El zapaterismo nos ‘obsequió’ en 2007 con una innecesaria Ley de ‘Memoria Histórica’. Hoy, incomprensiblemente, el sanchismo nos trae otra, la de ‘Memoria Democrática’, desafortunada hasta en el título. Vuelve a la carga esta izquierda con una norma todavía  más radical y sectaria.

      Si hacemos caso a su Exposición de Motivos, el Proyecto de Ley pretende implantar un nuevo relato sobre la República de 1931, la Guerra Civil y el Régimen de Franco. Pareciere que el PSOE no fue uno de los partidos protagonistas -y perdedores- de la contienda civil.

      Ahora, tras casi medio siglo de vida democrática, en nombre de una falsa concordia, con desprecio del pacto constitucional alcanzado en la Transición, el sanchismo quiere enviar a las páginas del B.O.E., sin consenso con la oposición, una Ley que divide y enfrenta a los españoles, que crispa y tensiona, que distingue entre buenos y malos, víctimas y verdugos, y que, en el paroxismo de la sinrazón, encarga al Gobierno reescribir la Historia. Con este proyecto de Ley, el PSOE quiere arrinconar a la derecha y ganar en la paz lo que perdió en la guerra.

       Esta es una Ley de parte. Amnésica. Tergiversa la verdad. Es la visión interesada de un segmento social, de un partido que regresa al guerracivilismo con una reglamentación extemporánea, liberticida, injusta. Los juristas romanos a este tipo de Leyes les llamaban Leyes inicuas, irritantes, cuya desobediencia justificaban.

        Aprobar ahora una norma general como esta, minusvalorando la reconciliación de los españoles lograda hace más de cuatro décadas -merced a una Constitución consensuada, que instauró libertad y democracia-, es un disparate político alimentado por la ceguera de una determinada ideología, que yerra.

      Imponer esta norma, regresiva e inicua, significa, además, traicionar dos cosas: una, el espíritu de la Transición -modélica página de nuestra reciente Historia que resolvió nuestro viejo problema de convivencia-, y, dos, la promesa de nuestros representantes de entonces, de no repetir hecho tan aberrante como una contienda civil.

     El proyecto de Ley de Memoria Democrática, impulsado por una persona políticamente revanchista y justiciera, como es Carmen Calvo, niega, por añadidura, la ecuánime y bienintencionada Declaración de 1986 del Gobierno de Felipe González, donde leemos: […] “El Gobierno expresa también su deseo de que el 50 aniversario de la Guerra Civil selle definitivamente la reconciliación de los españoles y su integración […] en la democracia […] para que nunca jamás vuelva el espectro de la Guerra Civil y el odio  a recorrer nuestro país […]”.

     Y aún llega esta Declaración, con elegante sensibilidad, a respetar a quienes, “desde posiciones distintas a la democrática, lucharon y sacrificaron su propia existencia”.

     ¡Qué lejos de la concordia! Más bien esta futura norma recuerda un ajuste de cuentas.