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Los taxistas, el ministro y las licencias VTC

EFE

En frase castiza de don Hilarión, “hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”. Así está siendo en el sector del taxi. A los taxis tradicionales les han salido unos serios competidores. Se trata de empresas que obtienen una mejor valoración en la prestación del servicio de autotaxi (urbano e interurbano), generalmente a un precio menor y con mayores atenciones al cliente.

Los taxistas se resisten a enfrentarse al reto de la competencia que les hacen compañías como Uber y Cabify, y la guerra (literalmente) está servida. En el verano pasado la hubo, recién llegado el Gobierno Sánchez, y ahora también. Están utilizando una violencia y una agresividad desusada, máxima, hasta tal punto que no resulta exagerado pensar que muchas de sus conductas entran con facilidad en el Código Penal.

El movimiento de los taxistas trata de conseguir que las Autoridades reduzcan la concesión de licencias a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), exigiendo que se sujeten a la proporción de una por cada treinta de aquéllos, amén de otras condiciones, entre las que sobresale el tiempo de precontratación, deliberadamente muy amplio.

Sin embargo, los taxistas deben aceptar que el progreso en el ámbito del servicio público les obliga a asumir que en su prestación ya no están solos. Les quieren acompañar otras empresas que han surgido gracias al marco jurídico europeo que sienta unos principios tan importantes como la competencia y la liberalización; la supresión de cotos cerrados y la eliminación de cortapisas. Por eso, en cumplimiento de Directivas europeas, el Gobierno Zapatero se vio impelido a aprobar la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Y más tarde, el Gobierno Rajoy, la Ley 12/2012, de 26 de Diciembre, de liberalización del comercio y determinados servicios.

Empero el problema se ha agravado en todos los sentidos, desde mi punto de vista, a raíz de la decisión que adoptó a fines del verano pasado el ministro de Fomento, señor Ábalos, titular inicial de la competencia administrativa para intentar resolver el conflicto del taxi con los VTC. En la fecha en que Ábalos se hace de la cartera ministerial, la competencia pertenecía a la Administración del Estado (Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres). Sin embargo, a propuesta del ministro Ábalos, se dicta el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de Septiembre, de reforma de la citada Ley 16/1987, en cuya Exposición de Motivos ya se apunta que “la mejor Administración pública para solucionar el problema es la que está en mejores condiciones para valorar las circunstancias particulares de cada ámbito. […] Por ello se estima (sic) que las Comunidades Autónomas (CC. AA.) son las Administraciones que pueden precisar de forma más eficiente las condiciones de prestación del servicio de VTC. A tal fin se las habilita para concretar aspectos de la reglamentación estatal, sin perjuicio de las competencias municipales”. De esta manera, a través del Real Decreto-Ley 13/2018, el ministro, de forma irresponsable a mi juicio,  ha transferido la competencia sobre los VTC a las CC. AA., lavándose las manos como Pilatos, tachando de la lista de problemas pendientes de solución ministerial el virulento conflicto del taxi con los VTC.

Al menos son dos las consecuencias del error cometido por el Gobierno Sánchez al aprobar la transferencia de competencias -en esta materia- del Estado a las CC. AA. Una es inmediata y muy previsible, teniendo en cuenta la conocida deriva que desgobierna al Estado de las Autonomías territoriales. Se trata de que donde antes decidía un órgano de ámbito nacional, el ministro de Fomento, ahora serán diecisiete Administraciones autonómicas las que adoptarán diecisiete criterios diferentes, con la consiguiente fragmentación perjudicial del mercado nacional y la más que probable discriminación entre territorios.

El segundo efecto que se encadena es que la vigencia del aludido Real Decreto-Ley se opone a la letra y al espíritu de la importante -y necesaria, visto el Estado autonómico- Ley 20/2013, de 9 de Diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, aprobada justamente para lograr lo que expresa su título y garantizar así la libre circulación de bienes y servicios, la coordinación de la planificación de la actividad económica, e impedir que cualquier Autoridad pueda levantar obstáculos a la igualdad de los españoles y de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. Con el Real Decreto-Ley “Ábalos” la unidad de mercado salta por los aires y creo que podría acreditarse, sin gran esfuerzo, la inconstitucionalidad de la mencionada norma excepcional. Estimo que se trata de un retroceso hacia la ya excesiva fragmentación del mercado interior.

Se necesita todo lo contrario: suprimir condiciones y cortapisas económico-administrativas y facilitar el comercio y el acceso a los servicios públicos.

Autor del artículo: José Torné-Dombidau Jiménez

Presidente y socio fundador del Foro para la Concordia Civil. Profesor Titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Granada.

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