Cuando Juan Manuel Moreno Bonilla -secundado por Juan Marín- tomó posesión de su cargo de presidente de la Junta de Andalucía, lo hizo enarbolando la bandera del  esfuerzo por la prosperidad de los andaluces.

     Durante casi cuarenta años Andalucía ha estado encorsetada bajo un verdadero régimen político: el régimen socialista. Un régimen que, por el largo tiempo de ocupación monopolística del poder regional, ha situado a esta tierra a la cola de las magnitudes económicas y sociales; en el empobrecimiento en tantos aspectos, incluida la corrupción, y en un clima de estancamiento que ha venido ahuyentando a inversores que querían apostar por esta California europea que tanto promete.

     Producto de una estable coalición entre el Partido Popular y C’s, el actual Gobierno andaluz ha puesto el énfasis en liberar a Andalucía de las ataduras y políticas izquierdistas. 

     La coalición sabe que una desregulación económica y una simplificación de trámites y procedimientos administrativos desembocan, inexorablemente, en un aumento de la productividad, la riqueza y el empleo para Andalucía. 

     En efecto, Moreno Bonilla y Juan Marín se han convertido -desde el primer día del mandato parlamentario- en orfebres del taller de la prosperidad de Andalucía, tierra generosa y fértil, si se la cuida. 

      El actual Gobierno de coalición andaluz, está acertando con la eliminación de trabas burocráticas. Pretende una Administración autonómica que no sea rémora ni freno de inversiones y actividades; y cumple la promesa inicial de simplificar las innumerables y entorpecedoras regulaciones que asfixian la iniciativa privada y que actúan como aparato ortopédico más que como rampa de lanzamiento de ideas, conocimiento y proyectos.

     Estos últimos meses, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha ido recogiendo en sus páginas la labor simplificadora, eliminatoria de la selva normativa y organizativa vigente a la sazón, con objeto de suprimir excesos regulatorios y duplicidades orgánicas que lastran el desarrollo económico y crean disfuncionalidades presupuestarias que tanto perjudican el bienestar de los andaluces.

     El ansiado aggiornamento y simplificación de la Administración andaluza fue iniciado con el Decreto-Ley 3/2021, sobre “Agilización administrativa y racionalización de recursos”, que hizo una  primera poda de trámites administrativos superfluos. 

    Con posterioridad, se ha publicado una nueva y prometedora norma, verdadero código urbanístico,  representado por la Ley 7/2021, “de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía”.

     Empero es en el Decreto-Ley 26/2021, “de Medidas de Simplificación Administrativa y Regulatoria para la reactivación económica”, donde encontramos el acta fundacional de un nuevo Derecho Administrativo para Andalucía. 

      La disposición ocupa casi 200 páginas del Boletín Oficial, y elimina numerosísimos obstáculos a la actividad industrial y económica de Andalucía.

     Con esta labor administrativa, la prosperidad de los andaluces está más cerca.