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Un abuso de nuestras Administraciones

(Comentario Onda Cero, martes 9 Mayo 2023)

Días atrás cité, como abuso de las Administraciones, la necesidad de solicitar cita previa para ser atendido en una oficina pública. Y es abuso porque la obligatoriedad de cita previa para acudir a una Administración, bien a entregar o pedir un documento, o a iniciar cualquier procedimiento administrativo, es una exigencia que no la contempla Ley alguna.

Se trata, pues, de una exigencia anormal que pudo tener cierto sentido en la reciente crisis sanitaria. Sin embargo, superada ésta, las Administraciones continúan requiriéndola sin justificación, a mí juicio, pues ni la Ley de Procedimiento Administrativo, ni la de Régimen Jurídico del Sector Público, imponen esta condición al ciudadano para ser atendido. Antes bien, la primera norma aludida afirma que “sólo mediante Ley, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley” (Artículo 1º).

La cita previa obligatoria se ha calificado acertadamente de “quebradero de cabeza de los ciudadanos, gestores o abogados que realizan distintas gestiones con la Administración”. Además, no es fácil de lograr, y quienes sufren este problema -auténtico obstáculo para relacionarse con una Administración- comprueban que se ha convertido en un “callejón sin salida”, dificultando la comunicación del ciudadano con los servicios públicos.

La cita previa es ineficiente y constituye una perturbación ante la dificultad para obtenerla, Para colmo, ha surgido un mercado negro de reventa cuyas inmorales tarifas pueden oscilar entre los 50 y 200 euros. Urge, por consecuencia, acabar con las citas previas y con las corruptelas tercermundistas que la rodean.

Expertos juristas, que han estudiado la legalidad de la cita previa, concluyen que no debe exigirse, y afirman algo tan sensato y lógico como que “no se entiende que, acabada la crisis pandémica, las Administraciones de un país europeo, como es España, continúen imponiendo este trámite”, no requerido por la Ley. Con ello, las oficinas públicas se colocan al margen de la Constitución, cuyo artículo 103 señala bien claramente que “la Administración debe servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

Por tanto, nuestras Administraciones, y quienes así lo exijan, están abusando de los ciudadanos, carecen de legitimidad para imponer la cita previa, y están levantando un injustificado muro que, sin una clara base legal, separa al ciudadano de la Administración pública.

Y no será por falta de autoridades. Existen dos Ministerios que bien podrían eliminar este obstáculo de la cita previa. Uno es el Ministerio de Hacienda y Función pública, y el otro el de Consumo. En verdad, ni María Jesús Montero ni Alberto Garzón velan por los intereses de la que ellos llaman la “gente”, a la que dicen servir.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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