Es triste tener que reconocer que, para el presidente de un país democrático, los Jueces sean un estorbo, ‘piedras en el camino’, como  ha dicho el defenestrado Ábalos. 

      A estos políticos, aventureros del Derecho, gobernantes con escasos escrúpulos, las garantías y controles del Estado democrático los consideran obstáculos insoportables. Les encantaría gobernar sin límites. Es lo propio de la autocracia. Del cesarismo. Y, por desgracia, Sánchez encarna tales desviaciones políticas.

       Que el supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, decidiría, con el Ordenamiento jurídico en la mano, que la primera declaración de alarma era inconstitucional por “la restricción de altísima intensidad de los derechos” de los españoles, como el confinamiento domiciliario, era algo que opinábamos un gran número de juristas libres de sectarismo y de servidumbre ideológica. Era tan previsible como que echar gasolina al fuego potencia la llama. 

       Sólo los juristas oficialistas, los juristas orgánicos o de carnet, o aquellos a quienes ciega la ideología, defienden la corrección u ortodoxia constitucional del sanchismo. Pero, tal cosa no es creíble. Ni en el asunto sanitario ni en muchos otros. 

       Y es que Pedro Sánchez, en unión de sus inconcebibles socios, está empecinado en demoler -subrepticiamente, claro- el sistema político de la Transición para sustituirlo por uno de los peores modelos que pueden existir en política: una autocracia que le permita ejercer el Poder de manera omnímoda y personalista, con rendición de culto al líder indiscutido e indiscutible, y someter a los ciudadanos a los caprichos y al programa político de un único partido: en este caso, el Partido Socialista Obrero Español, hoy ‘Partido Sanchista’. 

       Para alcanzar este objetivo deseado de dominar hegemónicamente el espacio político, presentándose como el líder benefactor del pueblo, Sánchez nombra para el Gobierno a las personas más útiles a sus intereses y no al interés general.

        Gracias a la “mayoría Frankenstein”, Sánchez pastorea ya el órgano de control más importante de la democracia, las Cortes Generales, que las tiene condenadas a media luz y a medio gas; que le aprueban todo lo que quiere, aunque sea inconstitucional. 

      Y con el último valladar del despotismo en un país democrático, el Poder Judicial, Sánchez tiene una pésima relación: con la Justicia choca con demasiada frecuencia. La inconstitucionalidad del primer estado de alarma de 2020 es, por hoy, el último escándalo jurídico-político de la factoría socialista, hecho tan grave que merece la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.

      Si Sánchez quisiera demostrarnos su pureza de sangre democrática, respetaría a los otros órganos del Estado, defendería el principio de  legalidad y de separación de poderes, y convocaría elecciones que pusieran fin a esta involución política que corroe las instituciones democráticas.