Con tal de seguir en La Moncloa, este Gobierno cede  ante cualquier exigencia. 

     El PNV, a cambio de apoyar los Presupuestos de Sánchez para 2022, ha conseguido que los Secretarios, Interventores y Tesoreros de los Ayuntamientos y Diputaciones vascos no necesiten obtener la Habilitación Nacional que otorga el Estado. En adelante, sólo la Administración vasca los seleccionará y nombrará sin ninguna otra intervención. Se inicia así, en acertada expresión del profesor Sosa Wagner, la demolición de la Habilitación Nacional. 

      La Habilitación Nacional significaba, hasta hoy, que la Administración del Estado seleccionaba, formaba y nombraba, en régimen de igualdad y uniformidad para toda España, a estos importantes funcionarios especializados en materia local, expresamente declarados necesarios por la Ley, y que cumplen funciones esenciales en la Administración local como el asesoramiento legal preceptivo, el otorgamiento de fe pública, el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación en Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

      Sin embargo, con esta propuesta, ya aprobada, el Grupo Vasco del Congreso ha conseguido que la Habilitación estatal no rija en Euskadi. La consecuencia más inmediata de ello es que el Estado pierde una competencia más: la de seleccionar, formar y nombrar a estos importantes funcionarios en el territorio vasco. Nadie que no haya sido seleccionado, formado y nombrado por la autoridad vasca podrá, en el futuro, ocupar plaza en ninguna entidad local de esa Comunidad. 

     Se rompe así el carácter nacional, estatal, de este Cuerpo funcionarial. Se destruye el derecho de igualdad de los españoles a servir en la Entidad local de su elección en el territorio nacional y las reglas que han venido rigiendo el ‘status’ jurídico de los Secretarios, Interventores y Tesoreros… Y lo más importante: se evaporan las notas esenciales de la tarea profesional de  estos funcionarios que la legislación local ha preservado desde el siglo pasado: la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función.

      Siendo vergonzoso que un Gobierno democrático sea chantajeado por grupos y líderes políticos, lo es más que ceda a peticiones contrarias al interés general con tal de continuar encabezando el Poder Ejecutivo.

      Si una Comunidad autónoma logra, de esta manera, un vivero de funcionarios dóciles al poder, hay que esperar que las demás también lo pidan aunque el Estado quede desmembrado, inerme.

      La enmienda vasca aceptada, que acaba con la Habilitación Nacional de los funcionarios locales, es una cesión más del ya largo rosario de componendas y entreguismo a las Comunidades autónomas. 

      Mientras el Estado queda desapoderado, jibarizado, las Comunidades autónomas engordan y la Función pública se cuartea.

     Más que de ‘España vaciada’, habría que hablar de España como ‘Estado vacío’.