La oferta electoral de un partido político, el Partido Popular, que promete desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y, particularmente, aprobar una nueva Ley de la Función Pública estatal, me ha inspirado esta tribuna de opinión.

Y ello en el sentido de que se debe hacer lo imposible por conseguir que los funcionarios públicos -aquel conjunto de personas físicas que, tras duras pruebas, consiguen ganar una plaza y hacen de su trabajo en la Administración pública su vida profesional con cargo a los Presupuestos públicos- sean seleccionados con las pruebas más adecuadas, imparciales y objetivas, con métodos alejados de los intereses de los partidos políticos para que, como dice la Constitución, satisfagan el interés general, que no es el de un partido político, ni de un grupo ni de nadie en particular, sino el interés colectivo.

Y aquí está lo más importante: el político de turno ha de abstenerse de interferir el proceso selectivo, para permitir encontrar a los mejor preparados. Acceso a la función pública únicamente sujeto a los principios de mérito y capacidad (103.3 CE).

En consecuencia, los Tribunales de Oposiciones sólo deben estar integrados por técnicos, honestos y alejados de los centros de intereses. Las pruebas deben ser objetivas, tendentes a calibrar el grado de conocimientos y preparación del futuro servidor público. Y algo muy importante: los partidos políticos deben de abstenerse de manipular, interferir y condicionar el proceso selectivo. Si esto se respeta, tendremos un Cuerpo de funcionarios públicos independientes y valiosos, en cuya selección sólo habrá intervenido el mérito y la capacidad, demostrados en pruebas públicas y objetivas.

Mi experiencia me dice que desde hace una veintena de años las Administraciones públicas -a veces gobernadas por dirigentes sin escrúpulos, desconocedores de qué es un funcionario, qué es una Administración pública (ineptos, por tanto, para el desempeño de un cargo público), han convocado con cierta frecuencia procesos selectivos con Bases amañadas sin pudor que retratan a la persona que se quiere escoger, apadrinada por algún gerifalte de un Ayuntamiento, de una Diputación o de la Administración autonómica. Esto es algo muy perverso y pura prevaricación, que causa el desprestigio de la clase política y que se mire con recelo al seleccionado, sobre todo en el ámbito local y autonómico.

Interferir, manipular o destruir el carácter ineludiblemente objetivo que las Bases de las pruebas deben tener, praxis diaria que lamentablemente se está confirmando, es una conducta muy perjudicial para los intereses públicos, para el recto funcionamiento de las Administraciones públicas y, además, un formidable retroceso histórico y político. La igualdad en el acceso a los cuerpos de funcionarios y la sujeción únicamente a la Ley como expresión de la voluntad general sin interferencia subjetiva de los gobernantes, constituyó uno de los principales y categóricos dogmas de la Revolución francesa muy tempranamente adoptados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (“Todos los ciudadanos, siendo iguales […], son igualmente admisibles a todos […] los empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes [méritos] y talentos [capacidad]”. Art. 6º). Aún más, la Declaración de 1793 llegaba a afirmar que “los pueblos libres no conocen otros motivos de preferencia, en la elección para los empleos públicos, que las virtudes y los talentos” (Art. 5º).

Para tener consciencia de lo que un Estado se juega en la configuración de una Función pública objetiva y preparada, es bueno haber retrocedido en el tiempo y haber acudido a esas fuentes del nacimiento del ‘Nuevo Régimen’ frente al ‘Régimen absolutista’. El Estado moderno se funda, entre otros dogmas, en estos que proclaman los textos originales de la Revolución de 1789: igualdad, principio de legalidad y provisión del empleo público ateniéndose al mérito y aptitudes del ciudadano aspirante.

El político que con arteras trampas manipula las Bases y convocatoria de una plaza de funcionario público comete, además de un delito, un importante daño a la Administración pública y a la gestión objetiva de los intereses generales. Su acción es una vuelta al reino de la tiranía, a depender del criterio del mandamás, a la reintroducción del absolutismo político, a la destrucción de la democracia y de la ética pública (corrupción).

El ‘enchufismo’, que es como castizamente se conoce a este fenómeno, provoca que el número de los aspirantes a funcionarios se reduzca, y que los pocos que acuden se encomienden a todos los Santos para no coincidir con un “tapado”.

Sepa el político que interfiere en la neutralidad del reclutamiento del funcionariado que su conducta, además de delictiva, es una agresión a toda la ciudadanía y al Estado de Derecho.