“Me resulta doloroso contemplar lo menguado en que se encuentra la patria que quisimos e hicimos grande y no me resigno fácilmente a contemplar su decaimiento”

J. Rupérez, La mirada sin ira, Almuzara, Córdoba, 2016, p. 365.

“Según nuestro concepto de causalidad libre, descansa el bueno o mal comportamiento en nosotros mismos”

I. Kant, Crítica del juicio, Tecnos, Madrid, 2007 (1790), p. 393.

Magritte.

Parece evidente que el problema de la corrupción política es uno de los que ocupan, desde hace ya tiempo, la atención del público en nuestro país y esto sucede muy justificadamente dado los numerosos casos que afloran por doquier, afectando en mayor o menor grado a todos los partidos en las diferentes administraciones y territorios.

Este problema irrumpe también en la discusión entre las distintas fuerzas políticas. Tuvimos ocasión de verlo en el que fue el único debate entre los candidatos de los principales partidos políticos a la presidencia del gobierno. Uno de sus momentos más tensos sucedió precisamente cuando se habló de la corrupción. Y me temo que lo mismo sucederá en las conversaciones que se lleven a cabo a fin de formar gobierno tras las elecciones del 26 de junio. Sin entrar en la cuestión del ‘y tú más’, versión mostrenca de las palabras de Jesús recogidas por Juan: ‘aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’, que normalmente preside este tipo de disputas, quisiera referirme a un par de asuntos que si consiguiéramos abordarlos con claridad, permitirían que este problema tuviera ciertos visos si no de solución, al menos de un encauzamiento razonable.

En primer lugar tendríamos que entender suficientemente que cualquier gobierno de hombres será siempre imperfecto, lo que no quiere decir que no hayamos de corregir tal insuficiencia, si bien la salida de tal imperfección no debería llevarnos a una transformación de aquél en un gobierno de santos. Y esto por dos razones. La primera se encuentra en que sería absurdo este gobierno, pues un gobierno de santos sólo es adecuado para santos y si lo fuésemos, entonces no haría falta ningún gobierno. Decía Madison que el gobierno es “el mayor de los reproches a la naturaleza humana”, pues “si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario”[1]. Esta idea y su opuesta, aquella que consideraría que si los hombres fuesen demonios, no habría manera de instituir ningún gobierno, ni tampoco razón ni fuerza que contribuyeran a su justificación e imposición; estas ideas, decía, han presidido la reflexión sobre la justificación de la institucionalización de un orden constitucional entre los hombres. Esto quiere decir que la solución a los problemas que se derivan de la corrupción para nuestra convivencia no puede ir en la dirección de la exigencia de la santidad angelical ni para nuestros políticos ni tampoco para el común de la ciudadanía. La segunda razón radica en que cualquier intento de llevar a cabo la institucionalización de la santidad en el ámbito terreno nos llevará irremediablemente a su fracaso y, en consecuencia, a la radicalización, que lo es siempre de carácter revolucionario. Esto lo vio muy bien Kant cuando advirtió en la Metafísica de las costumbres sobre las terribles consecuencias del “fiat iustitia ut pereat mundus”. 

Un ejemplo de tal error lo encontramos cuando se exige a quien dirige o preside un partido la responsabilidad política por las conductas de los elegidos. Es verdad que a veces se ha admitido la misma, aunque en mi opinión sólo tendría justificación en casos extremos. Uno de ellos quizá sería el de Willy Brandt y su dimisión como Canciller Federal de Alemania por el escándalo Gillaume, un espía de los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental. No obstante han existido muchos otros en que la admisión de esa responsabilidad política nos podría llevar por el camino de la exigencia a nuestros representantes de la omnisciencia que no sólo es impropia de ellos, sino de cualquier otro hombre. Otro caso mucho más claro en tanto que su responsabilidad excedería la política y tendría visos de una conducta criminal, sería el caso de Nixon, aunque en éste lo peor de todo fue su defensa de la identificación entre la presidencia y el interés general del país, lo que le condujo a sostener, al modo de Hobbes, que sus actuaciones no tenían por qué tener límites. Podría recordarse también el asunto de la permanente y extendida corrupción política entre los gobernadores de Illinois, entre ellos Rod Blajojevich condenado en 2011 a 14 años de prisión por diversos actos corruptos. Este pertenecía al círculo político en que se movía Obama cuando era senador, lo que podría hacernos pensar en que este último tuviera cierta responsabilidad. Un asunto diferente, aunque con consecuencias similares sería el de Bill Clinton y la cuestión de si mantuvo o no relaciones sexuales con una de las becarias de la Casa Blanca, lo que lo llevó a padecer un proceso de “impeachment”, esto es, de acusación, que si se hubiera producido en nuestro país y dadas las exigentes normas privadas que han impuesto nuestros partidos políticos, lo habría conducido necesariamente a la dimisión. Esto habría sido, en mi opinión,  completamente irresponsable. Afortunadamente parece que en Estados Unidos han abordado este problema con mayor claridad, quizá porque sus problemas de corrupción han sido enormes, quizá porque han sido capaces de diferenciar entre la vida del partido político como tal y las labores de gobierno.

Si uno se pregunta por la razón por la que se defienden en nuestro país medidas que nos acercarían en demasía a las que habrían de adoptarse en una sociedad santa, cuando la realidad parece que está excesivamente alejada de la misma, a mi se me ocurre que algo tendrá que ver en ello nuestra propia tradición y obsesiones a lo largo de la historia con problemas tales como el de la limpieza de sangre, lo que hoy se habría convertido en la de la exigencia a ‘todos y todas’ de comportamientos angelicales, sin darnos cuenta de que ese gobierno sigue siendo un gobierno de hombres, que se quieren ahora santos y cuyas exigencias, propias de la santidad, son enormes para ellos y para la sociedad que habrían de gobernar, que aunque se quisiera santa, no podría dejar de ser tampoco una sociedad de hombres.

Precisamente, esta es la razón por la que las dificultades de cualquier gobierno de hombres no ha de resolverse en el terreno de la santidad, sino en otro muy diferente, el de la legalidad. La justificación se encuentra, tal y como sostenía Hamilton, en que “los deseos de los hombres no acatarán los dictados de la razón y de la justicia sin coerción”[2], lo que no es propio de la santidad. No hay santos a la fuerza. Esto exigiría que no se trasladasen mecánicamente las imperfecciones de las acciones humanas a las instituciones que han de regularlas, esto es, que no se entienda que la corrupción es como el aceite que posee la capacidad de extenderse por cualquier superficie cubriéndolo todo, pues la consecuencia inmediata de tal planteamiento sería la de considerar que el problema de la corrupción es en realidad el de nuestro sistema jurídico-político, esto es, el de 1978. De esta manera amplificaríamos el problema al considerar que la corrupción no es simplemente de personas y partidos, sino que es estructural, propia de un régimen liberal democrático presidido por una economía de mercado, capitalista, que es la causa última de donde proviene la corrupción instalada en nuestra sociedad. La conclusión de esta posición sería la de defender que, en realidad, la corrupción es la del propio régimen político. Así lograríamos como Nerón incendiar Roma, conseguiríamos que la confusión fuese completa y encontraríamos la causa de la corrupción donde está su solución, esto es, en la legalidad de la democracia constitucional. Un gobierno de leyes no sólo implica que quien actúa contra lo dispuesto jurídicamente ha de atenerse a las consecuencias de su ilícito comportamiento, sino que también han de someterse a la preeminencia de la ley aquellos que abusan de la libertad, aunque tal exceso se produzca con base en razones santas, sobre las que no necesariamente tendríamos que ponernos de acuerdo, pues la libertad es contradictoria consigo misma. A estos abusos hay que oponer, decía Kant, la fuerza legal del orden jurídico-político.

Indudablemente la legalidad no puede ser mera legalidad sino que requiere de una justificación profunda que se asienta sobre dos principios, el de la soberanía popular y el del reconocimiento de los derechos y libertades individuales, esto es, de los derechos civiles y políticos. Ahora bien, esa legalidad aún plenamente justificada es insuficiente si sus principios no están arraigados en las prácticas sociales de la comunidad, cuyos comportamientos ha de dirigir. Cuenta Hegel el fracaso de Napoleón en España dada la imposibilidad de imponer una constitución como idea y conciencia de lo racional a un pueblo que todavía no había desarrollado esa idea en sus propias costumbres. Esto quiere decir que en una sociedad saludable la legalidad no puede estar por encima de la realidad, sino que ha de enraizarse en ella de manera que si bien la mayoría de los ciudadanos se limitaran a su cumplimiento, siendo aquiescentes con lo dispuesto en las leyes, las élites habrían de dar un paso más y no limitarse a una sencilla aquiescencia, sino que habrían de adoptar una posición racional en la medida en que su comportamiento ha de consistir en la aceptación de esa legalidad, lo que les obligaría a aportar las razones de por qué consideran adecuadas para esa sociedad las normas que proponen, que serán exigidas posteriormente mediante la fuerza.

Así pues, nuestro problema no es meramente el de la proliferación de la corrupción entre nuestros políticos, que lo es, sino que es más delicado, pues no entendemos lo que nos pasa, de lo que es prueba que se propongan soluciones radicadas en la santidad angelical. Nuestro problema se enraíza en nuestra incomprensión de lo que supone una democracia constitucional cuyas exigencias no sólo han de cumplimentarse por nuestros representantes, sino fundamentalmente por nosotros mismos, la ciudadanía. Son miles los ejemplos que se podrían aportar, aunque entre ellos quizá uno de los más emblemáticos sea el que se resume en la pregunta “¿con IVA o sin IVA?”. Por eso deberíamos tener en cuenta que el problema de la corrupción no es meramente político, pues si bien está instalado en la vida política, también lo está en la ciudadana. Si pensamos en algunas de las prácticas enraizadas en nuestra sociedad, podremos comprenderlo con facilidad. Sólo hace falta recordar la arbitrariedad, por oposición a lo que es racional en y por sí, que preside nuestras relaciones de amistad –la ley no es para el amigo-; de familia –el interés familiar prevalece sobre la abstracción del general-, e incluso laboral, especialmente en el ámbito público, donde quienes ocupan posiciones superiores tienen a gala comportarse como si de su cortijo estuviesen disponiendo, me refiero, claro está, al escándalo aún durmiente de la universidad. Por eso no se trataría ni de institucionalizar la arbitrariedad propia de un gobierno de hombres ni la de la santidad angelical y terrorífica del de santos, sino que lo que deberíamos reclamar y asentar es un gobierno de leyes, que requeriría que fuese acompañado no sólo de una responsabilidad política, propia de quienes tienen que justificar, por su fundamentación racional, las posiciones que defienden en la asunción de unas leyes y no de otras, sino también de la responsabilidad ciudadana, que debe mostrarse en un cumplimiento generalizado de las leyes.

En definitiva, nuestro problema radica en nosotros mismos, políticos y ciudadanos, y no en el régimen jurídico político que nos dimos en 1978. Decía Hegel que “cada pueblo […] tiene la constitución que le conviene y le corresponde”[3]. Creo que no tenía razón, al menos en nuestro caso. Tenemos una Constitución que se encuentra muy por encima de nuestras capacidades y la solución no se halla en volver a las andadas, sino en tomarnos en serio nuestras instituciones y adaptar nuestros comportamientos a ellas, pues es en la ley democrática donde podremos encontrar justificación para nuestras prácticas en la medida en que sólo si así lo hacemos, podremos abandonar los comportamientos arbitrarios. 

Artículo publicado en Cuadernos de Pensamiento Político, julio 2016, nº51.

[1] Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la Constitución americana, selec. e intr. de I. Sánchez-Cuenca y P. Lledó, trad. de P. Lledó, Alianza Editorial, Madrid, 2002 (1787-8), p. 150.

[2] Artículos…, op. cit., p. 90.

[3] Principios de la Filosofía del Derecho, trad. de J. L. Vermal, Edhasa, Barcelona, 1988 (1821), obs., par. 274, p. 358.