Para tener un cabal juicio sobre las ventajas o inconvenientes de la forma monárquica del Estado bastaría con imaginarnos que, a las diferentes convocatorias electorales del presente año (andaluzas, municipales y autonómicas, posibles catalanas y generales del otoño) se añadiera la elección para la presidencia de una hipotética República.

En efecto, en plena resaca de los resultados, pactos, conversaciones, componendas y arreglos de los diferentes partidos para formar gobiernos locales y autonómicos, nada sería más representativo de la tensión que soportaríamos que sumar la lucha política por situar a uno de ‘los nuestros’ en el sillón presidencial.

Que conste que, desde el punto de vista democrático, el sistema político monárquico constituye una anomalía, una distorsión, una excepcionalidad, pues cargo tan importante como la jefatura del Estado no se cubre por votación del pueblo sino hereditariamente. Pero esta aparente anomalía se purga si tenemos en cuenta que el Rey reina (y no gobierna) porque lo quiere la mayoría; que el Rey sólo dispone de ‘auctoritas’ y no de ‘potestas’; que en la Monarquía parlamentaria la Asamblea de representantes tiene la facultad de destituirlo, en su caso, y que, en definitiva, los actos del Rey necesitan ser refrendados diariamente por los gobernantes, que responden. Y lo importante: en la Monarquía de un Estado democrático como el español, esa Alta magistratura necesita ser modélica, ejemplar y moralmente intachable para permanecer en el ejercicio de sus regias atribuciones.

Intento llevar al ánimo del lector que la forma monárquica de Estado llamada Monarquía parlamentaria es una forma de gobierno que tiene más ventajas que inconvenientes. Si se me apura diré que, teniendo en cuenta la peculiar trayectoria de los españoles a lo largo de la Historia contemporánea, resulta la forma de gobierno más útil, ventajosa y estable que su contraria la republicana.

Justamente en estos días se conmemora, sin fastos y con absoluta cotidianeidad, la abdicación, voluntaria y pacifica, del Rey Juan Carlos I. Recordemos que se hizo para recuperar el crédito y preservar a esa institución de los efectos negativos de un creciente malestar popular por ciertos episodios que concurrieron. He aquí cómo, perdida la autoridad moral, el titular de la Corona ha de abandonar el cargo.

Ha transcurrido ya un año desde la proclamación del Rey Felipe VI. Ha habido un cambio en la titularidad de la jefatura del Estado, ‘inter vivos’, de las pocas veces en nuestra Historia, y no se ha producido ningún cataclismo ni el cambio ha sido causado por ninguna revuelta popular ni ha aparecido ningún uniforme en el escenario más que el de los ujieres del Congreso en la ceremonia, escueta y contenida, del juramento del nuevo Rey. En este aspecto parece que los españoles vamos madurando y comportándonos como adultos en política.

Hoy tenemos un nuevo jefe del Estado sin apenas advertirlo. Se ha hecho una transmisión de poderes conforme a la Constitución, otro hito en nuestra atormentada vida política. Una persona mayor, perteneciente a la generación de la Transición, ha cedido su puesto a otra más joven, aunque formada, y la vida del Estado, como la de los ciudadanos, no se ha visto afectada ni alterada en nada. Las medidas adoptadas por el nuevo monarca han transitado por la senda correcta y acertada: neutralidad, transparencia, exclusividad en las altas funciones que cumple la Familia real, reducción de gastos y boato, ejemplaridad, atención a la opinión pública y exigencias sociales, y eliminación de cualquier frivolidad, amiguismo o favor cortesano.

Felipe VI es el Rey de la España del siglo XXI. Representa a la nueva sociedad, cambiante, difícil, compleja, atormentada por razones económicas y sociales, sufridora de la enfermedad más característica de esta centuria: la falta o escasez del trabajo.

Disponer de un árbitro así, que no participa en el juego y en los intereses políticos partidistas sino que está situado a distancia del huracán de las pasiones políticas es, ciertamente, una gran suerte y ventaja. Felipe VI, Rey de una Monarquía democrática y parlamentaria, cumple su papel a diario sin que notemos el peso de su importante función.

Ha transcurrido un año y casi no nos hemos dado cuenta de que ha cesado aquel Rey que decidió limitar sus amplios poderes y traer la democracia para los españoles y que un nuevo jefe del Estado ha accedido, sin traumas, a la más Alta magistratura.

Para aquellos que, de espaldas a esta realidad, apuestan por dinamitar el orden constitucional de 1978 o, con nostalgia o irreflexivamente, sueñan con la Tercera, habría que alterar el título de la obra del escritor checo Milan Kundera y afirmar la soportable levedad de la Monarquía parlamentaria.