El Pleno del Parlamento, en el debate final del proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

El pasado miércoles 15 el Parlamento andaluz aprobó con los votos del PSOE, Podemos e IU y la abstención sorprendente de Partido Popular y C’s, una Ley llamada de ‘Memoria democrática’, una Ley que encarga redactar, a estas alturas, un informe sobre le Guerra civil y los crímenes de un bando, y establece un régimen jurídico que reconoce sólo a las víctimas del franquismo. Por tanto, por sus promotores y valedores, es una norma  partidista y, además,  extemporánea, pues nace nada menos que a los 40 años del restablecimiento de la democracia y a los 81 del inicio de la contienda fratricida, cuando ya se indultaron y amnistiaron las responsabilidades de todo tipo mediante el Decreto 2.940/1975, el Decreto-Ley 10/1976 y la Ley 46/1977.

Esta nueva Ley andaluza resulta, por otra parte, innecesaria por reiterativa, pues ya disponemos de la muy polémica y criticada Ley 52/2007, promovida y aprobada en su día por el Gobierno Zapatero.

La nueva Ley andaluza es una inquisitorial y extensa norma de 56 artículos -frente a los 22 de la de Rodríguez Zapatero-, más 5 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 5 finales. Una auténtica demasía legislativa. Todo ello a satisfacción de una extrema izquierda que, con asunto tan delicado y que creíamos superado con la aprobación de la Constitución, se sigue retroalimentando ¡todavía en 2017!, cuando los nietos de aquella desdichada generación frisan los 70 años de edad.

Yo invito con ánimo desapasionado a leer su infumable Exposición de Motivos, que tiene el atrevimiento de dar lecciones de Historia, de moral y de legalidad. La conclusión que se obtiene es que el legislador andaluz, preso de una ceguera partidista, se convierte en justiciero del pasado, y prescinde de testimonios, acontecimientos y personajes que dieron por hechas las paces en la Transición.

El legislador andaluz silencia, o desprecia, acuerdos, pactos y consensos que sellaron el alumbramiento de la Constitución. Por el contrario, sintiéndose dueño de la fábrica de leyes, legisla a placer. Así, se habla de víctimas del franquismo y no de ambos contendientes; se crean órganos de investigación; se consagran lugares y senderos; se reconocen movimientos asociativos; se les reconoce subvenciones; se crea  un Registro; un Consejo y un Instituto de Memoria Histórica y hasta el sistema educativo andaluz se sujeta a las consignas de esta Ley. Todo ello, según dice literalmente, “para fortalecer los valores democráticos”…

Con tristeza se comprueba que los diputados socialistas y comunistas del Hospital de las Cinco Llagas han caído en el revisionismo y han regresado a posiciones revanchistas, rencorosas y condenatorias, que en nada favorecen la necesaria concordia civil.

Por este camino vamos mal.