No es ningún secreto ni un bulo puesto en circulación que la política que desarrolla Pedro Sánchez (podríamos denominarla sanchismo) en relación con el sistema constitucional de la Transición es de transmutación al modelo cesarista, lo que lleva aparejado perceptibles notas de autoritarismo. Así lo ha hecho cuando ha conformado una coalición gubernamental -más bien cohabitación- con Unidas Podemos, un partido de reaccionarios comunistas, de políticos de extrema izquierda e ideología liberticida, nada democráticos.

       El talante cesarista y autocrático de Sánchez lo ha demostrado también con el descabezamiento de la Abogacía del Estado y el nombramiento de una sectaria socialista para Fiscal General. Ambos importantes cuerpos del Estado puede decirse que hoy lo son del Gobierno, una aberración jurídica, pues.

      Idéntica pulsión de dominación la ejerce, así mismo, en relación con el Poder Legislativo, quintaesencia de la democracia. Sánchez logra el triunfo de una moción de censura con los votos de quienes se declaran enemigos de la libertad, de la forma constitucional del Estado, de la economía de mercado y de la Unión Europea, todo con el soporte parlamentario de los partidarios de destruir la unidad de la nación española. Se constata el amordazamiento de las Cortes, su débil, intermitente y escaso funcionamiento, su irrelevancia, y la altanería y desprecio con que el presidente del Gobierno y sus Ministros (y Ministras) se conducen en sus relaciones con la oposición, institución esencial, también, en democracia.

      La prueba más concluyente del ‘imperium’ sanchista ha sido la obtención, dócil y vergonzosa, de un inconstitucional plazo de estado de alarma por ¡seis meses! Y aún podemos ofrecer un signo más de aventurerismo político, de desprecio al Derecho, como ha sido desentenderse absolutamente el presidente del Gobierno de sus competencias legales (único órgano competente según la L.O. 4/1981) al inventarse (él o sus asesores) una inconstitucional delegación general de la gestión de la pandemia en las Comunidades autónomas. Lo que improcedentemente Sánchez ha llamado ‘cogobernanza’, formula extraña a la Constitución.

     Empero ha sido -y sigue siendo- en el ámbito jurisdiccional donde el sanchismo está provocando las colisiones y profiriendo las descalificaciones más escandalosas e hirientes a la conciencia de cualquier demócrata liberal. Sánchez y sus inconcebibles aliados no han parado mientes en atacar y deslegitimar al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional e, incluso, al Tribunal de Cuentas, “piedras en el camino que es preciso desempedrar”, Ábalos dixit). Es decir, los controles y garantías constitucionales del Estado democrático de Derecho son obstáculos, son indeseables mecanismos a desactivar para que el plan de demoliciones del sanchismo triunfe. En la ocasión de los inmerecidos indultos a los sediciosos catalanes ha quedado patente que Sánchez los ha concedido en contra del criterio motivado del Tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal. No parece que respete el trabajo de los profesionales del Derecho.

       Sin embargo, han sido unas declaraciones de la portavoz del Gobierno, recientemente nombrada, sobre la sentencia del TC -que declara la inconstitucionalidad parcial del primer estado de alarma- las que traslucen, de modo cristalino, la verdadera, errada y peligrosa concepción que de la democracia tiene este Gobierno. Isabel Rodríguez, Ministra y portavoz del Gobierno se dirige a los magistrados del TC y dice: “Seguramente, si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió [marzo de 2020], quizás si hubiesen puesto sus cabezas ahí, quizás hubieran interpretado el Derecho de otra forma. Les faltó ponerse en la situación (¡sic!) de los primeros días”.  Aquí está plasmado el concepto de democracia y respeto institucional que cultiva este Gobierno y sus inmaduros y desorientados integrantes, eso sí, jóvenes y mujeres. ¿Es consciente la Ministra del alcance de sus afirmaciones? Claramente la Ministra, que representa la opinión del Gobierno, y a éste, desearía que el guardián de la Constitución, al juzgar los actos y normas del Gobierno, dictara sentencias favorables al Gobierno “metiéndose en la mente de éste”. Eso sería lo adecuado según la Ministra novata.

      Con este espíritu y concepción de la democracia (y del Estado de Derecho) se dice adiós a las garantías jurídico-políticas de los ciudadanos, a los controles establecidos para limitar los actos del Poder público, a la indemnidad de la esfera subjetiva de los administrados, al principio de legalidad, de separación de poderes, a la independencia judicial y a la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales.

      Dicho de otro modo: sobrecoge la confusión de poderes (propia del absolutismo político), la supresión de garantías y controles, el abatimiento de las libertades y derechos (duramente conseguidos desde la Revolución Francesa) de que hacen gala -tal vez por ignorancia de nuestro sistema constitucional- el presidente y sus Ministros (y Ministras) de la actual cohabitación socialcomunista. Conste que se podrían añadir más declaraciones en la misma dirección iliberal.