“Una ley administrativa tiene, a la larga, mayor trascendencia que muchas leyes puramente políticas” (Laureano López Rodó, ‘Estudios sobre la reforma administrativa’, 1958).

          En este año se cumplen veinte de la desaparición del ilustre profesor universitario y eficaz político Laureano López Rodó (Barcelona, 1920-Madrid, 2000). Cuando el anterior régimen político navegaba por procelosas aguas económicas y las Administraciones y sus funcionarios requerían de urgentes reformas jurídicas (cuyos esquemas provenían del siglo XIX), López Rodó fue llamado a renovar las estructuras económico-administrativas y funcionariales de España para conseguir un Estado eficaz y eficiente. Y el administrativista catalán lo logró. 

         Nuestro personaje gana con 25 años, en 1945, la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue discípulo del prestigioso maestro de administrativistas José Gascón y Marín y se doctoró bajo la dirección del reputado procesalista Jaime Guasp. Estando en Santiago, don Laureano imparte una conferencia sobre la urgencia de actualizar nuestro sistema económico y adaptar las estructuras jurídico-administrativas españolas a las exigencias de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX.

          El azar quiso que a ese acto académico asistiera el Ministro de Educación, señor Rubio, quien favorablemente impresionado regresó a Madrid con las notas que había tomado. En el primer Consejo de Ministros expuso las novedosas ideas del profesor López Rodó. Inmediatamente, éste fue llamado a colaborar con el Gobierno en la apasionante tarea de modernizar la   desfasada organización ministerial y a enderezar el perdido rumbo de la economía y el obsoleto marco jurídico de las Administraciones y su personal.

        Así comenzó, bajo su dirección, la ambiciosa tarea de crear un nuevo marco regulador para la Función pública, aprobando Leyes y poniendo en práctica medidas que rejuvenecerían y harían eficiente el lento aparato funcionarial y administrativo español.

       Ocupó altos cargos en el organigrama de la Administración del Estado. Creó nuevos órganos que ordenaron y revitalizaron la economía, sacándola del marasmo y de la parálisis que arrastraba. Introdujo nuevas y exitosas políticas, como la coordinación administrativa y la planificación económica, experimentadas con éxito en otros países, como Francia. Presidió la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, con categoría de Ministro, y los españoles comprobaron, entre 1962 y 1973, que España experimentó un notable crecimiento del PIB. Algunas voces críticas tacharon la planificación de “desarrollista” y “tecnocrática”. Pero la economía española ganó en competitividad, acortó distancias con los demás países europeos y alcanzó niveles de bienestar y modernidad, aunque aparecieran ciertos desequilibrios y se censurara el carácter unilateral de ciertas medidas que se pusieron en vigor.

         La frenética actividad planificadora desenvuelta por el equipo de López Rodó en la década de los sesenta y primeros setenta consiguió un continuado crecimiento y la extensión por todo el país de mejores servicios públicos. Al final del inconcluso Tercer Plan de Desarrollo (1972-1975) se había logrado una amplia clase media que, como se sabe, constituye la mejor garantía de estabilidad política y base requerida para la democracia. Con una sociedad industrialmente desarrollada y la economía revitalizada y en expansión, se pudo emprender con éxito la aventura política de la Transición a la democracia (1976-1982). Ese “milagro español” constituye, sin duda, el mérito del profesor López Rodó, de cuya obra y trabajo los españoles somos deudores.

       Otro capítulo interesante de la vida de don Laureano fue su faceta de promotor, con el Almirante Carrero Blanco, de la instauración de la Monarquía en la persona de don Juan Carlos de Borbón, para lo cual movió todos los hilos a su alcance a fin de verle nombrado sucesor a título de Rey, como así ocurrió (Vid. “La larga marcha hacia la Monarquía”, Noguer, 691 págs., 1977).

      Mención especial merece la legislación administrativa que, bajo su patrocinio e inspiración, las Cortes Españolas aprobaron a partir de los años 50 y 60. Fue tan importante la aprobación de esas normas sobre Administración local, Expropiación forzosa, Régimen jurídico de la Administración y de los Funcionarios civiles del Estado, Jurisdicción contencioso-administrativa, Procedimiento administrativo, Patrimonio del Estado y Ley Orgánica del Estado, entre otras, que puede decirse que toda esta legislación permitió que el Régimen pudiera ser tenido  como Estado de Derecho administrativo, en el que regía el principio de legalidad, la irretroactividad de los Reglamentos y el control judicial de los actos y normas dictados por las Administraciones públicas.

     La meritoria obra política y administrativa del profesor López Rodó es representativa de una positiva hora de España, beneficiosa para el Estado y sus ciudadanos.