra Constitución, democrática a carta cabal, reconoce al Gobierno el uso del Decreto-Ley para “casos de extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86). Han oído ustedes bien: “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”.

La razón de tan estricta motivación radica en que en el Estado de Derecho -caracterizado por el principio de separación de poderes- es a las Cortes Generales a quien corresponde aprobar las Leyes y al Gobierno sólo los Reglamentos, subordinados a aquéllas.

Pero existe otra razón de prudencia en la utilización del Decreto-Ley. Y es que el Decreto-Ley, norma gubernamental excepcional, tiene rango de Ley formal, y, en consecuencia, puede modificar o derogar Leyes anteriores aprobadas por el Poder Legislativo. Esta simpleza se aprende en las Facultades de Derecho desde el primer Curso.

Por otra parte, sabemos que gobernar por Decreto-Ley, usando y abusando de él, es práctica habitual en dictaduras y países bananeros. De esta manera el autócrata puentea al Parlamento y hace su voluntad sin oposición.

Pues bien, señoras y señores: el singular Gobierno europeo de Pedro Sánchez ha caído en el mismo pecado político de imponer sus medidas por Decreto-Ley al no contar con apoyos parlamentarios suficientes. De esta manera lleva dictados una treintena, dato que prueba claramente que, en la mayoría de ellos, no existe urgencia ni extraordinaria necesidad, como exige la Constitución. Para más chanza, la lenguaraz ministra Montero nos ha avisado que estemos preparados los viernes, pues van a ser viernes sociales. Eso sí, por Decreto-Ley.

Se descubre de esta manera que el Gobierno socialista de Sánchez ha entrado abiertamente desde La Moncloa en campaña electoral, financiándosela todos los españoles.

Lo peor es que el presidente no tiene empacho en utilizar esos instrumentos jurídicos con fines distintos de los contemplados por la Constitución. No es nada democrático abusar del Decreto-Ley, pues hurta el esencial debate parlamentario a los representantes de los españoles y con ello el Gobierno usurpa la función legislativa que corresponde al Congreso y Senado.

Con lo dicho anteriormente no negamos que existan problemas y carencias sociales, que han de solucionarse, por supuesto, pero no por el atajo de utilizar arbitrariamente poderes legislativos extraordinarios y tirar de Boletín Oficial del Estado, que no está para eso.

La aproximación del Gobierno de Sánchez al modelo bolivariano del “¡Exprópiese!” es indiscutible. Sin olvidar tampoco el nada desdeñable efecto negativo para la economía nacional, que es el excesivo endeudamiento.

Imagínense ustedes quiénes van a pagar la fiesta.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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