Desde 2015, e incluso antes, algunos hemos venido advirtiendo de que la política nacional (también el  pensamiento y comportamiento de algunos líderes y partidos políticos) no discurre por cauces de constitucionalidad ni, con frecuencia, de racionalidad.

        Durante los primeros lustros de la Transición los gobernantes –felipistas y populares– hicieron gala de prudencia, tacto y responsabilidad sobre viejos temas especialmente delicados. Sin duda porque reflexionaron de dónde veníamos los españoles.  Sin embargo, a partir del ascenso al poder del ‘zapaterismo’, éste emprendió una deriva política que se tradujo en cortar amarras con el inmediato pasado, liberar conciencias, y en adoptar atrevidas opciones revisionistas de parte.

       Por otro lado, bajo los mismos Gobiernos de Rodríguez Zapatero se incidió en dos terrenos sumamente sensibles y ciertamente disolventes de la convivencia. En efecto, la denominada ‘memoria histórica’ recibió cobertura jurídica a través de la Ley 52/2007. Con aquélla se volvió a cuestionar la reconciliación nacional, inteligentemente lograda en tiempos de Adolfo Suárez. En segundo lugar, Rodríguez Zapatero cometió otro gravísimo error: prometer la aceptación de un nuevo Estatuto para Cataluña “como lo aprobara el Parlament”, excluyendo del juego político al Partido Popular (Pacto del Tinell). Sin el anterior prólogo es difícil entender la tormentosa hora actual.

        A estas desventuras políticas del socialista Rodríguez Zapatero hay que sumar otros dos acontecimientos de la política nacional, significativos enemigos de la democracia y del sistema político de 1978. Primeramente hay que citar la eclosión del populismo de izquierda de la mano del movimiento social 15-M, quintaesencia de las mayores y más disparatadas propuestas. Éstas toman hoy  cuerpo en partidos como Podemos (Iglesias) o Más País (Errejón) y sus profusas confluencias.

     El segundo factor desequilibrante del Estado son los nacionalismos periféricos, principalmente el catalán, y también el vasco, éste al acecho. El caso catalán es, por el momento, el más grave. Rompiendo todas las costuras del traje constitucional, los líderes separatistas catalanes han llegado el 27 de octubre de 2017 a la declaración unilateral de independencia y a proclamar la República, circunstancias que forzaron a un cauteloso Rajoy a solicitar del Senado la aplicación de la coerción federal (155 CE) tras no pocas vacilaciones, parsimonia y errores de su Gobierno en este campo.

      Lo peor es que la recuperación de una cierta normalidad constitucional -tras la aplicación del artículo 155- ha regalado, lamentablemente, una nueva mayoría parlamentaria a los separatistas, con un ‘president’ que, desde la primera hora de su mandato, no cesa de lanzar proclamas secesionistas e insultos a los españoles. En estos días conmemorativos del fraudulento referéndum del 1º de octubre de 2017, vuelve a arreciar el desafío separatista. La toma en consideración de tales bravatas insurreccionales resulta seria y urgente.

      A lo anterior hay que acumular un razonable cuestionamiento sobre la lealtad constitucional de los Mossos d’Esquadra por haber sido contagiado este cuerpo policial del virus secesionista. Se trata de un ejército de diecisiete mil hombres dotado de competencias de policía integral, incluidos servicios de inteligencia. En las últimas semanas se añade el descubrimiento de células presuntamente terroristas de los CDR, vanguardia violenta de los planes soberanistas del ‘Govern’, con el trastornado Torra al frente.

        La conclusión es que una fuerte inestabilidad política se ha instalado en el tablero político español desde la moción de censura al Gobierno Rajoy. Las elecciones generales del 28-A han terminado en un fracaso de Sánchez para formar Gobierno (causa de la nueva convocatoria para el 10-N). A lo anterior súmese la estéril exhumación de los restos del general Franco, que aviva innecesariamente los rescoldos del franquismo.

      De otro lado, alarmantes noticias llegan del campo económico. El frenazo o enfriamiento amenaza con oponer serios obstáculos ala economía española. Deuda pública desbocada y gasto excesivo lastran en estos momentos las cuentas del Estado, con peligro real para el sistema de pensiones públicas y el empleo.

       Para terminar de cuajar una ciclogénesis política explosiva comparece en escena la Sentencia 459/2019, sobre los acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que la Sala 2ª del TS  ha dictado recientemente.

       A la vista de los disturbios, estragos y otras graves acciones violentas desatadas en Cataluña bajo la coartada de la resolución judicial, discútese en esta hora qué medidas extraordinarias debería tomar el Gobierno para enfrentar los desafíos separatistas.

        Esas medidas excepcionales pueden consistir en la declaración de alguno de los estados de alarma, excepción y sitio (116 CE y L.O. 4/1981); en acudir de nuevo al artículo 155 CE; o a la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que permite utilizar una intervención quirúrgica sectorizada.      

Atravesamos, pues, momentos de gran debilidad política. Con incapacidad para formar Gobierno. Con una campaña electoral en ciernes. Y con un separatismo alocado, recalcitrante y rabioso. Indiscutiblemente, tenemos encima una ciclogénesis política explosiva.