El jueves pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición de Ley que regula la eutanasia, es decir, “la ayuda necesaria para morir”, así como “los   deberes” del personal sanitario con respecto a esas personas.

         Es una Ley polémica. No sólo por la materia (la muerte mecánica frente al buen morir), sino también porque, como acostumbra la mayoría “Frankenstein”, el  procedimiento parlamentario elegido ha sido la Proposición de Ley y no el Proyecto. La diferencia estriba en que la Proposición de Ley tiene un procedimiento parlamentario simplificado. Un procedimiento que permite prescindir del informe de órganos consultivos.  Pues bien: como los grupos parlamentarios proponentes de esta Ley  -el socialista y UP- esperaban informes adversos, iniciaron el procedimiento legislativo mediante una Proposición de Ley y no un Proyecto.

          Así, pese a tratarse de materia tan delicada, la eutanasia, esos grupos proponentes han evitado consultar a órgano tan obligado como es, por ejemplo, el ‘Comité de Bioética de España’ (CBE), quien, no obstante, ha publicado por unanimidad un amplio informe de 74 páginas, enteramente desfavorable a la Ley, que el Gobierno ha desoído absolutamente.

       En el citado informe, el CBE alerta del peligro de que la eutanasia pueda solicitarse “por mera presión social”, “por interés económico de la institución sanitaria o de la   aseguradora”, o “por algún tipo de situación difícil”, lo que “puede llevar fácilmente a que se autorice la eliminación legal de ciertas personas”.

       Por su parte, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECP) considera que una regulación legal tan permisiva, como la aprobada, que crea una especie de derecho individual a la muerte, “puede provocar en los pacientes más vulnerables que soliciten un final más rápido, al entender que suponen una carga inútil para sus   familias y para la sociedad”.

       Y los médicos, ¿qué dicen? Pues la Organización Médica Colegial (OMC) considera que la eutanasia legalizada es contraria a su decálogo deontológico, conforme al Juramento Hipocrático, que defiende la vida y la salud como primeras preocupaciones médicas.

          Extraña, por tanto, la delirante salva de aplausos que nuestros representantes hicieron sonar en el Congreso tras la aprobación de la norma,  una norma que, digámoslo claramente, aunque con ciertas garantías y en determinadas circunstancias, legaliza la  muerte de personas.

     Tampoco se vislumbra dónde está el progresismo por que sea España el quinto país del mundo en regularla.

      En definitiva, una cosa es despenalizar la muerte piadosa en casos muy concretos y otra es ofrecerla como derecho general y dispositivo como hace la nueva Ley.

         Mejor sería admitir que la muerte es un fracaso de la vida. Que mientras hay vida, hay esperanza. Y que, si media dolor, mejor es potenciar los cuidados paliativos que proporcionar la muerte como remedio.