“El dinero público destinado a batallas ideológicas debe invertirse en ciencia” (Adela Cortina).

        Con motivo de la pandemia que padecemos de manera dolorosa y cruel, un clamor crítico se levanta en España. Una opinión que pone en tela de juicio la dirección y gestión del Gobierno de la Nación en lo que se refiere a la protección de la población y los medios puestos a disposición del personal y servicios públicos sanitarios para hacer frente a este inesperado azote del siglo XXI.

      No es preciso pertenecer a los partidos de la oposición ni situarse ideológicamente enfrente de la actual coalición gubernamental social-comunista para advertir sobradamente la tardanza, la inacción, incluso los errores que ha cometido este mastodóntico Gobierno de veinticuatro miembros, pensado más para  los focos, para una pasarela de modelos, que para enfrentarse a los serios problemas y dificultades que, sin duda, se plantean en las complejas sociedades de nuestro tiempo.

       Sin duda, la crisis en sí y la gestión de este enorme desastre sanitario motivará un áspero y prolongado debate. Nada será igual a partir de aquélla. Se puede decir, con toda rotundidad, que nos ha cambiado la vida. Y cuando pase la tormenta habrá de exigirse responsabilidades al Gobierno del economista Sánchez y del politólogo Iglesias.

          Disponemos de toda una detallada cronología de los hechos y advertencias, desde la aparición de la epidemia en Wuhan, su contagio a Singapur, Irán, Corea del Sur e Italia, como también de los avatares de la lucha y reacción de las autoridades españolas. Por cierto, el COVID-19 también ha puesto a prueba la fortaleza, la capacidad de respuesta ante una crisis extraordinaria y la coordinación interadministrativa en el modelo político del Estado Autonómico. Tema que, en su día, también habrá que tratarse y discutir, porque hay serias dudas en torno a su capacidad de respuesta.

        Pues bien, cuando los Gobiernos se alejan del terreno de la estricta gestión y prestación de los servicios públicos (que deben satisfacer las cada vez más complejas necesidades sociales) y, en su lugar, sustituyen mayoritariamente la actividad administrativa por pura política transida de su particular ideología, incurren en clara deslegitimación para ejercer el poder público. Existe toda una fundamentación doctrinal, filosófica y jurídica, para sostener tal afirmación. Sólo un Gobierno que persiga el bien común, el interés difuso de la sociedad, indiferentemente de los individuos o grupos a los que debe destinar su actuación y recursos, es un Gobierno legítimo (103 CE).

        En el Derecho Público español existe una consolidada doctrina que, en efecto, marca ese camino para las Administraciones públicas (‘indirizzo’), que son entidades vicariales, como para el Gobierno que las dirige, a cuyas órdenes se someten.

       En este sentido, la histórica Ley Orgánica del Estado de 1967 proclamaba que “La Administración […] asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general” (Art. 40.1). El artículo 29.1 de la precedente Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 señalaba que “La actuación administrativa se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia”.  Y la vigente Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, reproduciendo el artículo 103.1 de la Constitución, afirma que “Las Administraciones Públicas sirven con (repárese en el término) objetividad los intereses generales […] y actuarán con eficacia […] y servicio efectivo a los ciudadanos” (Art. 3).

      A la vista de tales principios jurídico-administrativos -que sirven de parámetro de la actuación del Gobierno y las Administraciones Públicas españolas-, cada cual ya puede contestar a la pregunta de si el Ejecutivo español, en la crisis sanitaria del coronavirus, ha actuado pronta y eficazmente.