(Comentario Onda Cero, martes 12 Septiembre 2023)

Siguiendo la ristra de desatinos con los que el Desgobierno sancho-populista nos viene obsequiando, pronto veremos en el Congreso cómo un diputado de Pontevedra se pondrá un pinganillo para entender a otro de Bilbao o de Tarragona, aunque todos hablen castellano. Veremos cómo un diputado andaluz tendrá que acoplarse uno de esos adminículos para saber qué defiende o qué rechaza un diputado catalán de Cornellá, aunque éste sea de origen andaluz. ¡Qué cantidad de disparates, señores, y no parece que las ocurrencias vayan a parar aquí!

Usar las lenguas regionales en el Congreso es un claro obstáculo a la comunicación parlamentaria. Sin embargo, hay políticos que la consideran una medida “progresista”, cuando es todo lo contrario. Poner trabas al entendimiento entre los representantes del pueblo no es un avance, sino un monumento al ridículo, al absurdo y al despilfarro. Es ir en contra de la naturaleza de un Parlamento. Como una moderna Babel, nadie se va a entender a la primera, y fuerza el establecimiento de un servicio caro de traductores, cuando todos conocen el castellano, la lengua común.

Y no será porque no es sensato o no está claro el artículo 3 de nuestra maltrecha Constitución, que dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Si contáramos con un Tribunal Constitucional imparcial, anular medida tan absurda y superflua sería coser y cantar. Sin embargo, como la mayoría de magistrados son afines al sanchismo, mucho me temo -sin perjuicio de la presunción de inocencia- que va a ser difícil que regrese la sensatez a la Carrera de San Jerónimo.