Nos prometíamos un año mejor tras largos meses de restricciones, angustia y temores. Y, sin embargo, ni el virus está derrotado ni estamos en la “nueva normalidad” como aseguraba Sánchez. La pandemia continúa invencible y crece el sentimiento de orfandad entre los españoles.

       Para la política, 2021 empezó mal, con el bochornoso asalto al Congreso estadounidense, que, por horas, puso contra las cuerdas a la democracia norteamericana. Sin embargo, el alma se serena al oír el discurso sencillo, sincero y emocionado del presidente Biden. Fue una defensa cerrada de la libertad y la justicia, de la democracia y la concordia ante una sociedad dividida y apesadumbrada.

       Sentí envidia del simbolismo institucional de la ceremonia, por su sencillez calculada y su espíritu de compromiso insobornable con los valores democráticos, propios del constitucionalismo liberal.

       En la misma semana, en la política española no han faltado deplorables declaraciones y aberrantes normas jurídicas aprobadas. Bien pensado, ambas cosas alcanzan la categoría de escándalo que paso a exponer.

      El podemita Iglesias sostuvo lo indefendible: la  equiparación del prófugo Puigdemont con el exilio republicano. Vaya Vicepresidente. Vaya intelectual de pacotilla. Vaya brochazo… ¿Cómo se puede equiparar un golpista, huido de la Justicia, con quienes -para salvar la vida- tuvieron que emprender, desesperadamente y sin recursos, una nueva singladura en tierra extraña? Señor Vicepresidente, no ofenda usted a la Historia y a la inteligencia.

      Otros dos asuntos, sucedidos en los últimos días, demuestran también la grave anormalidad que padece la política y la sociedad de nuestro país.

      Primer asunto: no es un secreto ni un rumor que la coalición que desgobierna España quiere hacerse del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con jueces amaestrados y dóciles, los gobernantes se garantizan la impunidad por aquellos abusos que cometieran desde sus cargos.

       En este sentido, el Gobierno está utilizando, premeditadamente, la vía de la proposición de Ley para maniatar al CGPJ, órgano de gobierno de los Jueces. Ante ello, el Consejo ha hecho pública una declaración en la que advierte de esa estrategia invasiva, y alerta del riesgo que corre el Estado de Derecho, la independencia judicial y la separación de poderes si la reforma pretendida logra recortar las competencias del órgano gubernativo judicial.

        Termino refiriéndome a otra aberración jurídica, una más, del Gobierno. Sorteando al Poder Legislativo, ha  dictado el Decreto-Ley 1/2021, que ordena a los Jueces suspender el desahucio del ocupante de una vivienda, aunque éste carezca de titulo para ello. Con esta anormal disposición, el Gobierno abate el derecho de propiedad, confisca el uso legítimo de las viviendas, destroza el mercado inmobiliario y defiende la delincuencia.

      Señores, Maduro ya vive en La Moncloa.

      España, capital Caracas.