El Correo de Andalucía

Pues verán ustedes: el título para este comentario lo he tomado prestado de la célebre película “El Congreso se  divierte”, de 1966.

La película tiene el siguiente argumento: Después de las guerras napoleónicas los gobernantes y estadistas de  toda Europa se reúnen en Viena en 1814 para pactar un nuevo orden internacional. El astuto Metternich, ministro del Emperador austríaco, actúa de anfitrión y hace lo posible para distraer a sus huéspedes, con la taimada intención de que no asistan a las sesiones de la Conferencia y le permitan hacer y deshacer el traje de Europa a la medida de sus intereses. Una joven ingenua, la actriz Lilli Palmer, se verá inmersa en estas intrigas que ella tomará como una aventura romántica con el poderoso y apuesto Zar de todas las Rusias.

Pues bien, salvando las distancias, la Junta de Andalucía parece que se divierte con la política de personal al servicio de su Administración, menospreciando cuestión tan seria como es la función pública.

De esa manera, desde la fundación de la Comunidad autónoma, allá por los primeros años 80, la Junta no ha hecho otra cosa que, por una parte, aumentar el número de empleados públicos y, por otra, colocar a sus afines como interinos.

Hoy, por ello, contamos con un número enorme de interinos, verdadero dolor de muelas para la Junta, pues ésta fracasa en su empeño de querer convertirlos en funcionarios de carrera, dado que la Jurisdicción contencioso-administrativa anula las frecuentes y ventajosas  convocatorias para su funcionarización.

Ahora la Junta de Andalucía, con estos palos de ciego en materia de personal, se ha superado a sí misma vulnerando la legalidad. Recientemente ordenó que sus empleados públicos no  cumplieran las 37 horas y media a la semana, sino solo 35. Ha querido demostrar así la Junta que ella trata a su personal mejor que la AGE al suyo.

Sin embargo, el Estado, como no puede hacer excepciones, y menos injustificadas, se ha opuesto a que la Junta se salte a la torera las 37,5 horas semanales de trabajo efectivo, y, por tanto, la AGE acudió al Tribunal Constitucional y éste ha declarado la nulidad del Decreto-Ley 5/2016 de doña Susana.

Pero la Junta de Andalucía no se ha dado por vencida y ha permitido que las dos horas y media que faltan para cumplir la jornada presencial se puedan computar “online”, desde casa, apuntándose a un cursillo de budismo, de meditación, de cocina, aprendiendo idiomas, o el tenis.

En fin, la inefable Junta no cesa de sorprendernos con estas decisiones tan erradas, costosas y contrarias a los intereses generales.

Una vez más la Junta opta por la teoría lampedusiana: cambiémoslo todo para que todo siga igual.

Es decir: peor.