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España se enfrenta como Estado a una de sus horas históricas más decisivas. La gravedad e importancia de estos momentos radica en que en lugar de encontrarnos en la fase de construcción de una empresa, de una organización política, parece ser que hemos entrado en un período de destrucción y derribo de la edificada.

En ciertos sectores de la sociedad catalana se ha despertado un sentimiento, el deseo de separarse del resto de España. A lograr tan irracional despropósito, semejante locura, coadyuvan determinadas fuerzas acaudilladas por quien ostenta hasta el momento la representación ordinaria del Estado en la Comunidad autónoma catalana. Ello es la máxima personificación de la deslealtad supina: quien representa al Estado lo quiere destruir. Sabemos que los mensajes y argumentos lanzados desde los órganos e instituciones del gobierno autónomo son falaces, inconsistentes y rebatibles. Pero han calado, y el resultado es que nos encontramos al borde del abismo.

Escribimos estas líneas y nos expresamos desde nuestra sencilla posición de miembros de una colectividad nacional que tiene el legítimo orgullo de ser uno de los pueblos que más tempranamente alcanzó en Europa el grado de organización política de Estado. Fue en los albores de la Edad Moderna. Como pueblo en sentido político nos dirigimos al resto de los españoles, también a nuestros queridos compatriotas catalanes.

De todas las razones oídas y leídas que pretenden fundamentar el trauma de la separación, no hemos encontrado ningún argumento racional ni justificado. Se pide la independencia, pero, por supuesto, Cataluña no es una colonia ni esa tierra está sojuzgada por ningún poder público externo a ella que justificara tal pretensión. La Constitución de 1978, ampliamente respaldada en Cataluña en su día, le ha facilitado a esta querida y respetada tierra el nivel más alto y digno de autogobierno de toda la historia del Principado. Se trata, pues, de un sentimiento generado con argucias y malas artes. Y lo peor es que tales insidias han sido propaladas y financiadas por quien tenía que perseguir y velar por los intereses generales de todos los catalanes. En este capítulo ingrato de reparto de culpas no escapa, así mismo, la responsabilidad de ciertos gobernantes del Estado.

Hoy nos encontramos en un punto álgido de una trayectoria que fractura al pueblo español; que desune en lugar de aunar, que divide en lugar de sumar. Nosotros, ciudadanos del pueblo español, creemos que hay que respetar el ordenamiento jurídico democrático para que se puedan tomar decisiones que respondan al calificativo de democráticas. Creemos profundamente en la Ley de Leyes, la Constitución, y también creemos que no se pueden ni se deben tomar iniciativas contrarias al Derecho y a las resoluciones judiciales de un Estado democrático de Derecho, como es actualmente España.

El problema está residenciado, en consecuencia, en el ámbito -difícil y delicado- de los sentimientos, no en el dominio de la razón, pues ejercitando ésta no se puede entender lo que oímos y vemos procedente de los principales líderes secesionistas.

El Foro para la Concordia Civil, llamándose así, no puede dejar de acudir al debate suscitado en Cataluña. Y tiene que defender no solo el imperio de la ley sino también la concordia como virtud política esencial para que la vida en sociedad transcurra por los cauces de la racionalidad y la prosperidad. Sin concordia no hay civilización.

A nuestros amigos catalanes les decimos que es mejor para todos nosotros, el pueblo, permanecer juntos. Que es mejor construir puentes que fijar orillas, y que no debemos crear más patrias excluyentes ni levantar más fronteras. La patria común, la española, ha de construirse sobre un entramado de lazos y vínculos que haga, de vivir juntos, un proyecto sugestivo de vida. Todos podemos vivir y respirar ampliamente en el recinto generoso y benefactor de nuestra Constitución, del Estado constitucional. Es mero capricho romper un Estado cuando los derechos y las libertades de los ciudadanos están asegurados y tutelados por los miembros del Poder Judicial y cuando la Norma Política reconoce, fomenta y protege toda singularidad cultural, lingüística e histórica de las tierras de España.

Cuando desde tiempo atrás venimos argumentado y rebatiendo las posiciones separatistas; cuando racionalmente no se encuentra explicación a la defensa de ellas; cuando sin necesidad de razones jurídicas y políticas nos desnudamos y tendemos la mano a una parte del pueblo español que quiere la separación, ya no nos queda más que la palabra. No os vayáis.

José Torné-Dombidau, Juan A. Maldonado, Teresa Tavera, José L. Navarro Espigares, José J. Jiménez Sánchez, Alejandro Muñoz, I. Andrés Cardenete, Ramón Montahud, Ildefonso Montero, Ana I. Guijarro de Haro y J. Ramos Salguero.