El pasado 29 de mayo, Unidas Podemos, el segundo partido que sustenta al Gobierno y parte del Ejecutivo de coalición, firmaba un manifiesto “per la llibertat de Jordi Cruixat i Jordi Sánchez i la defensa de l’exercici dels drets fonamentals” en el que se aludía a un informe de Amnistía Internacional para pedir la liberación de ambos. Lo hacía junto a los grupos independentistas y algunas formaciones más que virtualmente también sostienen la inestable mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Más o menos lo que se ha venido llamando, pomposamente, “la mayoría de la moción de censura”. O lo que es lo mismo, la suma radical que catapultó a Pedro Sánchez a la Moncloa contraviniendo las razones que el propio PSOE se impuso a sí mismo para descabalgarlo de la Secretaría General.

La correrías de sus antecesores quedan en simples chiquilladas si las comparamos con lo que el vicepresidente Iglesias ha firmado por mano de su partido (al que dirige a golpe de plebiscito), no conviene atemperar los términos, pone en cuestión todo nuestro sistema de garantías judiciales y nuestro Estado de derecho. Una afrenta, otra más, contra un Poder Judicial zaherido sin piedad, ahora con el desparpajo que otorga la hirsuta superioridad ideológica y en mitad de un estado de alarma.

Pablo Iglesias lleva un doble juego, lo mismo ejerce de vicepresidente del Gobierno que exige la salida de prisión de dos condenados por sedición, sin que parezca encontrar ninguna contradicción en ello. Como, a pesar de eludir las preguntas de la prensa apelando a la condición de su cargo, suponemos que Pablo Iglesias piensa lo mismo este en Galapagar o en su despacho de vicepresidente, hemos de concluir que en el Consejo de Ministros se ha colado, como afirmó Cayetana Álvarez de Toledo, “el burro de Troya” contra la democracia.

Pablo Iglesias puede pensar muy bien todo lo que le parezca y su partido puede firmar todos los manifiestos que quiera. Es más, desde el Gobierno puede promover la reforma del Código Penal (y acabar de desnudar al Estado ante quienes lo agreden) si cuenta con la anuencia del PSOE. Lo que no puede es colgar la Constitución de un perchero como si fuera un sombrero que se pone uno dependiendo de la conveniencia del momento.

Qué pensaríamos si un alto cargo de la Administración Trump firmara un manifiesto pidiendo la puesta en libertad de los policías implicados en la muerte de George Floyd amparándose en un informe, por ejemplo, de la Asociación Nacional del Rifle. Nos escandalizaría y repugnaría. Probablemente no ocurriría lo mismo si el manifiesto exigiera la inmediata encarcelación de los agentes, porque los motivos que nos conducen al escándalo y la repugnancia son más emotivos que racionales. Pero lo cierto es que sería igual de grave porque en ambos casos supondría una violación de la independencia judicial.

Puede ser una comparación abusiva pero buena es si sirve para exponer la imperiosa necesidad de un Poder Judicial independiente. Jordi Cruixat y Jordi Sánchez fueron condenados, esa sentencia puede ser discutida y apelada hasta donde se pueda, a instancias internacionales si se quiere. El propio Gobierno tiene mecanismos, a través del indulto, para intervenir si así lo estima oportuno. Pero lo que no puede tolerarse es que el propio vicepresidente del Gobierno de España ponga en cuestión a la Justicia española agitando el informe de una ONG como es Amnistía Internacional. No por la ONG en sí, sino por el propio vicepresidente del Gobierno. Tampoco cuela que se nos intente vender esto como un problema de derechos civiles cuando hemos visto a un Parlamento autonómico pretender que la Constitución dejara de regir en su territorio.

Se ha extendido con presumible éxito la idea de la “injusta” condena a los líderes del procés. Su popularidad era esperable porque lleva explicito la misma irracionalidad que toda esta falaz y peligrosa peregrinación a la nada, la voluntad por encima de la Ley. Desde el derecho a decidir hasta la amnistía, la misma peligrosa medula recorre todo la exaltación emotivista que conduce a asumir que toda democracia se reduce a decidir.

Poco espacio puede quedar para los jueces y su independencia aquí, en este estado de excepcionalidad que supone la decisión permanente de la voluntad del pueblo.

Pedro Sánchez comparte Consejo de Ministros con Pablo Iglesias, convendría que aclarara si comparte algo más. Porque si lo que se pretende desde el Poder Ejecutivo es desmantelar el Poder Judicial, empezando por desandar la sentencia contra los sediciosos, ya sea por una conveniencia política (PSOE) o por convencimiento ideológico (Podemos), entonces tendremos que hablar de una nueva anormalidad democrática, no la primera y habrá de cuidar para que no sea definitiva.