Madrid. Consejo de ministros. En el orden del día figuran asuntos del máximo interés. Entre ellos, la prórroga de la legislatura. Una legislatura que ha compartido Iglesias con comunistas y socialistas a pesar de las iniciales reticencias manifestadas por éstos en las postrimerías del anterior mandato de los ‘populares’. Pero el poder es más fuerte que el imán, y la izquierda se ha coaligado para alcanzar el Gobierno.

Se pretende no convocar elecciones, menos ahora que está en trámite la nueva Constitución republicana. ¡Por fin la Tercera! Fue dramático, pero la Real Familia abandonó España otra vez por Cartagena, y el mundo sigue girando.

Han sido meses de duras tensiones reaccionarias en la calle. Pero las milicias populares de Iglesias han neutralizado toda reacción monárquica y conservadora. Errejón, al frente de Interior, se ha hecho de la situación con mano dura y rejas (en honor a su apellido).

El poder judicial, integrado por jueces y fiscales nombrados ‘ad hoc‘ por Iglesias, de ideología izquierdista radical, ha sido dócil al poder ejecutivo: se ha atenido a las consignas revolucionarias neomarxistas del siglo XXI.

La camarilla de Iglesias lleva tres años demostrando al mundo y a la UE que es posible ejecutar políticas igualitarias para el pueblo. Aunque ante ello haya huido la inversión extranjera; se haya entrado a saco en las cuentas bancarias; se haya nacionalizado la Banca y sustituido por un único Banco gubernamental; se hayan colectivizado servicios públicos esenciales como electricidad, energía, agua, transportes, educación, vivienda… No se mueve nada que no sea oficial. La iniciativa privada no existe. Está mal vista por los prebostes populistas.

Se han cerrado las Universidades privadas, nido y refugio de antirrevolucionarios, enemigos del pueblo. Se ha unificado la enseñanza, exclusivamente pública. Sólo se enseña teoría marxista “aggiornata” y se denuncia la sangrante plusvalía que el empresario de la antigua economía de mercado lograba a costa del sudor del pueblo. Eso se ha acabado. Ya no hay más empresas que las que el Gobierno dirige y mantiene con el presupuesto público.

Los ministros están reunidos en una austera salita como corresponde a un régimen ‘anti-casta’, de ‘gente decente’. Al aparecer el líder, callan. Iglesias razona la conveniencia de no convocar elecciones: se está consolidando un nuevo Estado y la obra no puede verse perturbada por esa rechazable manía de las democracias caducas de convocar elecciones periódicamente. Los asistentes asienten y casi están tentados de aplaudir.

Informa el ministro de Economía Socialista y Nacionalizaciones. Ante la penuria de la hacienda pública propone recortar las pensiones el 50% a partir de 600 euros, e implantar el salario único patriótico: todos los empleados, públicos o privados, ganarán el mismo sueldo: el salario mínimo interprofesional.

Las Fuerzas Armadas han dejado de ser un problema para el Gobierno de Iglesias. Al frente del ministerio de la Milicia Popular ha sido nombrado un viejo hijo de un republicano azañista que sueña no con reformas sino con la conversión de los efectivos militares en mano de obra altruista al servicio de la causa popular. No habrá Ejército y sí cuadrillas de especialistas al servicio de las consignas que dimanen de los ideólogos del régimen.

El ministro de Justicia Popular presenta los cambios revolucionarios implantados en los Tribunales. La justicia ya se imparte bajo la legitimidad de la voluntad popular y del derecho alternativo. El juez, al aplicar el Derecho, rechazará los postulados interpretativos de la etapa liberal-burguesa, ya superada. Cuando aplica las leyes de la República popular debe atenerse a los principios del movimiento populista, felizmente instaurado tras el caduco régimen del 78. Otro punto es la transformación operada en el sistema hipotecario. Desde hace dos años, en virtud de varios decretos-leyes, las hipotecas, al haberse nacionalizado los bancos, las paga el Estado. El ciudadano recibe un préstamo público al honor en función de su entusiasmo por la causa populista acreditado por el comisario político destinado en los barrios y distritos.

En la misma reunión gubernamental, el ministro del Proceso Constituyente expone que la aprobación de la Constitución republicana, socialista y popular de España pende únicamente del referéndum a celebrar el próximo 15 de mayo de 2019. Cita que ganará el Gobierno revolucionario de Iglesias, dada la intensa (y única) campaña que en breve se prevé iniciar.

Tras ello, España, además de roja, estará rota, pues la ministra de la Plurinacionalidad ha dado su conformidad a la Generalitat de Catalunya para su independencia pactada. Por cierto, la titular de esta cartera anuncia a sus colegas que está muy avanzado el proyecto secesionista de Euskadi.

Mientras tanto el pueblo sigue las consignas de la única cadena de televisión y escucha las interminables soflamas semanales de Pablo, para insuflar ardor revolucionario. El único permitido.