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Por una vuelta a la normalidad constitucional

Sánchez y Aragonès durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa.

         A los tres años de gestión política de Pedro Sánchez -los últimos dos en coalición con comunistas y radicales de izquierda- nadie puede llamarse a engaño: el socialismo, “sanchismo”, mejor, ha dado un giro estratégico por mantenerse en el poder y se ha echado en brazos del separatismo y de los enemigos impenitentes de España y de lo español. Los aliados de Sánchez son, pues, los enemigos interiores de España. 

      Con esas peligrosas y nada aconsejables amistades Sánchez recorre la estrecha, expuesta y resbaladiza senda que separa la democracia parlamentaria de la ruptura constitucional y la fragmentación del Estado. 

       Sánchez, en su inquietante avance hacia el abismo, no respeta límites. Con tal de permanecer en el Gobierno no le importa el origen y el precio de los votos que recaba, ni si los indultos son injustos. No para mientes en vulnerar líneas consagradas de la ortodoxia constitucional o del Derecho y sus principios, aquellos que la academia viene enseñando hasta hoy, cimentados en la doctrina del conspicuo renovador del Derecho Público europeo, el español Eduardo García de Enterría. De un plumazo, mediante acuerdos de conveniencia política en Consejo de Ministros, Sánchez -con la valiosa ayuda de sus acólitos circunstanciales- abole construcciones doctrinales del Derecho, arruina teorías consolidadas y básicas de nuestra cultura jurídica y desoye asentadas líneas jurisprudenciales, elaboradas con honestidad y estudio, y las sustituye por manipulaciones y tergiversaciones, provocando desorden en las instituciones públicas con tal de acordar lo inacordable en Derecho.

     Hoy Sánchez vive (y nos obliga a vivir) un tiempo político condicionado por un inconfesado plan ideológico-estratégico de demolición del orden constitucional de 1978. Un orden liberal, garantista, parlamentario, democrático, plural y asaz descentralizado. Un orden político-jurídico nacido del consenso. De todos para todos. Por eso, duradero: más de cuatro décadas. Algo insólito en la Historia de España. 

       Sin habernos revelado las razones que le inspiran a este cambio político, tan indeseado como perverso, Sánchez -y su incompetente coalición gubernamental-imprime, piqueta en mano, un sesgo claramente autoritario al Poder que preside; ansía controlar los Medios de Comunicación Social (directa o indirectamente); ha enmudecido al Poder Legislativo; pretende mediatizar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (únicos frenos oponibles a su ambición de poder) y ejerce notable influencia en la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 

     En cuanto a su ‘bondad’ democrática, Sánchez y sus corifeos desprecian a la oposición, a la que tildan despectivamente con eso de “la derecha” y la “ultra derecha”, cuando ellos ocupan, por méritos sobradamente ganados, una posición de izquierda radical y extrema, una izquierda intolerante, disolvente, sin patria, sin raíces, guerracivilista, negadora de la Nación española; una izquierda ideologista, revolucionaria (aspira unilateralmente al cambio de ‘statu quo’ constitucional), que ve fascismo y franquismo en todo lo que se mueve y respira (la sombra del general es alargada). En realidad, a esta peculiar izquierda le molesta la crítica. Este es el talante democrático del ‘sanchismo’.

         Por lo dicho han sonado las alarmas para el Estado de Derecho (Vid. Marcos M. Fernando Pablo, “Sobre la creación, categorización y aplicación de la nueva legalidad: alarma en el Estado de Derecho”, Revista de Administración Pública, 214, enero-abril, 2021). Durante la pandemia el Gobierno Sánchez ha tensionado nuestro sistema jurídico y el Estado de Derecho como se entiende y aplica en Europa. El sistema y jerarquía de fuentes, el principio de legalidad, las competencias administrativas, su aplicación sancionadora, la preferencia de la excepcionalidad constitucional en lugar de reformas en la legislación ordinaria, el abuso del Decreto-Ley, y la restricción de las libertades públicas, han dislocado (por esas anormales decisiones del sanedrín ‘sanchista’) la configuración ortodoxa del Estado democrático de Derecho, sus principios y técnicas conocidas y aceptadas ‘in totum’ hasta hoy. Cuando el ‘sanchismo’ pase, en las instituciones jurídico-públicas españolas la hierba no crecerá. Habrá que reiniciar, refundar, el Estado de Derecho. Habrá que reconstruirlo con los materiales que le son propios, los que liberaron al ciudadano del yugo del absolutismo. 

      Para colmo, Sánchez inicia ahora encantado un proceloso viaje a ninguna parte en compañía de antiguos terroristas, golpistas y sediciosos, representantes de una parte de la población catalana. Y margina y amordaza en Cataluña las voces constitucionalistas, que viven con la angustia de la marginación y negación de sus derechos políticos y civiles. Resulta ya ‘natural’ oír hablar de autodeterminación, de referéndum, de independencia, de catalanes y españoles como ciudadanos de diferentes Estados soberanos… 

      Nadie sabe hasta dónde Sánchez está dispuesto a llegar con tal de permanecer en La Moncloa. Pero repárese ya en el lugar en que este presidente está dejando a la Justicia española, al Estado ante Europa y la suerte que va a correr España ante la sociedad internacional… Le da igual. Pronto, incluso, veremos a Puigdemont paseando por el paisaje de la Cataluña ¿española?

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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