Es algo así como cazador cazado. En efecto, la Ministra de Hacienda en funciones, la andaluza señora Montero, ha tenido el atrevimiento de ordenar  recientemente la intervención de las cuentas de Andalucía alegando un pequeño déficit del 0.5%, cuando ella, como Consejera de Hacienda, ha sido la responsable del presupuesto andaluz durante todo el año 2018 y, por tanto, del desajuste contable que ahora, en 2019, denuncia y castiga. Interventora intervenida, podríamos decir.

     A pesar de la mediocre gestión desarrollada como Consejera de Hacienda de Andalucía -y de ser corresponsable de Gobiernos andaluces que, en casi 40 años, no han logrado el desarrollo económico y el bienestar de los andaluces-, la señora Montero, no obstante, ha sido ascendida al cargo de Ministra de Hacienda.

       Este caso me recuerda, salvando las distancias, el de Arias Navarro, cuando, siendo Ministro de Gobernación, ETA asesinó al presidente Carrero Blanco. Todos pensamos que la carrera de Arias Navarro había terminado, pues él era el responsable de la seguridad del presidente del Gobierno. Sorprendentemente, Franco lo nombró presidente del Gobierno en sustitución del presidente asesinado. Se premió así lo que a todas luces fue una grave negligencia.

         Igual sucede en el caso de la señora Montero, con la circunstancia agravante de que estamos en democracia y en este sistema político es exigible la transparencia y la idoneidad contrastada en el nombramiento de los cargos públicos. La señora Montero ha sido, pues, premiada por Pedro Sánchez al nombrarla ministra. Es así como una deficiente gestión en Andalucía obtiene en Madrid el premio con una importante cartera ministerial.

         Y bien, ejerciendo el cargo ministerial la señora Montero ha decidido cortocircuitar, asfixiar y obstaculizar el proyecto de renovación y saneamiento que pretende el Gobierno liberal-conservador del señor Moreno Bonilla. La manera de hacerlo ha sido artera, con opacidad, y sin previo aviso, como actúa quien no le duele que el pueblo andaluz pague lo que otros han roto.

        Así pues, la intervención de las cuentas de la Comunidad autónoma de Andalucía decretada por Montero con el regocijo y beneplácito de su jefe de Moncloa, Pedro Sánchez, es una medida injusta, partidista y claramente revanchista; una decisión que no se aplica a otras Comunidades autónomas presididas por socialistas, como  la Valenciana, a las órdenes del ambiguo Ximo Puig, entregado al nacionalismo pancatalanista y a las excentricidades negativas del podemismo bolivariano.

     Se olvida que fue Rodríguez Zapatero quien, siguiendo las instrucciones conminatorias de las Autoridades europeas, tuvo que tomar la iniciativa para reformar urgentemente el artículo 135 de la CE para que el Estado dispusiera de poderes con objeto de limitar y reducir, en su caso, el déficit financiero de las Administraciones autonómicas.    

        Si la sorpresiva e infundada intervención ministerial en las cuentas de la Junta de Andalucía fuerza a ésta a aprobar recortes presupuestarios -y a los andaluces a apretarse el cinturón- ya sabemos quiénes son los responsables: María Jesús Montero y Pedro Sánchez.