El Estado democrático de derecho se asienta sobre una idea, la de la soberanía popular o voluntad general que no es meramente una abstracción, sino que requiere de su realización. Esto quiere decir que hemos de encontrar el mecanismo que nos permita determinar la voluntad general de manera tal que en esa determinación permanezca la misma voluntad general. Dicho de manera más sencilla, los regímenes liberal-democráticos se fundamentan en el interés general, que ha de estar presente también en las determinaciones particulares que de esa voluntad general se realicen. Solo así, en la mediación entre interés general e interés particular o una determinada mayoría de intereses particulares, se justifican las decisiones que se adopten mayoritariamente, pues garantizan a la vez tanto la defensa del primero, el interés general, como la del segundo, el interés particular o una acordada suma de ellos, sin que ninguno, ni el general ni el particular, quede suprimido. Si así sucediera, entonces nos encontraríamos con las inconveniencias bien de un régimen asentado en el terreno de la abstracción, que es el propio del terror, bien en las de una sociedad presidida por el egoísmo de las decisiones particulares, en tanto que arbitrarias y caprichosas.

Dentro de este marco que define las actuaciones políticas dentro del Estado democrático de derecho, el Presidente del Gobierno es elegido, en nuestro sistema parlamentario, por la mayoría absoluta, en primera instancia, o simple, cuarenta y ocho horas después, por el Congreso de los Diputados. El Presidente, una vez elegido, nombra a los miembros de su Gobierno. Parece evidente que si la legalidad del nombramiento del Presidente del Gobierno, como la de sus ministros por parte de este, proviene del ajustamiento a las normas establecidas por la Constitución, no se entiende muy bien que el Presidente pueda deber su nombramiento a fuerzas que pongan en cuestión las normas por medio de las cuales obtiene su nombramiento. Tampoco se comprende del todo que pueda nombrar como ministros a quienes quieren no mudar, sino derribar la Constitución. Esto no quiere decir que en nuestro sistema no se permita la crítica y cambio de la Constitución, siempre que este se realice de acuerdo con lo establecido en ella. Nosotros no poseemos, como Alemania, una oficina de protección constitucional, por lo que no solo es legal, sino también legítimo que haya fuerzas políticas que quieran cambiar de régimen político, unas por querer la propia independencia de los territorios en los que actúan, otras porque no les satisface la monarquía parlamentaria establecida por nuestra Constitución, por lo que consecuentemente proponen la resurrección de la República. Están es su derecho y por tanto no hay objeción alguna a que puedan defender sus posiciones, aunque eso no implica que lo que defienden sea acertado, en mi opinión es un completo error, aunque tal objeción habrá de ser objeto de otro debate.

He dicho más arriba, que no se concibe que el Presidente del Gobierno deba su elección a fuerzas que de una manera, la defensa del independentismo y la quiebra, por tanto, de la soberanía popular, o de otra, la resurrección de la República, ponen en cuestión nuestro régimen jurídico-político. No se entiende o al menos yo no lo comprendo. ¿Cómo es posible sostenerse en lo que te niega? Solo lo sería si se te reconociera en aquello que te niega, pero este no es el caso, puesto que de lo que se trata es de suprimirte, sea la voluntad general, sea la forma de Estado y los principios en los que se sustenta. La naturaleza del Gobierno exige que su fundamento, esto es, los votos que lo apoyan, sean coherentes con aquello que se está eligiendo, un Gobierno que ha de actuar en nombre del interés general dentro de la Constitución, por lo que es irracional que se sustente en quienes quieren quebrar el orden jurídico-político. Pondré un ejemplo, a quien se le ocurriría pedir ayuda a quien defiende justamente ideas contrarias. Si se acudiera a esa persona y me la prestara, el precio que me haría pagar sería evidentemente muy alto, excesivamente costoso, por lo que terminaría haciéndomelo pasar muy mal.

Un segundo problema que ahonda en el anterior, es que el Presidente del Gobierno no sólo admite los votos de aquellas fuerzas contrarias al orden constitucional, sino que además introduce a una de ellas en el mismo Gobierno. Está claro que con la primera medida, la aceptación de esos votos de fuerzas anticonstitucionales, el Gobierno nace absolutamente debilitado. Pero con esta segunda, la situación del Gobierno es completamente insostenible. Señalo dos citas sacadas de la prensa de ayer y además del periódico que sostiene a este Gobierno y que evidencian la dificultad en la que nos encontramos. La primera recoge unas palabras de Felipe González: “[Si] alguno de los socios, por decir algo, o no socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas de juego con la UE, estos se están autoexcluyendo y el Gobierno no puede tolerarlo” (El País, 16 de abril de 2020, pág. 13). Creo que sobra todo comentario, es muy claro, Iglesias ni es socio ni defiende la Constitución, lo que no plantearía problema alguno fuera del Gobierno, pero dentro, es completamente cancerígeno, destructor de todo el edificio constitucional. A qué árbol se le ocurriría acoger voluntariamente en su seno a unas cuantas termitas. Si el árbol razonara, que es lo propio de todo ser humano, las rechazaría, aunque si fuera demócrata, admitiría que pulularan a su alrededor.

El propio periódico El País, en su editorial del mismo día critica al vicepresidente no solo por la lectura sesgada y simple que suele hacer de la Constitución, sino especialmente por haber vertido el día 14 de abril, aniversario de la II República, “juicios derogatorios del vigente sistema constitucional”. Esto es admisible y criticable en el debate político, pero es incomprensible en alguien que forma parte del Gobierno de una monarquía parlamentaria. ¿Se imagina alguien que esto pueda suceder en un país civilizado? Añade el editorial que todos los representantes políticos se deben a la Constitución, “comenzando por quienes como él [Iglesias], han comprometido su palabra dos veces, como diputado y como vicepresidente”. No basta, pues, con una negación, la de los independentistas, ni con dos, la de nuestro vicepresidente y ministros de su formación. Parece que sean necesarias tres negaciones para alcanzar la más alta cima. Veremos qué santuario es el que erigen.

Esto muestra que en la situación en la que nos encontramos a fin de alcanzar un acuerdo nacional, Gobierno de concentración o Gobierno constitucional no parece posible con estas mimbres. Los Pactos de la Moncloa se lograron porque los comunistas encabezados por Carrillo tuvieron la audacia y sensatez de renunciar a la República como forma de Estado a cambio de que los valores republicanos se incorporaran a nuestra Constitución, que fue lo que sucedió al sustentar la misma no sobre la soberanía de un Rey, sino sobre la soberanía del pueblo, al mismo tiempo que se le reconocían a sus ciudadanos toda una gama de derechos y libertades, que son los que garantizan que el señor Iglesias pueda seguir defendiendo sus insensateces sin temer que pueda ser excluido del juego político, lo que no parece que él mismo sostenga respecto de quienes le incordian en exceso.

En conclusión, si la naturaleza del Gobierno exigiría que se atuviera a los presupuestos de que he hablado, entonces esto que tenemos no es un Gobierno, es un engendro.