S.A.R. la Princesa de Asturias junto a S.M. el Rey durante la lectura de la Constitución. Foto: Casa de S.M. el Rey.

     “Ninguna forma de gobierno existente da una proporción tan grande de libertad individual como una Monarquía constitucional, en la que la Corona ha sido despojada del poder político directo” (Anthony Trollope).

La figura del Rey, símbolo y representación de la soberanía popular, es un contrafuerte importantísimo del sistema político de 1978.  

A pesar de que carece de ‘potestas’ y, por el contrario, sólo dispone de ‘auctoritas’, el Rey encarna la forma política llamada Monarquía parlamentaria. Ello significa que la vida política del país gira en torno al Parlamento y los partidos políticos, y es el jefe del Gobierno, o primer ministro, quien nombra -y del que dependen- los ministros. El poder del Rey alcanza sólo a firmar su nombramiento, no a elegirlos, y aquéllos responden únicamente ante la Cámara baja.

Si queremos explicar por qué el Rey y la Monarquía concitan en estos últimos tiempos tanta enemiga y tan áspera crítica de líderes y partidos de extrema izquierda, populistas y separatistas, tenemos que acudir al artículo 56 CE, que afirma: “El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia […], asume la más alta representación del Estado español […]. Su título es el de Rey de España […]”. Como comprobamos, la CE identifica al Rey con la representación de España y su unidad política. Por eso, si esas fuerzas políticas -corrosivas y disolventes- quieren atacar y destruir la nación española, si quieren dinamitar el que ignominiosa y peyorativamente denominan “el régimen del 78”, no hay mejor herramienta que desprestigiar la Institución de la Corona.

Es así como hace pocas fechas las formaciones separatistas y antisistema del Parlamento catalán han aprobado una resolución “reprobando al Jefe del Estado por su discurso del año pasado de defensa de la CE”. Y el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, en otra declaración institucional, critica la actuación del Rey Felipe VI durante el “conflicto catalán […] y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía” (sic).

No se pueden reunir más disparates sobre la Monarquía parlamentaria constitucional en tan escasas líneas. En ese sentido se han adoptado esas declaraciones, tanto en la Cámara catalana como en el Pleno municipal barcelonés, en las que se hace constar manifestaciones de voluntad claramente adoptadas ‘ultra vires’ de las competencias de cada uno de esos órganos político-administrativos.

En efecto, el Parlamento catalán se extralimita en sus competencias al pretender abolir la forma de gobierno de un Estado, España, prevista en una Constitución. Y en el Derecho español, una Entidad local carece de competencia para (impulsada por la CUP y con el apoyo de Ada Colau, En Comú-Podem, PdeCat, ERC y dos concejales no adscritos) declarar “persona non grata” a don Felipe VI, y tildar su discurso del 3 de Octubre de “amenazador contra una parte de la población que dice representar”. En ambos documentos se exige, como sabemos, la abolición de la Monarquía por ser una institución “caduca y antidemocrática”.

Resulta sorprendente y absolutamente rechazable que a la Monarquía parlamentaria de 1978  -motor del cambio político hacia la democracia, de la recuperación de las libertades y de la devolución de la soberanía al pueblo español- se la califique de institución caduca y antidemocrática. La descalificación es todavía peor procediendo de fuerzas políticas ufanas de ser enemigos de un Estado democrático y de haber violado abiertamente el Ordenamiento constitucional mediante una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Olvidan -o ignoran- estos cargos públicos que ellos los son por la Constitución que desprecian. Olvidan -o desconocen- que don Juan Carlos renunció voluntariamente a las singulares atribuciones que recibió del anterior jefe del Estado y que lo configuraban como un Monarca absoluto. Olvidan inexplicablemente que la forma monárquica fue votada por el pueblo el 6 de Diciembre de 1978 por el 87’78 % de los votantes. Y tampoco es dato menor que, llegada la abdicación de don Juan Carlos en su sucesor don Felipe VI, aceptada por la Ley Orgánica 3/2014, ésta fue aprobada por el 85% de los parlamentarios. En consecuencia, el argumento de que la Monarquía de un Estado democrático es una institución antidemocrática es falso, además de una “contradictio in terminis”.

Rebatible es a estos iluminados cerebros que tilden de caduca a la Institución monárquica. Confunden los orígenes de la Monarquía, muy antiguos, con el papel que hoy cumple satisfactoriamente en los países europeos reputados como los más desarrollados, modernos, progresistas y estables del mundo: Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca (el sueño de los separatistas), Países Bajos, Bélgica,  Liechtenstein y… España. Ni caduca ni antidemocrática. Ellos sí son caducos (por seguir doctrinas periclitadas) y antidemocráticos (por vulnerar el Derecho). Les obsesiona el democraticismo patológico de un republicanismo infantil.

Deben saber que la vigente Monarquía parlamentaria difiere de la República parlamentaria en que únicamente el sillón del presidente es electivo. Sólo el suyo.