(Comentario Onda Cero, martes 14 Febrero 2023)

Como régimen democrático que es, España cuenta con un órgano jurisdiccional llamado Tribunal Constitucional, cuya Ley reguladora lo considera el “intérprete supremo de la Constitución”. En consecuencia, este importantísimo Tribunal decide mediante sentencia qué acto o norma se atiene a la Ley de Leyes y cuál no, en cuyo caso lo declara nulo y expulsa del ordenamiento jurídico.

Por eso, en expresión de su creador, el gran jurista austríaco Hans Kelsen, al Tribunal Constitucional también se le puede llamar el guardián de la Constitución, el árbitro que decide, inapelablemente, qué es constitucional o, por el contrario, qué acto o ley viola el texto constitucional. Es, pues, el árbitro, el árbitro por excelencia del juego democrático.

Pues bien, con la llegada al Gobierno de España del sanchismo, que no es otra cosa que la ejecutoria personal de Pedro Sánchez al frente del antiguo PSOE, más la esforzada colaboración de Podemos y del neocomunismo postmarxista, no ha quedado institución del Estado autonómico que el sanchismo no la haya colonizado, incluido el árbitro del sistema, que es el citado Tribunal Constitucional.

Hasta que Sánchez no ha conseguido lo que él llama una mayoría de progreso, es decir, una mayoría de magistrados sanchistas a su servicio, no ha parado. Así, de once jueces del Tribunal, siete, la mayoría, son de obediencia al inquilino de La Moncloa. Y eso se ha demostrado con la primera decisión que ha tomado su presidente, el señor Conde-Pumpido, antiguo Fiscal del socialista Rodríguez Zapatero, que no solo ha rechazado el recurso del PP contra la Ley del aborto sino que, incluso, ha impedido que se abstuvieran algunos magistrados contaminados.

Pues bien: que, en una democracia, el Gobierno, cabeza del Poder Ejecutivo, se haga con los órganos constitucionales de control y supervisión de su actividad, es de extrema gravedad, pues la expansión del Poder Ejecutivo derriba límites e invade competencias de los otros poderes del Estado, como son el Legislativo y el Judicial. Es decir, la democracia se convierte en iliberal, en autocracia, y, en casos extremos, hasta en pura dictadura. Por ello podemos afirmar -sin exageración- que la destrucción del principio de separación de los poderes públicos es la antesala de la tiranía.

Por tanto, el último episodio del sanchismo, consistente en hacerse con el TC, el guardián de la Constitución, provoca la desconfianza de los ciudadanos en ese órgano esencial del Estado democrático de Derecho. En adelante, sus resoluciones se pueden poner, legítimamente, en tela de juicio, porque ha desaparecido la imparcialidad del árbitro que juzga, supervisa e interpreta cuándo un poder del Estado invade competencias de otro o atropella los derechos y libertades constitucionales. Como puede comprenderse, algo muy grave, preocupante… e inadmisible.