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Una Ley impropia de una democracia

       Alarmado y estupefacto, con el ánimo sobrecogido, así título el presente Comentario, desde la perspectiva de la libertad y desde la óptica de una posición de jurista liberal.

      He leído el Anteproyecto de “Ley de Información Clasificada” que el pasado 1 de Agosto el Consejo de Ministros aprobó para su tramitación como Proyecto de Ley. 

     Lástima que el tiempo de una intervención radiofónica no permita explayarse con detalle. Sin embargo, si el texto se aprueba como ha salido de la factoría del Ministro Bolaños, puede afirmarse que la Ley entra por la puerta y la libertad de información sale por la ventana.

     En primer término, es un documento que para sí lo hubiera querido Francisco Franco. Frente a 8 páginas, 14 escuetos artículos y una Disposición Final de la vieja Ley de 1968, el proyecto sanchista ocupa 36 páginas, 48 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, una Transitoria, una Derogatoria y 4 Disposiciones finales. Frente a 2 clasificaciones (Secreto y Confidencial), la futura norma trendrá 4: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido. 

     La clasificación de las materias quedará exclusivamente en manos del Gobierno, y la Autoridad responsable es el Ministro de la Presidencia, personaje que -en su papel político- recuerda, cada día más, mutatis mutandis, a la figura del almirante Carrero Blanco.

    Por la amplísima lista de materias clasificables contempladas por el Anteproyecto y que, por tanto, pueden  excluirse de la información y del conocimiento público, el Gobierno puede “apartar del debate público materiales que, sin riesgo para la seguridad nacional, sean, sencillamente, incómodos para el poder”, afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Carlos Flores.

     Empero no sólo los juristas criticamos esta insólita y autoritaria regulación, impropia de una democracia avanzada, sino que las alarmas suenan también en el campo de la comunicación y la información, sectores profesionales que van a padecer muy directamente los rigores y excesos de la nueva Ley, si se aprueba como la conocemos.

     De la lectura del Anteproyecto se desprende una concepción autoritaria, restrictiva, represora al máximo, en materia tan delicada como la libertad de información, de documentación y de comunicación en una sociedad democrática. Este embrión normativo encierra el peligro de que con él un Gobierno pueda instaurar la censura, u obligar a la autocensura, ante el temor a ser sancionado. 

     Y es que contempla un amplísimo catálogo de infracciones y un durísimo régimen de sanciones. La multa mínima puede alcanzar los 50 mil euros, y la máxima hasta los 3 millones. Con estas cantidades se incita a cerrar la boca. 

      El Gobierno se asegura así espacios libres de control. Con esta futura norma se regresa a una noche oscura en materia informativa, impropia de una democracia.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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