En las últimas elecciones generales de 2019, el PSOE obtuvo 120 diputados. Cuando Sánchez tuvo que formar Gobierno no lo hizo con C’s, un partido liberal que le hubiera dado la mayoría absoluta, sino que fiel a su condición radical, a su actitud política extremista, metió a la zorra a cuidar las gallinas: se asoció con los antisistema y comunistas de Podemos, y para asegurarse la estancia en La Moncloa pactó, además, con separatistas y filoetarras. Y allí sigue el engendro político, hasta que las urnas quieran.

     Omito el rosario de escándalos, errores y golpes que esta infausta coalición está ejecutando contra el ordenamiento constitucional desde enero de 2020, fecha del inicio del desgobierno. Son decisiones radicales, extremas, que este anómalo Ejecutivo adopta presionado por los depredadores de la Nación española.

      De todos los asuntos que cabría tratar, hoy quiero referirme a ese extendido y lamentable fenómeno social, que abate el derecho de propiedad, conocido con el nombre de “okupación”, con k, de kilo. 

       La ‘okupación’ es un comportamiento antijurídico, delictivo. Consiste en allanar o usurpar una vivienda. Es decir, usted sale de su casa al supermercado, y cuando vuelve, se la encuentra ‘okupada’. 

      Este hecho, perseguido en cualquier país civilizado, resulta que, en España, actualmente, no solo se fomenta desde el Gobierno, lo que es ya una aberración, sino que, además, escandalícense ustedes, el ‘okupa’ recibe de ese mismo Gobierno protección jurídica, le da las máximas facilidades para su empadronamiento, y prohíbe a los jueces que le desahucien si no utiliza violencia, como si allanar un domicilio ajeno no fuera ya de por sí violencia pura.

     El Gobierno, con esta política aberrante, comete el grave error de querer solucionar un viejo y apremiante problema social -la falta o la carestía de la vivienda- a costa de los propietarios, que no hacen otra cosa que trabajar y ahorrar para pagar la hipoteca.

     La mirada tierna y comprensiva del Gobierno hacia el ‘okupa’ no nos extraña desde el momento en que éste lo forman personas que simpatizan y apoyan esta plaga antisocial. Incluso han alentado violentos escraches contra los desahucios judiciales. Recordemos a una de las ‘lideresas’ más caracterizadas del movimiento ‘okupa’ hispano, la actual alcaldesa podemita de Barcelona, Inmaculada Colau, que así tiene a su ciudad y al mercado de la vivienda: hundido en la miseria y en la inseguridad jurídica.

    Y hablo con fundamento. Si quieren conocer de primera mano la ignominia jurídica de la ‘okupación’, consulten los Reales Decretos-Leyes 11/2020, 37/2020, 1/2021 y el Real Decreto 42/2022, dictados con la excusa de la pandemia.

     Con ellos, el Gobierno carga sobre las espaldas del propietario la escasez o necesidad de vivienda, en lugar de promocionar vivienda social pública.