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Sobre la propuesta de una nueva reforma constitucional*

Si actuamos al margen del derecho y ponemos en cuestión los tribunales, nos acercaremos peligrosamente a la descomposición de la sociedad, pues si admitiéramos que cualquiera pudiera modificar la Constitución según su propio criterio nos veríamos arrojados sin remedio a una situación en la que sólo cabría tratar de que nuestra fuerza primara sobre la de los otros.

No deja de ser llamativo que la propuesta de reforma constitucional que se encuentra en el apartado cuarto del informe 2/2019 del IEA de la Generalitat acabe parafraseando de la mano de Richard J. Bernstein (1) a H. Arendt, quien habló de que la libertad pública apareció en las colonias cuando redactaron, primero, sus constituciones estatales y después, cuando elaboraron la constitución federal, de la que importaban especialmente la separación de poderes y el equilibrio creado entre los poderes de cada estado y el gobierno federal, esto es, la división territorial de poderes.

Digo que es curioso porque si recordamos lo que Arendt escribió en relación con la revolución americana, lo primero en lo que incide es en la diferencia que existe entre aquella y la revolución francesa, a la que caracteriza como una revolución irrestricta, en la que la nación no está sometida a ningún límite. Por el contrario, la revolución americana estuvo presidida por la importancia que se concedió a su propia Constitución. Según Arendt, en la revolución americana se sustenta que el poder se origina en el pueblo, aunque la fuente del derecho sea la Constitución, una Constitución enraizada en la voluntad popular, si bien una vez producida la decisión, esto es, la aprobación de la Constitución, ésta vinculará al cuerpo político al que da nacimiento. Así pues, la Constitución proviene del pueblo –poder constituyente-, pero es ella la que instituye al pueblo como soberano –poder constituido, we the people…-, que desde ese momento no podrá actuar sino bajo las reglas constitucionales.

Indudablemente pertenece a la naturaleza de todo origen, también el de una Constitución surgida del pueblo, el que lleve aparejada una dosis de arbitrariedad, a no ser que el acto del origen conlleve consigo su propio principio: “el principio combinado de la promesa mutua y la deliberación en común” (2), un principio que es fin y límite. La deliberación es el fin, pero igualmente el principio, es lo que nos asegura la racionalidad del acto del origen; a la vez que es el límite, pues el acto constituyente tiene que crear aquello que sea concorde con su principio, esto es, con su fundamento. Se trata entonces de alcanzar un fin, las condiciones de la deliberación en común, pues en ella radica la legitimación de la misma Constitución, pero un fin que es limitado, pues las decisiones adoptadas tras la deliberación no pueden poner en cuestión la posibilidad de seguir deliberando. Son las propias condiciones que aseguran la deliberación las que no pueden ser puestas en cuestión. Dicho en términos más claros, la determinación del poder constituido por medio de las mayorías sólo es aceptable si respeta las condiciones de formación racional de esas mayorías, fundamentalmente el derecho de participación y la libertad de expresión.

Si esto fuese admisible, entonces no se entendería muy bien el inicio de esta parte cuarta del informe, en el que se plantea el fracaso de la reforma del Estatuto de 2006 y la STC de 2010, lo que habría terminado con el consenso sobre el que se asentó la Constitución de 1978, al mismo tiempo que se acusa al Estado de prácticas recentralizadoras, así como de no asumir las peticiones de las instituciones catalanas a fin de mejorar la financiación, asegurar los blindajes competenciales y celebrar un referéndum acordado de independencia. Frente a tales reivindicaciones lo único que se ha producido por parte del Estado son medidas coercitivas en términos policiales y penales relacionadas con el referéndum de 2017.

No voy a entrar en la parcialidad que muestra esta visión, excesivamente plana en la descalificación del TC, ni en el olvido de la inconstitucionalidad del referéndum, que en términos kelsenianos supuso el intento de un golpe de Estado, al plantear una reforma de la Constitución al margen de los procedimientos de reforma establecidos en la misma. Bastará con recordar algunas de las ideas que defiende Arendt: el poder del gobierno puede ser excesivo, incluso represor, pero también lo puede ser el de la misma sociedad (3); no hay sociedad civilizada que se mantenga al margen del derecho (4) y finalmente, la autoridad última radica en el Tribunal Supremo (5). Si actuamos al margen del derecho y ponemos en cuestión los tribunales, nos acercaremos peligrosamente a la descomposición de la sociedad, pues si admitiéramos que cualquiera pudiera modificar la Constitución según su propio criterio nos veríamos arrojados sin remedio a una situación en la que sólo cabría tratar de que nuestra fuerza primara sobre la de los otros. 

A partir de aquí el texto presenta una reforma constitucional, similar a la que se plantea en el documento admitido por el Parlamento vasco, que sería aprobada, primero, por el Parlament y finalmente en referéndum, por los ciudadanos de Cataluña. Se defiende, asimismo, que lo propuesto se introduzca mediante una disposición adicional, sin tener en cuenta que la reforma planteada altera de tal manera lo establecido por nuestra Constitución, que sólo podría llevarse a cabo mediante el procedimiento de reforma agravada, si es que queremos preservar el principio arendtiano de la deliberación en común o el kelseniano de que la reforma de la Constitución ha de hacerse de acuerdo a los procedimientos de reforma establecidos en la misma.

La reforma constitucional propuesta es confusa, pues no se dice de manera abierta si la propuesta es federal o confederal, aunque claramente se puede concluir que es confederal, pues se asienta sobre dos principios que tratados conjuntamente, se encuentran enraizados en el concepto de confederación, el Estado plurinacional y la bilateralidad, esto es, la necesidad de reconocer personalidades nacionales diferenciadas e iguales entre sí. La defensa de la plurinacionalidad y la bilateralidad se manifiestan en la exigencia de la igualdad formal entre la Generalitat y el Estado, lo que la aleja de la federación y la acerca a la confederación, al mismo tiempo que exige los procedimientos de opting-in y opting-out; el derecho de veto; poder judicial propio y relaciones internacionales según el modelo de federaciones institucionales descentralizadas. El modelo propuesto se aleja de las relaciones intergubernamentales horizontales y tiene poco que ver con las relaciones intergubernamentales de carácter vertical, pues la propuesta que se hace vacía el concepto de verticalidad y lo sustituye por la relación entre dos iguales, lo que es propio de una relación confederal. 

En definitiva, la propuesta presentada no pronostica mar en calma, sino  todo lo contrario, mar gruesa, pues no trata de articular, al modo americano, la tradicional división de poderes con la división territorial de poderes, sino de sustituir aquella por esta. No se trata en ningún momento de plantear la relación entre un poder emanado del soberano, el poder del gobierno y otro poder que, sin estar subordinado al mismo, pues emana del mismo soberano, ocupa sin embargo una posición parcial frente al primero, lo que constituye la relación entre el gobierno de la federación y los gobiernos de sus partes; sino que lo que se propone, consiste en realidad en la quiebra del poder soberano y la institución de poderes formalmente iguales, en tanto que soberanos, por lo que se puede exigir desde los mismos que las relaciones que se establezcan entre ellos sean bilaterales, al mismo tiempo que asimétricas con el resto de los territorios.


*Este texto se basa en la propuesta presentada por el IEA en su informe 2/2019, Autogobierno y relaciones intergubernamentales en las democracias actuales, especialmente en su parta cuarta, “Las relaciones intergubernamentales en Cataluña: perspectivas de futuro”, págs. 43 y ss.

(1) ¿Por qué leer a Hannah Arendt hoy?, Barcelona, Grijalbo, 2019.

(2) H. Arendt, Sobre la revolución, trad. de P. Bravo, Alianza Editorial, Madrid, 2004 (1963, 1965), pág. 295.

(3) “El temor que sentían los Padres fundadores ante un excesivo poder del gobierno estuvo equilibrado por su afinada conciencia acerca de los enormes peligros que podrían surgir del seno de la sociedad para los derechos y libertades del ciudadano”, en Arendt, Sobre…, op. cit., pág. 197.

(4) “[E]l asiento del poder se encontraba en el pueblo, pero la fuente del derecho iba a ser la Constitución”, en Arendt, Sobre…, op. cit., pág. 213.

(5) “[L]a verdadera sede de la autoridad en la República americana es la Corte Suprema […que] deriva su autoridad de la Constitución”, en Arendt, Sobre…, op. cit., pág. 275.

Autor del artículo: José Joaquín Jiménez Sánchez

Doctor en Derecho y profesor titular de Filosofía del Derecho, UGR. Socio fundador del Foro para la Concordia Civil.

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