Ricardo Martínez y Julio Rey/EL MUNDO

Más allá de la cuestión de si la gran pitada que se produjo el sábado por la noche en el Camp Nou contra el himno nacional y el Jefe del Estado, pudiera o no ampararse en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cierto es que puede calificarse sin ambages como ausencia de buenas maneras y muestra, por tanto, de una muy mala educación. Además, esa acción supone un gran contrasentido. Pitar contra los símbolos de un Estado democrático de Derecho, el Jefe del Estado y su himno, sólo puede justificarse en la medida en que se ejerce de acuerdo con uno de los derechos, la libertad de expresión, reconocido por ese mismo Estado. Parece evidente, por tanto, que no tiene ningún sentido ejercer un derecho con la finalidad de dañar al mismo Estado, en el que se encuentra el fundamento del mismo. Nadie en su sano juicio tira piedras contra su propio tejado.

Por eso cabe afirmar que ninguna racionalidad ampara la rechazable y nada decorosa conducta de afrentar a los símbolos más altos de un Estado democrático de Derecho. Así lo quisieron los españoles en su día y lo plasmaron en la Constitución, ley de leyes. Es justamente al revés: los españoles gozan de libertad porque la Constitución lo permite, pero toda libertad que no quiera transformarse en arbitrio ha de ejercerse en el derecho. Ese es el límite constitutivo de la propia libertad, la exigencia de racionalidad que viene implícita en su adecuación al marco normativo.

Por tanto ultrajar no constituye el ejercicio de ninguna libertad, sólo una acción caprichosa, arbitraria. Lo que todos oímos y vimos en la final de la copa del Rey fue sencillamente una conducta irracional.

No es la primera vez que sucede. Esta moda cerril y este comportamiento incívico vienen ya de encuentros ¿deportivos? anteriores. Recordemos que todos los españoles lo hemos sufrido en la persona del anterior monarca. Por tanto, las autoridades, tanto las gubernamentales como las del ramo, han podido -debido, mejor- poner en práctica una serie de medidas que no conviertan en gratuito insultar, injuriar ni ultrajar los principales símbolos de un Estado democrático y de Derecho. Resulta increíble que ciudadanos de un país libre y democrático adopten esas conductas convertidos en masa loca, en turba, desprecien los símbolos de todos, falten el respeto a las instituciones democráticas y pretendan denigrar a la más alta representación del Estado en la persona del titular de la Corona que, según la Constitución, ostenta la jefatura del Estado.

Otros países nos dan ejemplo todos los días. Ahí están los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos ciudadanos, de la ideología que sean, se levantan y guardan un respetuoso silencio cuando se anuncia la llegada del presidente. Igual sucede en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, países serios que se hacen respetar porque ellos comienzan por respetarse los primeros a sí mismos. Después de la pitada, ¿cómo podemos los españoles pedir que otros pueblos nos respeten? Estamos seguros de que cuando entra en una estancia el presidente hay muchos asistentes que no le han votado, que son de otro partido, pero cuando entra el jefe del Estado esa persona representa a todos y, como tal, recibe el respeto de todos.

Incomprensiblemente queda a los españoles un largo trecho para ser estimados como ciudadanos libres y responsables. Un largo trecho para ser considerados auténticos demócratas, que tanto quiere decir que respetan las leyes democráticas y, por ello, los símbolos comunes. Una gran distancia separa a esos españoles de las gradas de ser personas cabales, serias, maduras, políticamente hablando, y responsables titulares de derechos en el marco de un Estado democrático.

Nada tendríamos que objetar y censurar si esa impresentable conducta no perjudicara y pudiera lesionar irreparablemente todo un mundo de valores como es, por esencia y primariamente, el sistema de gobierno democrático.

La democracia es diálogo, palabra, raciocinio, argumentos, respeto. Negar todo ello bajo la forma de una sonora pitada al himno y al Jefe del Estado, democráticamente proclamado por los diputados del pueblo, además de ser algo estéril y ejemplo de todo lo peor, conduce a ganarse a pulso la destrucción de nuestra convivencia democrática, tan duramente alcanzada gracias al sacrificio de muchas vidas y de generaciones enteras que, por desgracia, no han disfrutado del grado de libertad y bienestar que el espíritu y la letra de la Constitución ha traído para España y los españoles.

José Torné-Dombidau y Jiménez, Juan A. Maldonado, Teresa Tavera, José L. Navarro Espigares, José J. Jiménez, Alejandro Muñoz, J. Ramos Salguero, J. Ignacio Andrés Cardenete, I. Montero Tineo y R. Montahud son miembros del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL de Granada.