Se debate en la opinión pública si la democracia española es plena.

         Es el leninista Iglesias quien, desde el Gobierno, está  cuestionando nuestra democracia. Habría que responderle que España no es una democracia limitada, sino que el demócrata limitado es él (Juan Pablo Fusi).

       Es inadmisible, por tanto, que se siembren dudas sobre nuestro sistema democrático, dañando el prestigio y los intereses del Estado.

      Salvada esta primera consideración, de que España es una democracia, se dan, sin embargo, ciertos hechos que  alteran la pureza de nuestro sistema político, aunque no en el sentido que quiere apuntar el líder podemita. 

     La primera anomalía es que el Gobierno de España esté integrado por un partido de extrema izquierda, comunista, antisistema y populista; y por un socialismo radical o “sanchismo”. La consecuencia es inmediata: los españoles padecemos un Gobierno de vértigo, con vocación totalitaria, que reduce las libertades y socava la democracia parlamentaria establecida en 1978.

       Junto a esta sustancial patología democrática, que disloca todo el sistema, hay otras anomalías.

      Anomalía es que el Tribunal Constitucional tarde lustros en resolver recursos ante él interpuestos, muchos de ellos sobre asuntos urgentes y cruciales.

     Anomalía es que el Gobierno aproveche la pandemia para, solapadamente, limitar las libertades y amordazar al Parlamento.

     Anomalía es el bochornoso ‘pasteleo’ de los partidos en la elección de los miembros del CGPJ.

     Anomalía democrática es que llegue a aprobarse la Ley del“sí es sí”, incursa en aberraciones jurídicas, como la inversión de la carga de la prueba y la destrucción del principio de inocencia, texto que ha sido rechazado unánimemente por el CGPJ.

      Anomalía es que los condenados por sedición se paseen por Cataluña haciendo campaña electoral por la secesión y repitiendo que “lo volverán a hacer”.

     Anomalía es que el Gobierno de España esté sostenido por partidos separatistas; por partidos que quieren imponer la República sin respetar el procedimiento legal, y por los herederos del terrorismo vasco.

     Anomalía es que el Gobierno no solo eluda el control parlamentario sino que usurpe la función legislativa de las Cortes Generales, abusando del Decreto-Ley, norma excepcional. Casi un centenar de Decretos-Leyes ha dictado Sánchez desde mediados de 2018, algunos de dudosa constitucionalidad. 

       Anomalía democrática es que el Gobierno declare un estado de alarma de seis meses, con escasa rendición de cuentas, y el Congreso… ¡se lo acepte!

       Anomalía es que, desde el Gobierno, se ataque a la Jefatura del Estado, se señale a Jueces, se deslegitime a la  oposición, se revise la Historia, se pretenda controlar la información y se alienten los desórdenes públicos.

       Anomalía es, finalmente, ocultar a la oposición parlamentaria un dictamen en el que el Consejo de Estado se muestra crítico y desfavorable a los planes del Poder Ejecutivo de repartir fondos europeos suprimiendo controles y aligerando procedimientos. No cabe mayor y más burdo trilerismo político.

       Las alarmas que denuncian la tentación totalitaria en una sociedad democrática, como la nuestra, están sonando.

       Un socialismo radical y un neocomunismo populista dirigen en estos momentos el Estado.

       Evidentemente, nuestras libertades están en peligro.