Las palabras del ministro de Justicia, en las que manifiesta que estamos ante una crisis constituyente que determina un debate constituyente, han disparado las alarmas de la oposición, de observadores y analistas. ¿Qué es lo que quiso decir, en realidad, el Notario Mayor del Reino?

       Una Constitución es algo serio. Las Constituciones nacen para limitar el ejercicio del poder público, y para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Es la Norma Fundamental de un Estado. El Reglamento que rige el juego político.

      Para que una Constitución sea asumida por la sociedad; para que nadie quede excluido de la vida política, preciso es, y hasta conveniente, que la Ley Fundamental nazca con el mayor apoyo y consenso posible. Que sea una Constitución de todos y para todos. Así sucedió con la vigente, votada ampliamente por el pueblo por primera vez en la historia del constitucionalismo español.

        Por tanto, ¿cuenta el Gobierno con apoyos suficientes para reformar o aprobar una Constitución? ¿Es la actual ya un texto inservible? No lo creemos.

        La vigente Constitución puede necesitar reformas o modificaciones concretas debido al paso del tiempo o a la praxis política. Pero la Constitución de 1978 es un buen texto, discutido, consensuado y refrendado en su día abrumadoramente. De ella, quedaron fuera sólo los que así lo decidieron.

      El de 1978 es un texto que reúne los valores y principios democráticos universalmente proclamados: la libertad, la justicia, el pluralismo político, la dignidad de la persona humana, las garantías jurídico-políticas, la inquietud social, la prosperidad económica…

         Sólo dos instituciones admitirían sustituirse, en su caso: la Corona, símbolo de la unidad de la patria y de la neutralidad ideológica, que son dos grandísimas ventajas, y la Organización Territorial del Estado, hoy basada en el autogobierno, y que mañana podría optarse por otro modelo territorial como, por ejemplo, el Estado federal.

       Salvo esos dos eventuales cambios en la actual arquitectura constitucional -la Monarquía parlamentaria y el modelo territorial del Estado-, una nueva Constitución no mejoraría la vigente. No hay alternativa mejor a la Ley Política de 1978, redactada con los mayores avances del Derecho Público de la segunda mitad del siglo XX, por lo que hace a la libertad y protección del ciudadano.

        Por tanto, señor Ministro, hablar de crisis constituyente son palabras mayores. ¿Qué necesidad hay y con qué apoyos contaría el Gobierno para tan delicada empresa?

       ¿Qué se pretende? ¿Una Constitución de todos o de una facción? ¿Queremos volver a fracasar?

        Recuerdo el consejo del profesor Jiménez de Parga: “Hay que acercarse con mano temblorosa a reformar la Constitución”.    

       Créanme, en libertades y en ortodoxia política y jurídica, no hay alternativa a la Constitución  de 1978.