La abdicación de un monarca constitucional constituye siempre una decisión histórica. Pero este importante acto político cobra una especial trascendencia cuando se produce en la presente hora de España.

Ciertamente la política, la economía y la sociedad de nuestro país están experimentando en estos últimos meses una gran efervescencia, un veloz cambio que está transformando los cánones de la vieja política y requiriendo hacer frente a nuevos y delicados retos.

La abdicación del rey Juan Carlos, aunque recaigan razones personales e institucionales para su adopción, sucede en un momento difícil e inquietante de la vida del Estado y de la sociedad.

En efecto, padecemos una profunda crisis económica, todavía no superada. Una fuerte crisis moral y de valores en la sociedad española. Un preocupante y creciente populismo de izquierda. Un grave y terco desafío territorial secesionista. Un debilitamiento del bipartidismo que afecta a la estabilidad política. Todos ellos son factores adversos y grandes desafíos que, sin embargo, con cordura, concordia y altura de miras podemos y debemos enfrentarlos y solucionarlos.

Como en cualquier país maduro, fiable y sensato cuya forma de gobierno sea la monarquía parlamentaria, tal es el caso de España, la abdicación del monarca no debe originar ningún sobresalto ni provocar turbulencias políticas. Ahí están los casos recientes de las monarquías holandesa y belga. O la renuncia de un Papa. Precisamente, la gran ventaja de la monarquía parlamentaria es que todo está previsto, y la titularidad de la jefatura del Estado, que carece de poder ejecutivo, se transmite con toda normalidad conforme al Ordenamiento constitucional. En este sentido podemos afirmar que quienes sean partidarios de la forma republicana del Estado, la Constitución de 1978 no les imposibilita ver colmados sus deseos políticos, pueden acceder en el futuro a un cambio de régimen. La única condición, no obstante, es intrínseca al sistema democrático y obliga a seguir el procedimiento jurídico contemplado en el mismo texto constitucional en su artículo 168. El respeto a la ley es la ‘conditio iuris’ de la democracia, su esencia.

Dado el paso trascendental de la renuncia regia, hay que ver ahora si determinadas formaciones políticas, sus líderes, y todos en general, estamos a la altura de los acontecimientos y remamos en línea de una armónica convivencia, próspera, pacífica y avanzada.

Las últimas palabras de esta tribuna de opinión las debemos consagrar a subrayar y reconocer la figura histórica de don Juan Carlos I de Borbón, su papel nada fácil cuando asumió la jefatura del Estado a la muerte del general Francisco Franco, y su fuerte compromiso de conducir España por el sendero de la libertad, la prosperidad y la democracia. Con el concurso de otras personas, don Juan Carlos ha alcanzado sobradamente en su reinado la meta fijada en la Transición: la recuperación de las libertades y la instauración de un sistema constitucional democrático, propio de una sociedad libre y avanzada.

Por todo ello esperamos que el trámite constitucional de la sucesión hereditaria en la Corona -afortunadamente ‘inter vivos’- se asuma por la ciudadanía y sus representantes con normalidad, como la forma de gobierno que conviene más a los intereses de los españoles por la estabilidad que proporciona, la independencia respecto de los intereses en juego y el alejamiento de las tensiones políticas partidistas, valores todos ellos que militan en favor de la monarquía parlamentaria.

Publicado en EL MUNDO ANDALUCÍA (pág. 8, 7.6.14). Firmado por José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado Castillo, Teresa Tavera Benítez, José Luis Navarro Espigares, José J. Jiménez Sánchez, A. Muñoz González, I. Andrés Cardenete, R. Montahud Villacieros, I. Montero Tineo y J. Ramos Salguero, miembros del Foro para la Concordia Civil de Granada.