“La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición   misma de la tiranía” (James Madison, 1788).

         La libertad, la democracia y el Estado de Derecho son  deudores de dos grandes pensadores del  universo político y jurídico. Uno fue el ginebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) que legó la teoría de la Ley como expresión de la voluntad general. No la voluntad del monarca absoluto. Consecuentemente, la libertad resplandece cuando los poderes públicos se sujetan a la Ley sin margen para la arbitrariedad. Es el principio de legalidad.

     La otra pieza sobre la que la libertad y los derechos del ciudadano descansan está representada por la construcción intelectual del francés Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755). Sobre el funcionamiento de la Monarquía absoluta (“L’Etat c’est moi”, Luis XIV), Montesquieu advierte que “cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca […] pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente” (“El espíritu de las Leyes”, XI, 1748). Se consagra, así, para salvaguardar la libertad de los ciudadanos, el principio de separación de poderes. Es la gran aportación de Montesquieu: para que el ciudadano goce de libertad es menester que el poder público frene al poder, distribuyéndose entre órganos diferentes. Al Poder Ejecutivo le corresponderá aplicar las Leyes y hacer los reglamentos; al Legislativo, aprobar las Leyes y controlar al primero; y al Judicial, resolver los conflictos entre individuos y los de éstos con los poderes públicos.

      Ambos postulados (el sometimiento a la Ley y la distribución del poder como contrapeso al ejercicio del mismo) triunfaron en la Revolución francesa (1789). Con ellos comenzó la construcción del ‘Estado liberal de Derecho’, antecedente del actual ‘democrático y social de Derecho’.

      Por tanto, según la regla de Montesquieu, en un país existe libertad política cuando el poder público, que es uno, aparece repartido en los tres órganos del Estado: el Gobierno, el Parlamento y los Tribunales, ejerciendo cada uno de ellos sus competencias con separación de los demás. Si no es así, si bajo un acusado presidencialismo se impone el Poder Ejecutivo, a cuya cabeza está el Gobierno, y somete a su influencia al Parlamento y/o al Poder Judicial (integrado por jueces y magistrados), podemos afirmar, sin exageración, que estamos en el supuesto de ausencia de libertad por ejercicio tiránico del poder; lo que Montesquieu previó y propuso evitar con la división de poderes.

      En España se está desarrollando un proceso político de pérdida de libertades. Desde mediados de los años ochenta del pasado siglo el socialismo lo inició. Hoy pretende culminarlo Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

     Se atribuye al preboste socialista Alfonso Guerra la frase “Montesquieu ha muerto”. Ocurrió durante el primer Gobierno de Felipe González, cuando aprobó, con visos de inconstitucionalidad, un modelo de CGPJ que trasladaba a éste la correlación partidaria de las Cortes (Ley Orgánica 6/1985). Según tal reforma, los partidos políticos, en definitiva, eligen a los magistrados del TC.

        Un camino que ha proseguido el socialismo con la destitución del Abogado del Estado Edmundo Bal (llevaba la acusación del Estado contra los separatistas catalanes)  por no avenirse al dictado de Sánchez de calificar los hechos como sedición. Continúa el proceso gubernamental de concentración de poderes con el nombramiento de la Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado: el Poder Ejecutivo decidirá en adelante qué se lleva ante los Tribunales, cuándo se hará la ‘vista gorda’ o se impedirá la vía judicial.  

      Durante la pandemia, gracias a “la mayoría Frankenstein”, Sánchez está disfrutando de poderes excepcionales, suspendiendo abusivamente derechos y libertades. Más de un centenar aprobado de Decretos-Leyes burlan la competencia legislativa de las Cortes. Además, el Gobierno quiere controlar la información sin intervención del Juez (Orden de 30 Octubre 2020), una aberración jurídica.

       Empero donde se detecta con claridad las intenciones de acabar con las tesis de Montesquieu contra el despotismo es en otras medidas que el Gobierno está adoptando. A instancia de la coalición PSOE-UP se ha aprobado la Ley Orgánica 4/2021, rayana en inconstitucionalidad, que desnuda de competencias al CGPJ con mandato caducado. Aducen esos partidos que tal CGPJ debe carecer de plenitud de competencias “al igual que sucede con el Gobierno y el Parlamento en funciones”. Se olvida, sin embargo, que al Poder Judicial le corresponde -como garante de las libertades y derechos-  ejercer un control permanente y sin cortapisa, no equiparable al Gobierno y al Parlamento “en funciones”.

     En la misma línea, el PSOE, a propuesta del PNV, ha aceptado tramitar una reforma del TC que impediría sancionar a los cargos públicos reticentes a sus resoluciones. Tendremos un TC impotente para hacer cumplir sus decisiones y un Estado jurídicamente desarmado. Donde palidece la libertad, brota la tiranía. Elevemos una oración por Montesquieu.