Vista del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía/ eldiario.es

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 15 de marzo, con el voto favorable de PSOE, IU y Podemos, y con la abstención de Ciudadanos y Partido Popular, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La norma ha sido calificada como más ambiciosa que la ley aprobada por el Gobierno Zapatero en 2007. En este sentido extiende los márgenes del periodo de aplicación de la ley desde la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 11 de enero de 1982.

Llama poderosamente la atención que la ley obvie la aprobación de la Constitución de 1978 como punto final a la represión y a la dictadura y como el principio de la reconciliación entre españoles después de un proceso largo y duro de mutuos reconocimientos. Durante la Transición los legisladores se afanan en esta tarea. El indulto general por Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, el Real Decreto-Ley 10/1976, sobre amnistía y la Ley 46/1977 van en esta dirección. Sin embargo; la redacción de la norma andaluza, en particular los títulos preliminares, deslizan la intención del Ejecutivo de Susana Díaz de solicitar la derogación de la Ley de Amnistía del 1977. Derogarla supondría un desastroso movimiento político que avivaría un revisionismo improductivo y revanchista.

La Transición no fue perfecta pero sí fue necesaria y reparadora. El esfuerzo de toda una generación por restañar heridas y superar divisiones no puede ser liquidado ahora. La memoria de los que suscribieron el gran pacto de la Concordia que fue la Constitución del 1978 no puede ser traicionada por quienes ahora hacen las leyes.

No se trata de silenciar a nada ni a nadie pero la política está lejos de ser capaz de emitir una valoración histórica rigurosa. La historiografía continúa aportando datos sobre esos sombríos años de la historia de España (el último sobre los comicios de 1936 de los investigadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, 1936. Fraude y violencia, Espasa) que vienen a completar todas y cada una de las dolorosas historias de miles y miles de españoles que sufrieron la persecución, la tortura, la cárcel o el exilio por sus ideas. La democracia tiene que albergar la memoria de todos, un régimen de dictadura como el de Franco no supuso ninguna reparación para nadie.

La legítima búsqueda de aquellas víctimas que aún quedan por identificar y el anhelo de sus familias por otorgarles un enterramiento digno no puede ser usado como coartada para reescribir la historia. Las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura tienen derecho a ser dignificadas y reivindicadas y a ello deben de contribuir las administraciones apoyando a todas las víctimas a completar sus propias historias personales. Sin embargo; ello no implica enmendar la magna obra de la Transición.

Causa perplejidad la postura de Ciudadanos y del Partido Popular. El partido de Albert Rivera que siempre ha hecho bandera de ser un partido sin hipotecas con el pasado y que se ha distinguido por la defensa de la Transición, sorprende que a pesar de las reservas expresadas en el debate en el Pleno optara por la abstención.

En el mismo sentido, el Partido Popular, que se opuso a la ley del Presidente Zapatero sobre esta misma materia ahora tropieza con una nueva incoherencia al no votar en contra de esta norma a pesar de tener poderosos argumentos para hacerlo.

Todas las naciones del mundo tienen episodios violentos en su historia, más dolorosos cuando estos surgen de un enfrentamiento civil. Cada Estado, cada comunidad, debe de trabajar por honrar su historia y construir la paz. Aún estremece la reacción del presidente Lincoln cuando recibió la noticia de la rendición de los confederados. Ante una muchedumbre que lo aclamaba a las puertas de la Casa Blanca ordenó a la banda militar: “Tocad ‘Dixie’; siempre me ha gustado esa canción”. ‘Dixie’ era el himno de los confederados. El himno de los vencidos es el que solicita el vencedor como signo de reconciliación.

Alejandro Muñoz González, José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado Castillo, José J. Jiménez Sánchez, Ana Isabel Guijarro de Haro, Ramón Montahud Villacieros y José Ramos Salguero son miembros de la Junta Directiva del Foro para la Concordia Civil.

Artículo publicado en IDEAL de Granada el 17 de abril de 2017.