Se mire por donde se mire, la “Mesa de diálogo”, según los sanchistas, o “de negociación”, según los secesionistas catalanes, resulta una astracanada política y   una anormalidad constitucional. 

       Y lo es porque crea falsas expectativas y espurias ensoñaciones. La ‘Mesa’ es una patraña que busca engañar al pueblo; una aberración constitucional. 

      El esperpéntico encuentro entre Sánchez y Aragonés, como si de dos Jefes de Estado se tratara, representa, más bien, una ridícula escena monegasca, un desatino político-constitucional pues el ordenamiento jurídico español no contempla tal órgano. 

      La ‘Mesa’ es, por tanto, un órgano ‘de facto’: sin norma legal creadora, sin procedimiento previsto, sin orden del día, sin publicidad, sin competencias preestablecidas, sin secretaría, sin actas… Y, lo más inquietante: un órgano en el que se quieren tratar asuntos que son indisponibles para Sánchez y Aragonés: autodeterminación y amnistía, materias vetadas por la Ley de Leyes. 

      Ellos saben que la ‘Mesa’ no puede resolver tales asuntos, que sólo pertenecerían a las Cortes Generales y al pueblo español. Por tanto, Sánchez no habla en nombre de los españoles, y Aragonés sólo en el de los separatistas. En verdad se mueven por sus respectivos partidos, PSOE y ERC, que se necesitan. Uno, para permanecer en La Moncloa; el otro, en el Palacio San Jordi.

          Por muy importantes que se crean, ni el presidente del Gobierno ni el de una Región de España pueden decidir lo que corresponde al titular de la soberanía nacional, el pueblo español, y a su representante, las Cortes Generales. Lo demás es perder el tiempo, templar gaitas, humillar a la Nación española (la retirada de la bandera lo dice todo), vulnerar el orden jurídico-constitucional y exhibir ante el separatismo una espantosa  debilidad del Estado, al que se le hunde en la indignidad, como sucede con Sánchez.

      Por todo lo anterior, el presidente del Gobierno carece de legitimidad y autoridad política para celebrar esos encuentros que perjudican la cohesión y autoridad del Estado. La ‘Mesa’ es una frívola ocurrencia extraparlamentaria, ilegitima, infamante.

     Lo que se pretende en esa Mesa de la vergüenza es absolutamente improcedente. Y la razón, repitámoslo, está en la Constitución, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, siendo el pueblo español el titular de la soberanía nacional. El único que puede decidir. No el Gobierno del Estado ni el de la ‘Generalitat’ catalana. Al final, todo se reduce a unas burdas maniobras de supervivencia de ambos mandatarios.  

      Pues bien: cuando se carece de legitimidad política y se juega con el Derecho se destruyen las libertades civiles y la propia democracia.

       A Sánchez, parece no importarle: “Con razón o sin razón, mi sillón es lo primero”.