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Sillas y sillones

(Las Administraciones públicas como botín)

    El espectáculo de la pasada -y frustrada- investidura de Pedro Sánchez ha sido, desde varios puntos de vista, bochornoso. Destaca, sobremanera, haber dejado patente la cruda lucha de los partidos políticos y sus cúpulas dirigentes por ocupar y repartirse los sillones de los cargos de las Instituciones y de las variadas Administraciones que conforman actualmente el Estado. Naturalmente, con su apetecida nómina retributiva.

     Contemplar por televisión la aludida sesión parlamentaria produce justa indignación en los  ciudadanos cuando éstos comprueban cómo nuestros políticos incurren en un indecente mercadeo, en un “do ut des” con el que pagar favores o promesas a costa del organigrama de las Administraciones públicas, sin importarles la dignidad de lo público, el prestigio de las Instituciones, ni el demoledor efecto moral que tienen tales trapicheos en una población que se levanta al amanecer para llevar el sustento diario a casa. Y los políticos, en general, a lo suyo.

     Desde este punto de vista la clase política de nuestra democracia hace tiempo que está incurriendo en un descarnado reparto de canonjías administrativas como si las Administraciones públicas fueran un botín de guerra a distribuir después de la batalla electoral. Negativo e irritante.

       Impacta que los llamados en democracia a gobernar o dirigir las entidades y organismos en que se estructuran los poderes públicos del Estado, con su comportamiento (mejorable), propio de mercaderes persas, profanen el prestigio y la ‘auctoritas’ del Estado, aspecto indeleble de las Instituciones públicas, pero real.   

      Sólo desde un proceder tan errado se entiende el vergonzoso chalaneo que estamos presenciando. Y únicamente desde el desconocimiento del Derecho Administrativo y de la Ciencia de la Administración se puede concebir que quien aspirara a ser Vicepresidente del Gobierno de los españoles despreciara el “botín” y tildara ciertos Ministerios de “floreros”, o, peor, de “caseta del perro”. Nunca los Ministerios de la Administración General del Estado pueden ir a menos y ese aspirante ocasional, a más. Hasta esto tenemos los ciudadanos que tragar y digerir en esta democracia ¿gobernada? por una clase política roma y escasamente formada.

     Si conocieran las materias científicas antes citadas (imprescindibles en un aspirante a responsable público), tendrían que andarse con más cautela y menos desprecio. Gobernar un país u ocupar un cargo público es algo muy serio (más, en democracia) que requiere de  titulares competentes y perfectamente sabedores del cargo para el que aparecen nombrados en el Boletín Oficial del Estado.

    Tendrían que saber, en efecto, que las Administraciones son la ‘longa manu’ del Estado en cualquiera de sus niveles o escalas; que son organizaciones dotadas de personalidad de Derecho público; que tienen encomendado, por la Constitución y las Leyes, el cumplimiento de los fines del Estado (sociales, culturales, medioambientales, sanitarios, de defensa…), ordenando aquélla que las Administraciones sirvan con objetividad, con neutralidad ideológica, el interés general (Art. 103.1 CE). ¿Se cumple hoy este trascendental precepto constitucional?

     Sería menester que estos inéditos aspirantes a gobernarnos -más ‘verdes’ que ‘maduros’- supieran que a través de las Administraciones públicas (y un Ministerio lo es, como superior órgano de dirección) es como se cumplen y desarrollan los servicios públicos. Sin aquéllas, el Estado sería una pura entelequia. Un Estado, con una Administración pública deficiente, insuficiente o, en el grado más extremo, inexistente, es un Estado fallido.

     Deberían saber estos políticos adolescentes de nuestros días y, en consecuencia, inexpertos, que a las Administraciones públicas se va o se ingresa para servir, y no para servirse de ellas. Se va a trabajar por y para todos, no sólo para la “parroquia”. Ello es así no sólo por imperativo moral, pues las Administraciones se nutren con los recursos tributarios de todos, sino por constituir, como ya he explicitado más arriba, un mandato constitucional.

         También hay otra dimensión a tener en cuenta en la dirección de las Administraciones públicas. Es la proyección ejemplar que el gobernante ha de imprimir con su conducta sobre la total organización administrativa y sobre sus subordinados, los empleados públicos (funcionarios y laborales). Mal empieza el mandato cuando los funcionarios de la concreta Administración a la que va destinado el político conocen que este desprecia el destino por considerarlo “florero” o “caseta de perros”. Todo un despropósito en el seno de las organizaciones públicas.

      Muy por el contrario, las Administraciones públicas no pueden considerarse botín o presa de los vencedores de unos comicios. Las Administraciones públicas han de ser valoradas como el “taller de la prosperidad de la Nación”, como acertadamente indicaron los primeros administrativistas españoles en el siglo XIX (Javier de Burgos, Oliván, Ortíz de Zúñiga, Santamaría de Paredes).

      Sólo con espíritu de servicio, sólo con respeto a la dignidad de los cargos públicos, es como puede alcanzarse la “pronta y eficaz” satisfacción del interés general.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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