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Protectores de los ciudadanos en malos tiempos para el Derecho

Discurso del Presidente del Foro para la Concordia Civil, José Torné-Dombidau, en la Ceremonia de entrega del Premio por la defensa de los Derechos y Libertades constitucionales al Excmo. Sr. D. Pablo Llarena

El magistrado Llarena recibe el Premio por la Defensa de los Derechos y Libertades constitucionales de manos del presidente del Foro, José Torné-Dombidau, y de su vicepresidente, Juan Antonio Maldonado. ALFREDO AGUILAR/ Ideal.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho;     

Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde, Magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España y Premio FpCC 2020;

Excmas. e Ilmas. Autoridades;

         En primer lugar quiero expresar, en nombre del FpCC, nuestro pesar por el infortunio que está sembrando de dolor la vida y la economía de nuestros compatriotas de la bellísima Isla canaria de La Palma. Nuestra solidaridad con ellos. Pedimos al Gobierno de España que no les abandone y les ayude.

         En segundo término, en nombre de la Junta Directiva del FpCC, y especialmente en el mío propio, agradezco la presencia y compañía de todos ustedes en la Entrega del Premio del FpCC “Por la defensa de los derechos y libertades constitucionales”, 2ª Edición. 

           Muy especialmente agradecemos al señor Decano de la Facultad de Derecho su presencia y presidencia de este Acto organizado por el FORO para hacer entrega del citado Premio “Por la defensa de los derechos y libertades constitucionales” que en esta Edición, retrasada por las circunstancias sanitarias, ha correspondido al Excmo. Sr. don Pablo Llarena Conde, Magistrado del TS e Instructor de la Causa Especial 3/20907/2017, que se formó para depurar la responsabilidad penal y accesorias de los autores de los hechos acontecidos en el otoño del citado año 2017, en Cataluña.

     En la muy delicada y compleja Instrucción de la aludida causa -hoy finalizada mediante Sentencia firme 459/2019, de 14 de Octubre, de la Sala 2ª del Tribunal Supremo-, Instrucción llevada a cabo por nuestro galardonado, ha destacado de él su profesionalidad, su imparcialidad, la atención que ha observado en el respeto a las garantías jurídicas de los procesados y sus defensores, la fiel observancia del Derecho español y europeo, sus procedimientos y cautelas en la defensa de los derechos y libertades constitucionales, sin que a su trabajo profesional se le haya encontrado tacha legal o jurídica alguna. 

        Únicamente han obstaculizado el ‘iter’ procesal y las sucesivas Órdenes de Entrega y Detención libradas por el señor Magistrado-Instructor, las arteras maniobras de sus destinatarios, los encausados; algunas de ellas atribuibles a sus defensores, y las de ciertas Autoridades judiciales de algunos países de la Unión Europea, que extralimitándose en sus competencias han efectuado, hasta ahora, una interpretación y aplicación inadecuada, ‘ultra vires’, de la normativa penal y procesal comunitaria europea, a mi juicio. 

        Lo anterior no ha conseguido reducir un ápice el coraje profesional, argumentativo, ni mermar la calidad del trabajo jurídico, concienzudo y bien elaborado, de nuestro Premiado, el miembro de la Carrera Judicial española, señor Llarena Conde.

       El premio que se entrega esta noche tiene en cuenta, además, otras circunstancias que no deben ignorarse o quedar solapadas por el brillo -me consta que involuntario- de la figura mediática del Magistrado-Instructor, señor Llarena

       El premio que entregamos esta noche quiere tener otra vertiente: pretende ser también un aldabonazo para llamar la atención sobre la peculiar política y la  torcida gobernanza puesta en práctica en nuestro país en la actualidad. 

       La concesión del Premio quiere subrayar especialmente el clima, el ambiente político y social tan hostil al quehacer profesional que hoy padece, sin duda, toda persona que se dedique al mundo del Derecho, sea Juez, Abogado, Profesor o, simplemente, Jurista o estudioso del Derecho.

       En efecto, las circunstancias y el tiempo político y social que corre hoy en España no son los más propicios para preservar el sosiego y respeto a la independencia de Jueces y Tribunales, exigencia ineludible, ni el respeto a la regla del Derecho. No es el tiempo más adecuado, por tanto, para conducir con tino y serenidad una Instrucción y un Proceso judicial tan complejo y singular como ha sido el del “Procés”. La Instrucción llevada a cabo por el señor Llarena Conde y el enjuiciamiento por la Sala 2ª de lo Penal del TS han sido actuaciones ambas desarrolladas con modélica pulcritud.

       No es el tiempo más favorable, decimos, para desarrollar un  trabajo profesional como el de Magistrado-Instructor de una causa por rebelión y/o sedición, y, a la vez, recibir garantías de respeto y libertad para culminarlo.

       Y, sin embargo, el señor Llarena Conde lo ha conseguido, aun a fuer de haber sido denostado por los enemigos del Estado democrático de Derecho y del Ordenamiento constitucional vigente que lo consagra.

       Por ello es digna de distinción, por ejemplar, la labor profesional del Magistrado señor Llarena Conde desarrollada en la Instrucción de la citada Causa y en las actuaciones posteriores de ella dimanantes. 

       Permítaseme afirmar por esta razón que es justo y adecuado que una Entidad surgida de la sociedad civil, como es el FpCC, que defiende la libertad, el Orden constitucional, el espíritu de concordia de la Transición, los derechos humanos y el Estado democrático de Derecho, quiera extender el Premio y honrar también con él, en cierto modo, a la Judicatura Española en la persona de don Pablo Llarena Conde con este sencillo, pero sentido Premio que esta tarde-noche de un insólito -por templado- otoño granadino entregamos al digno Magistrado del TS, aquí presente. 

       Es así, pues, que teniendo por principal premiado al citado Magistrado, el galardón quiere ser, a la vez, un modesto pero justo reconocimiento a la silente y vocacional tarea profesional de los Jueces y funcionarios judiciales españoles -y de cuantos luchan en el ámbito del Derecho- por el triunfo de la verdad y la legalidad en la agitada y tensionada vida política contemporánea, misión que se nos antoja altamente meritoria a la vista de los innegables peligros y de los poderosos enemigos que acechan al Derecho y al imperio de la Ley.

       En este punto les confieso mi emoción personal. Como hijo de Juez de carrera, y como antiguo opositor a Judicatura, bajo la dirección del inolvidable Magistrado de lo Contencioso-Administrativo, don Antonio Hierro Echevarría, sé de lo que hablo. 

      Sólo otra definida y bella vocación, la docencia universitaria, y la iniciación de una tesis doctoral sobre una disciplina científica del Derecho Público, el Derecho Administrativo, tesis que trató de la Región en España, me apartaron del camino profesional de Juez. Y créanme que no fue sin dolor. Ese vacío, aunque mitigado por la dedicación a la Universidad, lo llevo grabado permanentemente en lo más profundo de mí ser.  

       Decíamos que corren “malos tiempos para el Derecho”.

      Y así es.

      No es preciso ser un jurista de talla para alcanzar rápidamente esa conclusión. 

     Cuando a las instituciones públicas acceden políticos sin escrúpulos o gobernantes de mermada ética, las formas y principios jurídicos padecen y el Derecho palidece en perjuicio de los ciudadanos y del interés general.

     En la sociedad española actual, y en las relaciones de poder de nuestros días, sigue más vivo que nunca el “eterno retorno” de la lucha entre el Poder -que quiere ejercerse sin límite ni control- y el Derecho, conjunto de normas y principios que tratan, justamente, de someterlo. 

      En el centro de la batalla, nada irreal ni retórica, por cierto, se ventila la libertad y los derechos constitucionales de los ciudadanos, que son quienes sufren los embates de los Poderes públicos,  en especial del Poder Ejecutivo. 

      A juicio de Montesquieu -prematura y deliberadamente muerto en España-, el Poder Ejecutivo debe despertar los mayores recelos. Ese poder público que, en opinión del egregio y llorado maestro de la Ciencia Política contemporánea, el profesor italiano Giovanni Sartori, es el más necesitado de cortapisa y moderación.

     El buen gobernante democrático se caracteriza por respetar la Ley y la separación de poderes, construcciones dogmáticas hoy plenamente elaboradas y consagradas con las que se aspira en el Estado democrático de Derecho a impedir el abuso de poder y el sacrificio o abatimiento de las libertades, como nos enseñó el maestro y gran figura del Derecho público español y europeo de nuestros días, el recordado y admirado profesor García de Enterría.

       Sin embargo, en la hora presente de España se constata el recrudecimiento del perverso fenómeno de la presencia de líderes y partidos políticos que en su actividad, y cuando alcanzan el poder, desprecian el Derecho, erosionan sus principios y manipulan las instituciones jurídico-públicas, teniendo como fatal consecuencia el socavamiento del orden constitucional, lo que, al parecer, no les importa. 

       Son gobernantes y líderes que encarnan un peligro real para las libertades y los derechos de los ciudadanos, y que pueden llegar a destruir una sociedad libre, como la que contempla la CE de 1978.

      Es así que los españoles padecemos en la actualidad una gobernación híbrida, de dos ideologías que se enfrentan a diario entre sí y que ambas dos se avienen mal con la libertad y el Derecho. Por una parte, una interpretación personalista y radical del socialismo (hecho a imagen y semejanza del líder, hoy travestido de socialdemócrata) y un neocomunismo que olvida que sus recetas fracasaron, infligieron dolor, y empobrecieron a la sociedad. En el caso español sus protagonistas suelen conducirse, con harta frecuencia, de espaldas a la ética y a la verdad. Lesiva combinación para la ‘res publica’. 

        Este engendro político está dando pasos y tomando decisiones que por ese camino conducen irremediablemente al deterioro del edificio constitucional de 1978. Una alianza de poder que está dislocando los pesos y contrapesos de los poderes públicos del modelo constitucional de la Transición, y restringiendo la esfera de libertades del ciudadano. Está por ver si se instaurará el nefasto modelo que algunos llaman democracia antiliberal o autoritaria.

       Y no soy el único que lo teme.

       Como ha escrito el magistrado y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, señor Fernández Vaquero, es un hecho incontrovertible que “asistimos a un proceso acelerado de descomposición del orden jurídico tal y como lo habíamos conocido hasta ahora”. Y en el mismo sentido se expresa el profesor Francesc de Carreras, miembro de Honor de este FORO, para quien, siguiendo sus palabras, el Gobierno actual está ejecutando una acción de desbordamiento del Estado de Derecho.

          Si observamos la praxis política actual podemos identificar, en efecto, unas preocupantes amenazas al Estado democrático de Derecho, y que, en síntesis, son las siguientes:

Primera amenaza: Las Cortes Generales han perdido su papel central en nuestro sistema democrático. Nuestro Parlamento ha renunciado a su tarea esencial de controlar al Gobierno. Por otra parte, el Poder Ejecutivo viene abusando de la legislación excepcional y urgente, el Decreto-Ley, al aprobar un abultado número de ellos sin concurrir, a mi juicio, en la mayoría de los casos, los presupuestos constitucionales que los fundamentan. Con ello, el Poder Ejecutivo usurpa casi a diario la función normativa del Poder Legislativo.

Segunda amenaza: Los ataques a la independencia judicial que, directa o indirectamente, se pretende consumar. El Poder Judicial, junto al TC, es el último bastión en la defensa de los derechos y libertades. Conscientes de ello, algunos gobernantes nuestros aspiran a mediatizar la Administración de Justicia y marcarle, artera e interesadamente, una determinada orientación política. 

      Por iniciativa de los grupos parlamentarios de la actual coalición gubernamental se ha reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente para impedir al CGPJ en funciones que pueda desarrollar sus tareas propias. Y la Comisión Europea -a instancia de buen número de jueces españoles y de partidos de la oposición- ha conseguido paralizar otra iniciativa gubernamental consistente en la pretensión de rebajar el quórum para elegir a los miembros judiciales del CGPJ. Tampoco puede olvidarse el nombramiento de una exMinistra socialista como Fiscal General del Estado y la ‘purga’ acontecida en la cúspide de la Abogacía del Estado. 

Tercera amenaza; La Ley, norma jurídica superior, ha perdido su poder y su fuerza por las componendas que se llevan a cabo en las esferas gubernamentales. Ha sucedido con la Ley 2/2021, de 24 de Junio, que obligaba a llevar mascarilla, desautorizada e inaplicada en las veinticuatro horas siguientes. Y va a suceder con el Real D.-L. 17/2021, de 14 de Septiembre, dictado para mitigar la escalada de precios del gas y la electricidad. Ambas normas están publicadas en el BOE. Sin embargo, en este último caso, la Ministra del Ramo ya ha ‘tranquilizado’ a los afectados en el sentido de que la aplicación de la disposición urgente, entre comillas, “se suavizará”. 

Por último, otra amenaza es la violación de la Constitución. El TC ha considerado inconstitucional la primera declaración del estado de alarma.  Durante más de un año los españoles hemos visto suspendidas -contra la Constitución- nuestras libertades. 

      También se ha declarado inconstitucional la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados por vulneración del derecho fundamental de participación política; así como, finalmente, el TC ha avalado, por unanimidad, la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales dictadas por el TS. 

    Y todavía quedan más recursos por resolver…    

       En este panorama, tan adverso, y con tantas dificultades de todo tipo, es en el que nuestro premiado ha trabajado como Magistrado-Instructor de la Sala 2ª del TS, fiel al dictado de cumplir y hacer cumplir la Ley, y para que el delito no triunfe. Su quehacer profesional regido exclusivamente por el Derecho y su criterio independiente tiene el efecto benéfico de protegernos a los ciudadanos. 

       Y, señoras y señores, concluyo

       Agradeciendo al señor Llarena que aceptara el Premio del FpCC “Por la defensa de los Derechos y Libertades constitucionales”. 

       Al señor Decano y amigo, el profesor Pérez-Serrabona, su disposición, sin dilación, a presidir la Entrega del Premio.

        En este capítulo debe figurar también mi agradecimiento a los Miembros de la Junta Directiva del FORO y a sus socios y simpatizantes, sin cuya asistencia, ayuda y colaboración no sería posible este Acto ni la vida y funcionamiento del FpCC.

         Gracias, en fin, de nuevo, a las Autoridades y público que esta noche nos honran con su presencia.

Paraninfo de la Facultad de Derecho de la UGR, 21 de Octubre de 2021.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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