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¿Por qué le llaman memoria histórica cuando quieren decir ajuste de cuentas?

“La República la trajeron los monárquicos y la perdieron los republicanos “ (Ramón Tamames).

A vueltas con la llamada memoria histórica, un oxímoron. Es decir, “una figura retórica de pensamiento  que consiste en complementar una palabra con otra que  tiene un significado contradictorio u opuesto”. Los españoles llevamos oyendo la frase ‘memoria histórica’ desde que Rodríguez Zapatero tuvo el desatino de aprobar  una Ley que hizo retroceder el tiempo político, puenteando la reconciliación de la Transición y hurgando en las nada recomendables heridas de la confrontación guerracivilista del 36. Así es.

José Luis Rodríguez Zapatero, genuino representante en carne mortal del ‘pensamiento Alicia’, dejó una herencia política envenenada: la Ley 52/2007, de 26 diciembre, que su sucesor -en línea política- Pedro Sánchez, quiere agravar.

Imponer un relato de parte sobre los cruentos desafueros de una guerra (in)civil cuyos protagonistas fueron dos bandos bien definidos (uno de ellos el PSOE) es, desde luego, hacer un flaco favor a la convivencia y a la paz ciudadana a ocho décadas del conflicto. Este  memorialismo desea convencer -inútilmente- de la perversidad de una facción (los ‘unos’) y de la sublime bondad de los ‘otros’, los ‘nuestros’. Sin embargo, guerra (in)civil mediante, la dificultad, y hasta la inoportunidad, estriba en arbitrar quién siendo parte puede ser juez.

Esta ‘memoria histórica’ ha predeterminado que los ‘nuestros’ son los ‘buenos’. En esa línea de pensamiento, Pedro Sánchez encomendó a su Grupo parlamentario en el Congreso que presentara una Proposición de Ley que retuerce aún más las medidas de la Ley Zapatero. Margarita Robles la presentó el 22 de diciembre pasado.

Los promotores de tal Proposición legislativa están convencidos de la bondad de tal iniciativa parlamentaria, de su indudable justicia y del indiscutible efecto  balsámico que reportará a la sociedad… ¡de hoy!

Empero no es así. Bastan algunas opiniones de autores que argumentan todo lo contrario. Por ejemplo, Álvaro de Diego, historiador y doctor en periodismo, califica la Proposición sanchista de “insidiosa y formidable carga de profundidad contra el espíritu de reconciliación consagrado por nuestro cambio  democrático y su principal resultado, la vigente CE de 1978”.

Por su parte Gabriel Tortella, de acreditado palmarés  antifranquista y prestigioso economista e historiador, escribe un duro alegato contra la amenaza (sic) representada por la citada Proposición que no duda en calificarla de “represiva y totalitaria, pues aspira a establecer la Verdad (con mayúscula),  y quien contradiga la verdad oficial irá a la cárcel y perderá su empleo” (Disposición adicional segunda). Añade que, “de aprobarse esta norma, ahora sí tendríamos presos políticos y hasta de conciencia”.

Igual de terminante es la opinión del historiador e hispanista estadounidense Stanley George Payne (“La memoria histórica del PSOE”, El Mundo, 22.3.18), quien afirma: “La memoria histórica aprobada por Zapatero –[y reproducida por Parlamentos autonómicos]– es una tergiversación total de la historia de la Transición y un intento de las izquierdas para deslegitimar la democratización de España y socavar su Constitución”. Payne califica este memorialismo del siglo XXI de “argumento histórico sectario”, y la Proposición de Ley sanchista de “grave intento de deconstrucción de la democracia actual y del Estado de Derecho”. El hispanista norteamericano termina diciendo que “de aprobarse la referida Proposición de Ley, se instauraría en España una especie de “sovietismo suave”. Un Estado democrático no puede establecer una versión oficial de la Historia e imponerla a sus ciudadanos”, que es lo que persigue la Proposición sanchista, hoy desde el Gobierno.

En el mismo sentido se pronuncia Marcelino Oreja, exMinistro de Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez. Califica la eventual reforma de la Ley 52/2007 de “sectaria, errática, con falsedades y tergiversaciones”. Y proclama la decidida defensa de la reconciliación que ya se alcanzó con la Transición y la CE de 1978, la Constitución del consenso y las libertades.

Hoy tenemos un inesperado Gobierno socialista. Altivo y arrogante, pese a su debilidad parlamentaria. Un Gobierno que está decidido a rentabilizar -por su flanco izquierdo- los huesos del general Franco, un cadáver muy rentable para la izquierda. Una estrategia electoral pensada y cocinada por un “gurú” de la comunicación a sueldo del presupuesto público. Se trata de una táctica o ‘marketing’ electoral con el objetivo de succionar votos a la izquierda de Ciudadanos, táctica que blande dos socorridos “salvoconductos” democráticos: el antifranquismo y el rechazo a la inmigración (posición tildada interesadamente de xenófoba).

A la vista de estos argumentos y antecedentes cabe preguntarnos si hay algún español que pueda ignorar hoy lo que el ‘memorialismo histórico’ representa.

La llamada ‘memoria histórica’ es una grosera e ideológica manipulación de la Historia. Un burdo y extemporáneo ajuste de cuentas, alentado y subvencionado desde la izquierda. Con aquélla perece la concordia y la paz civil.

 

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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