Están haciendo el ridículo. Acabo de leer la prensa del fin de semana y encuentro que en el acto de los independentistas catalanes, Pep Guardiola dirigió unas palabras a los asistentes, en las que calificó al Estado español como un Estado autoritario. Me figuro que la teoría política no es el fuerte de Guardiola, lo que no justificaría en ningún caso que no pudiera expresar su opinión sobre lo que acontece. Desde luego que ya no vivimos en los inicios de la modernidad, en los que se justificaba la separación entre la libre opinión y la libertad de expresión, admitiéndose la primera, pero no la segunda, con el fin de garantizar el orden establecido. Pero esto no debe hacernos olvidar lo que también se sostuvo en esa época en la que se advertía de los daños que podían causar opiniones erróneas, propias, se decía, de mentes enfermas.

No seré yo quien sostenga que la calificación de nuestro Estado democrático de derecho como Estado autoritario sea propia de una mente enferma, aunque sí de una disparatada. Nuestro politólogo de mayor prestigio, Juan José Linz, escribió hace ya muchos años un famoso texto en el que calificó la segunda parte del régimen de Franco como autoritario y no totalitario, tal y como podía hacerse  en referencia a sus primeros años. Estas afirmaciones de Linz no fueron bien recibidas por una gran parte de los intelectuales opuestos al régimen franquista, porque pensaron que tal diferenciación terminaría por legitimarlo. Si aplicamos la tesis de Guardiola a nuestro tiempo, podremos inferir, que el peligro de tal calificación no es ahora el de la legitimación de nuestro régimen democrático, sino el de su deslegitimación. Sin embargo, cuando las afirmaciones son desproporcionadas y sin ningún fundamento, terminan volviéndose en contra de quienes las sostienen, hasta el punto en que suscita más que cualquier otra cosa una leve mueca y una mínima reflexión: están haciendo el ridículo.

Hace ya quince años que este país arrostra el levantamiento nacionalista, primero con el denominado plan Ibarretxe y después con los distintos acontecimientos sucedidos en Cataluña desde hace ya más de diez años. He de reconocer que tales sucesos me preocuparon muy mucho, pues implicaban la posibilidad de dar al traste con lo mejor que le había ocurrido a este país en toda su historia. Era la primera vez que se institucionalizaba un régimen democrático de manera pacífica y consensuada. Por más que se quieran recordar las excelencias de la Segunda República, este régimen tenía poco que ver con lo que sucedió en este país desde que Adolfo Suárez fue nombrado Presidente de Gobierno. Para quien quiera constatarlo, sólo tiene que leer La velada en Benicarló.

Los sucesos de Cataluña durante estos últimos años han sido muy alarmantes. Primero con la aprobación de un Estatuto que claramente era inconstitucional. El propio Maragall lo reconoció de manera implícita en un libro en el que recogía sus últimas intervenciones y en el que admite que existía la necesidad de una reforma constitucional a fin de solucionar el problema nacionalista, en lo que tenía toda la razón, sin embargo constataba que una gran parte del país no estaba dispuesto a llevarla a cabo, por lo que no quedaba otra solución que realizarla por medio de una reforma estatutaria, en lo que desgraciadamente no tenía ninguna razón. La justificación de fondo la encontraron muchos de quienes lo apoyaron en la propuesta teórica de Jellinek acerca de la mutación constitucional. Sin necesidad de entrar aquí en los fracasos de los pensadores de la República de Weimar, lo cierto es que debieron pensar antes que en Weimar, en la cuna de la democracia, en Grecia. En la Atenas de Pericles ya habían reflexionado sobre esta posibilidad y por eso establecieron una institución, de cuyo nombre no hace falta acordarse, que permitía recurrir cualquier medida aprobada por el pueblo que fuera contraria a las leyes fundamentales de Atenas. Además previeron condenar a la pena de ostracismo a quien hubiera propuesto esa medida. La razón se encontraba no sólo en que atentaba contra la Constitución, sino en que el proponente confundía al pueblo al hacerle tal propuesta, es decir, no lo respetaba. Por eso los políticos independentistas hacen el ridículo, se llenan de pueblo, pero en realidad no hacen sino confundirlo.

Cuando el Tribunal Constitucional dictó su sentencia sobre el Estatuto, en Cataluña se reaccionó más a la Weimar que a la Atenas. Si lo hubieran hecho siguiendo a los clásicos, se habrían dado cuenta de que la decisión del Tribunal no pone en cuestión lo que el pueblo hizo, como tampoco se hacía en Atenas, sino que señaló a quienes habían aprobado ese texto, los representantes del pueblo que hicieron que éste se confundiera. Lo podían haber evitado y además con gran facilidad, simplemente con la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad, pero no quisieron. Su intención era la de forzar al soberano. Por eso, como no lo consiguieron, lo que hicieron después fue asumir competencias que no les pertenecían, con la finalidad de instituir un nuevo soberano. El procedimiento de asunción de competencias que no les correspondían, ya lo llevaron a cabo, cuenta Azaña, en la Segunda República y todos sabemos cómo acabó.

Todas estas actuaciones y las que le siguieron, así como las que tienen dispuestas, todavía sin aprobar, aunque elaboradas en el reino de las tinieblas, se encuentran al margen de la ley, al margen de los procedimientos establecidos en el Estado democrático de derecho. Por eso creo que hacen el ridículo. Qué país democrático se mueve en la tinieblas, ninguno, si acaso Inglaterra, aunque en realidad lo hace en la niebla y sólo cuando el tiempo no acompaña. No hay país occidental que pueda admitir tales actos, ilegales e inconstitucionales. En verdad no me preocupa que hagan el ridículo, se lo merecen. Son ya demasiados años tratando de tomarnos el pelo. Aunque sí me preocupa que pueda terminar ridiculizando al pueblo de Cataluña. No se lo merece. Como el pueblo ateniense, puede sufrir la plaga de los malos políticos, puede ser confundido y extraviado, pero no debe ser ridiculizado.

Por eso, creo que los gobernantes estatales deberían tener la capacidad de imaginación que ya tuvo Adolfo Suárez cuando pudo prometer y prometió. Se trataría, por tanto, de acometer el problema con el que nos enfrentamos y hacer una propuesta al pueblo catalán, directamente al pueblo catalán, que posiblemente requerirá de una reforma constitucional, por lo que la misma tendrá que dirigirse también a todo el pueblo español, al pueblo español en su conjunto, de manera que seamos capaces de corregir las insuficiencias de nuestra Constitución con el fin de hacer posible, bajo un solo demos, una convivencia pacífica y creativa entre todos los pueblos de España, tal y como establece el Preámbulo de nuestra Constitución. Un solo demos que no puede ser expresión de una universalidad que elimine las formas de cultura particulares, sino justamente lo contrario al ser voz de una universalidad sin rastro de inmediatez alguna, que permita la convivencia de múltiples identidades. Así evitaremos el ridículo que supondría dilapidar lo que tanto esfuerzo costó construir.