Quim Torra y Puigdemont./Diario16

España tiene planteados varios problemas políticos. De todos ellos destaca, como uno de los más graves, el desafío que  representan los llamados nacionalismos periféricos, que se han instalado en algunas Comunidades españolas gobernadas por partidos nacionalistas, desleales con la Constitución y con el pacto político de la Transición.

Aunque por ahora el País Vasco parece observar un perfil bajo en sus reivindicaciones soberanistas, tal vez a la espera del momento oportuno, es Cataluña el verdadero dolor de muelas del momento presente.

Hemos sido testigos de aquello que pocos daban crédito: una declaración unilateral de independencia de una Región española y la consiguiente y automática aplicación del artículo 155, precepto que contiene la garantía de pervivencia del Estado.

Hoy, al cabo de siete largos meses, el Parlamento catalán ha logrado investir a un nuevo presidente, Joaquim Torra, un ultranacionalista y xenófobo acérrimo.

Es obligación de todos librar una dura batalla encaminada a desenmascarar, ante la opinión pública, a tan siniestro personaje. Por ahora, el potente aparato de comunicación y propaganda del separatismo catalán, bien engrasado y con generosos medios económicos, lleva tiempo ganando la batalla de la comunicación, incluso a escala internacional.

España necesita urgentemente contrarrestar las falacias secesionistas. España y su Gobierno han tardado mucho tiempo en reaccionar y en tomar en serio las bravatas separatistas. Con parsimonia y pasividad, la sociedad española y su Gobierno han propiciado que el separatismo engorde y se haga resistente.

Frente al separatismo no caben medias tintas ni debilidad alguna. Frente al separatismo el Gobierno y todas las instituciones del Estado ha de actuar sin complejos, aplicando los instrumentos y las instituciones propias del Estado de Derecho; aplicando  la Ley y exigiendo el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, y como complemento de lo anterior, España tiene que hacer oír su voz en el mundo, especialmente en la Unión Europea. Los diplomáticos españoles, es decir, el servicio exterior del Estado, han de repetir hasta la saciedad los argumentos del Estado para oponerse al desafío separatista. Ninguna razón de las que aduce el separatismo catalán fundamenta ni justifica la fragmentación de un Estado democrático, como es España. Por ello, está plenamente justificada la oposición cerrada a romper el Estado.

España ha de mantener una posición firme ante Europa. No cabe dudar de la justicia y legitimidad de nuestra posición frente al separatismo, ni cabe dudar del carácter democrático de nuestras instituciones.

Las decisiones adversas de la Justicia alemana y belga -que por ahora hemos conocido- indican que la ‘Leyenda negra’ está todavía viva en esos países.

Algo inadmisible.