Prueba de que al Gobierno no le importa el deterioro que pueda sufrir el bienestar y progreso de los españoles es el último producto de la factoría Moncloa: el Decreto-Ley 31, de 29 de Septiembre, de Medidas Urgentes en materia de Educación No Universitaria, último de la larga treintena que desde Enero lleva aprobados el Gobierno, eludiendo al Parlamento en su función legislativa.

       Pues bien, las tres medidas que la Ministra, señora Celáa, ha colado en esta norma urgente pasarán a la historia de la vergüenza nacional. La primera es que un alumno puede pasar de curso sin límite de suspensos. La segunda, que se deja en manos de cada Comunidad autónoma los criterios de evaluación. Contaremos así con dieciocho criterios diferentes, uno por cada Comunidad, más el Estado. Y tercera medida: que se suspende la obligatoriedad del máster para ejercer como docente.

           ¿Qué sucede con la educación, que durante la etapa democrática llevamos aprobadas ocho Leyes, cada una del color político del Gobierno de turno? ¿Qué pasa con la educación, que los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para consensuar un texto? Por el contrario: constituido un Gobierno, éste amenaza con imponer unilateralmente su particular modelo educativo. Perverso sistema.

          Así es actualmente. Cada Comunidad autónoma sigue su particular sistema educativo, su propio calendario, sus propias asignaturas, sus propios contenidos y su singular nivel de exigencia, siempre a la baja.

           De esta guisa es la educación de los españoles. Así tenemos el deplorable nivel que exhiben nuestros hijos y nietos: por lo general, un analfabetismo galopante y un manto de ignorancia creciente que cubre la Piel de Toro. Consulten los informes PISA y conocerán el lugar que las autoridades europeas reservan a nuestros estudiantes. Un escándalo.

      Con las bendiciones oficiales y la alegría momentánea del personal, a partir del decreto Celáa va a ser más intenso el deterioro de la formación y cultura de nuestra población estudiantil.

      La fácil solución ministerial, consistente en rebajar la exigencia, es abiertamente perjudicial para los alumnos. Hoy podrán respirar sus familias, y aplaudirán también los estudiantes, pero en un mañana cercano se recibirán los amargos frutos de este devastador cuadro educativo español: reducción de conocimientos, eliminación del esfuerzo personal y carencia de estímulo para aprender. Lo contrario de una buena educación.

        Más tarde, estos alumnos “indultados” ingresarán en la Universidad. Y ésta, desgraciadamente, tendrá que acomodarse al corto nivel con el que acceden.

      ¡Pobre Universidad pública y pobres profesores, tener que sembrar en barbecho!

       Porque el daño que se hace hoy a los alumnos -dándoles falsas facilidades- provocará una ruina nacional y perjudicará su futuro, pues tendrán que competir con la Universidad privada y el mercado internacional.

    ¡Menos mal que estos gobernantes son progresistas!