El rey Juan Carlos, en Washington durante un momento de su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos el 2 de junio de 1976. EFE

Hace cuarenta años, el dos de junio de 1976, el Rey Juan Carlos pronunció unas palabras en el Congreso de los Estados Unidos que no deberíamos olvidar. En ellas hizo dos afirmaciones fundamentales, la primera se refirió al sistema jurídico-político norteamericano, la segunda lo hizo en relación con la situación española. Ambas merecen ser recordadas. Respecto de la primera dijo que la filosofía del orden constitucional americano se inspiraba “en el respeto a la libertad del hombre y a la soberanía del pueblo”.

La alusión a nuestro país fue más extensa: “La Monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y extremistas. La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando a través del derecho, y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la justicia”.

Y añadió: “La monarquía hará que, los principios de la democracia, se mantengan  en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado  al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados”.

En definitiva, el Rey no hizo sino plasmar en sus propias palabras los dos principios que inspiraban e inspiran no sólo el orden jurídico-político norteamericano, sino cualquier democracia constitucional: la soberanía popular y el reconocimiento de los derechos y libertades individuales, tanto de carácter civil, como político. Después hubo que hacerlo y, afortunadamente, se hizo.

Tan mala memoria tenemos que en nuestra praxis política hemos perdido de vista los principios que tendrían que inspirarla. La soberanía popular no es sino otra manera de nombrar la voluntad general, una idea de la razón que habría de presidir nuestras acciones políticas, de las de los unos y los otros, una idea abstracta que sólo cabe determinar mediante el ejercio de los derechos y libertades individuales. Este ejercicio sólo puede obtener su justificación en la medida en que sea capaz de mediarse con el interés general. Sólo así evitaremos la arbitrariedad en la política.

Por eso tendríamos que recordar cuarenta años después las palabras clarividentes de nuestro Rey emérito.