Como al Parlamento le sobra tiempo y recursos (no en vano sus señorías se han subido el sueldo) y no sabe en qué emplearlos, se la ha ocurrido al PSOE de Pedro Sánchez, primero mediante Carmen Calvo y, hoy, con Félix Bolaños, tramitar una indefendible y muy nefasta Ley que llaman de Memoria Democrática, edición   corregida y aumentada de la de Zapatero de 2007. 

      Una Ley que, si Dios no lo remedia, se aprobará. Una Ley innecesaria, rencorosa, injusta. Una norma que destruye la reconciliación y el pacto constitucional de la Transición, trascendental etapa en la que se consensuó y refrendó la Constitución de 1978, con la que se recuperaron las libertades, la democracia  y se dignificó la figura del ciudadano. 

       El proyecto de Ley que critico atribuye al Gobierno el papel inadecuado de historiador, función que, yo sepa, no figura entre las competencias legales de este órgano, cabeza del Poder Ejecutivo. Este proyecto normativo convierte al Gobierno en un intruso de la historiografía. Tanto la Exposición de Motivos como su articulado imponen un relato histórico que los españoles -y los escolares- tendrán obligatoriamente que saber o aprender. Es como cuando Franco estableció aquella asignatura titulada ‘Formación del Espíritu Nacional’ pero con más lagunas y tergiversaciones, a casi noventa años de aquellos desgraciados acontecimientos.

        El delirante proyecto a que aludo profundiza la división entre los españoles. Vuelve a resucitar la rancia y rechazable división de “rojos” y “nacionales”, o sea: “progresistas” y “fascistas”, en la terminología actualizada de Rodríguez Zapatero. Estas descalificaciones no se oían desde la terminación de la Guerra Civil. 

       La ignominiosa norma es, también, represiva: crea una Fiscalía especial para perseguir imaginarios fantasmas fascistoides. Y prevé cárcel, y multas, para quien disienta del proyecto sanchista. Indudablemente, la futura norma es el correlato de la Ley franquista de Responsabilidades Políticas de 1939.

        Estando las cosas así, el pasado Agosto la portavoz ‘popular’ en la Comisión Constitucional del Senado solicita que diversas personalidades de UCD comparezcan a exponer su opinión sobre la Transición, pues el Proyecto de Ley reescribe la Historia, y, en un rapto estólido, extiende la sombra del franquismo ¡hasta el 31 de Diciembre de 1983!, cuando llevábamos ya cinco años aplicando la Constitución y celebradas tres elecciones generales, autonómicas y locales. Según esa previsión, Felipe González también era franquista.

      Pues bien, el Grupo socialista en el Senado, secundado entusiásticamente por UP, ha rechazado la comparecencia de los señores Martín Villa (lean su Discurso de recepción en la R. A. de Ciencias Morales y Políticas), Arias-Salgado, Marcelino Oreja, Soledad Becerril, Ortega Díaz-Ambrona y Carmela García-Moreno.  

     Que se impida a cualesquiera personas, en este caso protagonistas de la Transición, a expresarse libremente en el Senado de su país, me parece inconcebible.