Los españoles hemos vuelto a padecer amnesia colectiva. Un injusto manto de silencio oculta una de las conmemoraciones más sobresalientes de la vida política española contemporánea: la firma de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU, de 16 de diciembre de 1966, efectuada por el ministro Marcelino Oreja Aguirre el 28 de septiembre de 1976 por encargo del Gobierno de Adolfo Suárez. Pronto se cumplirá el quincuagésimo aniversario de lo primero y el cuadragésimo de lo segundo. Y la sociedad española no ha reparado en ello.

Es útil traer a la memoria lo que significó aquel trascendente acontecimiento diplomático. Antes de cumplirse el año de la muerte del general Franco (noviembre 1975), la visión de alta política y de conveniencia para los intereses generales que profesaba la generación de la Transición, que encarnó el presidente Suárez, determinó que un Estado como España no permaneciera más tiempo sin que su Ordenamiento jurídico asumiera los compromisos y deberes del respeto a los derechos humanos. Por eso se decidió que el ministro Oreja Aguirre, en representación del Estado español, firmara aquellos Pactos. Con ello España se alineó con su mejor tradición jurídica y liberal. España pretendía dar los pasos obligados para iniciar el camino de ser un Estado de Derecho. El punto de partida fue la Ley para la Reforma Política que aprobaron las últimas Cortes orgánicas el 18 de noviembre de 1976, otra efeméride a conmemorar este año.

En ese sentido, los cambios que España necesitaba se precipitaron a un ritmo inusitado desde que el rey Juan Carlos I pronunció un memorable discurso ante el Congreso de los Estados Unidos el 2 de junio de 1976. En él, el Monarca anuncia que “La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, garantizando a través del Derecho, y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la justicia”. Y a continuación añade: “La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política […]”. Con ello el Rey reconoce que para que exista un Estado democrático tiene que haber un reconocimiento previo de los derechos civiles y políticos. Y esa fue la labor que desarrolló el primer Gobierno Suárez anunciada en el mensaje que éste dirigió al país el 6 de julio de 1976: “…Que los Gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles”. Al mismo tiempo Suárez reconoció su aprecio “por las libertades cívicas y por unos derechos que comienzan en una vida digna, y terminan en la posibilidad de que el pueblo español sea dueño de su propio destino”.

Todos esos pronunciamientos, que comportaron un audaz trabajo político, fueron cumplidos y sus objetivos sobradamente alcanzados. En el inigualado plazo de once meses, el Gobierno Suárez acuerda las siguientes medidas normalizadoras: la firma de los citados Pactos (28.9.1976); la inscripción de los partidos políticos sin requerir autorización administrativa (8.2.1977); la aprobación del Decreto-Ley de libertad de expresión e información (1.4.1977); la legalización del Partido comunista (9.4.1977), y la convocatoria de elecciones libres (15.6.1977), comicios de los que saldrían las Cortes constituyentes que elaboraron y aprobaron la vigente Constitución de 1978.

Todo ello supuso, en palabras de Javier Cercas (“Anatomía de un instante”, Mondadori, Madrid, 2009, p. 432), que la Transición, si bien no tuvo “la alegría del derrumbe instantáneo de un régimen de espantos, es bien cierto que rompió con el régimen anterior, siendo esa ruptura con el franquismo […] una ruptura genuina”. 

Todo lo que acabamos de narrar se hizo. El programa que se cumplió permitió dar los pasos para ir -de un régimen dictatorial en su primera fase y autoritario en su final- a un Estado de Derecho en el corto plazo de los meses indicados, y desveló el coraje político de Adolfo Suárez para conseguirlo.

El cincuentenario de los Pactos de Derechos humanos de la ONU (diciembre 1966), los cuarenta años de su  firma por el Gobierno español (septiembre 1976) y los también cuarenta años del referéndum de aprobación de la Ley para la Reforma Política (15.12.1976), merecerían que reflexionáramos y reserváramos algún tiempo para celebrar estos importantes hitos que facilitaron nuestra incorporación al sistema político regido por los principios de soberanía popular y reconocimiento de los derechos y libertades individuales, la vigente Monarquía parlamentaria.

Esos principios habrán de inspirar cuantos cambios tengamos que acometer, aunque con respeto a los procedimientos legales, al mayor de los consensos y a los pilares de nuestra Constitución, cimiento de nuestra convivencia cívica.

Por eso deberíamos honrar a quienes la hicieron posible en el reconocimiento de nuestra dignidad.      

FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL

Publicado en IDEAL de Granada  el 13 de julio de 2016