Un clima político tenso se respira, fruto de aquella malhadada ocurrencia “zapaterista” de revisar la Historia.

         A más de cuarenta años de los hechos, y mediando  una Ley de Amnistía, se pretende ahora abrir, torticeramente, una Causa General contra la Transición en la persona del que fue Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Reino de España, Rodolfo Martín Villa.

          Préstase a esta innoble tarea una juez argentina animada por el español Baltasar Garzón, separado de la Carrera Judicial por prevaricación e íntimo amigo de la presente Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, quien, faltando a la imparcialidad debida, ha ordenado a sus subordinados allanar el camino a la causa abierta en Buenos Aires.

        Estamos en la hora de los disparates políticos. Disparate es tachar la Transición de genocidio, y disparate es acusar de delitos de lesa Humanidad a un relevante político de entonces cuya gestión pública contribuyó, con otros, a recuperar las libertades y la reconciliación entre los españoles. Acontecimientos de los que fui testigo.

        Pero una izquierda rancia y sus corifeos resentidos cuestionan una de las más brillantes empresas políticas españolas que permitió el tránsito pacífico de una   dictadura (que algunos califican de Régimen autoritario) a la democracia.

         Quienes cultivan el odio se empecinan en tergiversar el pasado. Niegan legitimidad democrática a la Monarquía parlamentaria y persiguen con saña a algunos actores de entonces que, mal que les pese, aun procediendo del franquismo, posibilitaron la democracia.

        Estos cuervos justicieros olvidan que, conforme a la Constitución, rige la presunción de inocencia; que, en consecuencia, todo presunto delito exige prueba; y que la Transición no fue un proceso político impuesto, sino libremente pactado por los partidos políticos y respaldado por el pueblo español en un ‘referéndum’ abrumador.

         Hay una izquierda extraviada que se obstina en etiquetar la Transición de franquista, de pacto de silencio. Quienes así piensan lo hacen por ignorancia o mala fe y faltan a la verdad.

         Esa izquierda montaraz tendría que reconocer altura de miras en los llamados “franquistas reformistas”, que, en aras de la democracia, renunciaron a sus cómodas prebendas. Sin ellos, o contra ellos, hubiera sido muy costoso recuperar las libertades, y, sin embargo, el consenso fue posible.

        Con la oposición democrática, por una parte, y los franquistas reformistas, por otra, renunciando ambos a posiciones maximalistas, se logró el consenso necesario para salvar el grave obstáculo de una dictadura.

        Agitar las madres, resucitar viejos resentimientos, levantar acusaciones -sin fundamento- a políticos del pasado con la consecuencia de encizañar la convivencia y la finalidad de deslegitimar la Transición, es una grave irresponsabilidad y una injusticia, que a nada bueno conduce.

        Resplandezca la verdad. Asumamos los españoles nuestra Historia, no parte de nuestra Historia. Pues nunca elegiremos parte de España, sino elegimos España.