No obstante estar José Luis Ábalos al frente de un Ministerio escasamente lírico, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hay que reconocerle al ilustre socialista, hijo de “Carbonerito”, una indiscutible ‘vis’ artística en sus expresiones. Lo explicaré más adelante.

       Como ya se habrá percatado el avisado lector, la vida española acusa una formidable y acelerada metamorfosis política y jurídica, desde mediados de 2018, a manos de la coalición socialcomunista capitaneada por Pedro Sánchez. Metamorfosis política porque el modelo de la Monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978 (CE) está siendo transmutado -sin intervención ni beneplácito del pueblo y su Parlamento- a un sistema semiautocrático en el que el presidente del Gobierno se ha enfundado el traje de líder de un régimen caracterizadamente presidencialista, hecho a su medida y mayor gloria. 

        Para alcanzar la meta de ese nuevo contenido y arquitectura institucionales, el presidente del Gobierno se encuentra en plena tarea de demolición constitucional, de una parte, y de construcción de un nuevo modelo político, por otra, que podría pasar a la Historia de los Sistemas Políticos como “Sistema Sanchista”, muy apegado a su personalidad: arrogante, adanista, seductora y con piqueta incorporada.

       Y metamorfosis jurídica porque, para conseguir sus inconfesadas metas, a esta coalición gubernamental le estorba el Derecho, sus principios y reglas, y, más concreta y claramente, a este Gobierno ‘sanchista’ le produce fastidio y empacho el llamado Estado de Derecho, aquel que proclama que “…los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa […], la irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica […] y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” (Art. 9 CE). 

      En efecto, la labor gubernamental del presidente Sánchez puede calificarse de enemiga de los principios que acabo de transcribir, sacados de uno de los preceptos más nobles de nuestra Ley Política y que en las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas se estudia y explica como el armazón insoslayable del Estado de Derecho, el que pone límites a los poderes públicos y establece controles y garantías para salvaguardar la libertad y los demás derechos de los ciudadanos. Tan es así que podemos afirmar que un Gobierno que no respeta el contenido universal del citado artículo 9 (CE) no se ajusta al Estado de Derecho y lo que éste simboliza: control de los actos del Poder y respeto a la esfera privativa de derechos de los individuos.

         Como prueba de las afirmaciones más arriba hechas, aludiré a la triste etapa (desde el punto de vista jurídico) de las múltiples y variadas disposiciones legales y administrativas adoptadas por el Gobierno Sánchez con motivo de la pandemia y de los estados de alarma declarados, el primero de ellos considerado  -tardíamente- inconstitucional. He aquí la primera prueba de la vulneración del ordenamiento jurídico español.

     La segunda -y escandalosa- prueba está constituida por la concesión personal, y a conveniencia propia, de los   indultos a los presos catalanes, reos de sedición por la insurrección del otoño de 2017. Perdón otorgado rotundamente en contra del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía, y sólo basado en una interesada versión de la “utilidad pública” que la Sala 2ª del TS calificó brillantemente de “autoindulto”: el Gobierno se beneficia parlamentariamente del indulto otorgado a sus socios encarcelados. La impostura como motivación jurídica. Daños para el Estado de Derecho, pues.

      Y ahora aparece en escena Ábalos y sus figuras literarias, dignas de una fina cabriola intelectual y poética. Me refiero a la afirmación que ha hecho con motivo de la obligada y procedente fiscalización del Tribunal de Cuentas del Reino (L. O. 2/1982), que dilucida la responsabilidad contable y el alcance presuntamente cometidos por las autoridades separatistas del “procés”. Resulta una confesión al estilo del mejor psicoanálisis freudiano. 

      Nuestro inefable Ministro, y prohombre del ‘sanchismo’, considera un incordio la intervención del Tribunal de Cuentas, ahora que comienza una ‘luna de miel’ entre el PSOE y ERC; ahora que los insurrectos estrenan el regalo de los indultos. ¡Vaya, hombre, resulta que el Estado de Derecho exige una cuidadosa gestión de los caudales y bienes públicos y declara la responsabilidad de los que los manipulan, desvían los fondos y los invierten en fines contrarios a los previstos en las Leyes…! A la existencia del Tribunal de Cuentas, puro Estado de Derecho, Ábalos le llama estorbo, “piedra en el camino”, y, claro, inmediatamente se atribuye la tarea de “desempedrarlo”. 

      Seguro que ya habrá encargado a sus avezados asesores, pagados con los impuestos de los españoles, que le propongan cómo se puede orillar y neutralizar la función fiscalizadora, de enjuiciamiento y contable del Tribunal de Cuentas. Estas son las “piedras en el camino”, un modo de gobernar más propio del chavismo que de una democracia europea.