Los españoles de todos los colores e ideologías llevamos reivindicando la recuperación de esa porción de suelo patrio, hollado por la pérfida Albión, desde los  primeros años del siglo XVIII. Bien es verdad que unas épocas más que otras, unos Gobiernos más que otros y unos partidos políticos más que otros.

Pero la verdad es que aunque con diferente intensidad de voz y con notables altibajos, todos los gobernantes que han empuñado la nave del Estado han expresado su vigoroso deseo de terminar con la vergüenza de la ocupación inglesa en el solar ibérico. Sin embargo, lo que parecía al principio una aventura se ha consolidado como un ‘statu quo’ que demanda no solo su respeto sino, lo que es más escandaloso y menos atendible, su derecho a la autodeterminación (¿les recuerda algo esta terminología?).

Hoy, abril de 2016, el caso o ejemplo de Gibraltar viene como anillo al dedo para tomar la temperatura a la situación de la política española. Para saber hasta dónde llegamos los españoles y cómo estamos en materia de gobernanza doméstica; para dilucidar si disfrutamos en el presente de una vida política grata o si, por el contrario, nos encontramos en uno de esos bucles típicos de lo hispánico en que podemos perder nuestras señas de identidad y hasta nuestro rico patrimonio común, basta referirse al caso de Gibraltar.

Es cierto que España ha puesto en marcha en ciertas épocas, sobre todo en los años sesenta (merced al Ministerio Castiella), una fuerte e incisiva diplomacia en pro de la devolución de Gibraltar a la integridad patria. Se arrancaron sonadas y favorables Resoluciones de las Naciones Unidas y, hasta cierto punto, se puso contra las cuerdas al Reino Unido, que, haciendo uso una vez más de su proverbial pragmatismo en las relaciones exteriores, quiso ganar la partida a España dotando a Gibraltar de un régimen descentralizado de autogobierno dotándole de instituciones cuasi-estatales para conseguir un respeto internacional a su discutible ‘status’.

Con posterioridad han sucedido diversas escaramuzas diplomáticas, e, incluso, descarados ofrecimientos oficiales españoles en los que se ha brindado a los ‘llanitos’, y a las autoridades del Peñón, unas envidiables ventajas político-económicas, ventajas que, en circunstancias normales, hubieran doblado el brazo de cualquiera. Hasta nuestra misma Constitución de 1978 prevé un generoso reconocimiento de amplia autonomía para el caso de que Gibraltar se reintegre a la territorialidad hispánica.

Todo inútil hasta la fecha. Los gibraltareños han resistido los cantos de sirena, la flauta de Hamelín y las múltiples ofertas de bienestar y amejoramiento hechas por el ‘establishment’ español. En cuantas ocasiones el pueblo gibraltareño ha tenido ocasión, ha respondido a España que no. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un pueblo de apenas treinta mil habitantes se opone a ser gobernado (y mejorado) por el Estado circundante del que sólo un hecho de guerra los separó? Tenemos los españoles que reflexionar.

En efecto. ¿Cómo pueden los habitantes de Gibraltar preferir que se les gobierne, se les represente y defienda cuando España no ejerce adecuadamente cada una de esas funciones con respecto a su población autóctona? ¿Cómo los gibraltareños van a confiarse a las manos del gobernante español cuando éste demuestra su incapacidad para gobernar el Estado, para formar Gobierno, para atender las múltiples necesidades de su actual población?  ¿Cómo va a cambiar el gibraltareño su pasaporte  -bajo la seña del “United Kingdom”- por el carpetovetónico “Estado Español”? ¿Cómo va a querer el ‘llanito’ cambiar su actual ‘status’ internacional, protegido por la expeditiva y nada acomplejada “Royal Navy”, a la eventualidad de que la Marina Española sea mandada por un ‘Jemad’ como José Julio Rodríguez, que ahora -“¡O mores, o tempora!”-    milita en el impredecible ‘Podemos’?

¿Cómo puede esperarse que atraigamos a los ‘llanitos’ para la causa nacional cuando sus vecinos españoles -tras cuatro meses sin Gobierno- pretendemos gobernarles también a ellos? ¿Cómo podemos sostener que deben reintegrarse a la unidad territorial y soberana del Estado español cuando todos los días leen, ven y oyen los escandalazos políticos y judiciales que revelan un acusado grado de corrupción? ¿Cómo les vamos a convencer de que vivirían mejor con nosotros si constatan el porcentaje de población desempleada; que existe un modelo educativo cada cuatro años; que no somos capaces de hacer cumplir un plan hidrológico nacional, y que una Comunidad autónoma quiere independizarse, la lengua oficial del Estado se posterga, así como su bandera, símbolos y la forma del Estado, la Monarquía parlamentaria?

¿Qué estabilidad ofrecemos los españoles si somos incapaces de articular una mayoría parlamentaria para investir a un líder como presidente del Gobierno?

¿Comprenden ustedes por qué Gibraltar no quiere ser español? Pues eso.