Toma de posesión de Quim Torra. Foto: Generalidad de Cataluña.

Creo que los discursos, afirmaciones y hechos que han rodeado la elección de Quim Torra como presidente oficial de la Comunidad autónoma de Cataluña han despertado el estado de ánimo que sirve de título a esta tribuna de opinión. Sí, indignación. Ese sentimiento de intenso enfado que provoca una frase o un acto, que se considera injusto, ofensivo o perjudicial.

Se trata de una reacción anímica espontánea contra algo que se considera inaceptable. Y, en efecto, es inaceptable el ‘procés’, que contra viento, marea y el Estado de Derecho culminó en la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de Octubre robándole a los españoles su derecho a decidir sobre lo que sea su patria. Inaceptable es que se acordara la aplicación de la salvaguarda del Estado, la ‘coerción federal’ del artículo 155 CE, y se aplicara tarde y mal. Tarde porque, a mi juicio, la decisión de acudir a ese instrumento constitucional para frenar la sinrazón separatista, el golpismo en definitiva, debió haberse adoptado mucho antes, cuando el Parlamento catalán se atribuyó la soberanía política para iniciar el camino de la independencia, y, en todo caso, al día siguiente de haberse aprobado las ignominiosas Leyes de ‘desconexión’ de los días 6 y 7 de septiembre último. Acudir al artículo 155 con la República catalana declarada y firmada por los parlamentarios y fuerzas secesionistas es realmente una decisión gubernamental tardía, y la política requiere, como se sabe, acertar en el ‘tempus’. Las medidas requeridas han de ser oportunas en el tiempo.

Inaceptable resulta, así mismo, que en la defensa del Estado y de su integridad territorial; en la protección del Estado de Derecho (la secesión se pretendía unilateral y en contra del Ordenamiento constitucional) sólo hayan concurrido tres partidos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos). Y más inaceptable resulta aún que socialistas y el Partido naranja hayan condicionado la puesta en vigor del precepto constitucional previsto para los graves casos “[d]el incumplimiento de las obligaciones que la Constitución u otras Leyes impongan o atentare gravemente al interés general de España”. Las condiciones fueron (recordémoslo para sonrojo de quienes las exigieron), primero, convocar inmediatamente elecciones en Cataluña (a petición de ‘Ciudadanos’) y, segundo, la exigencia socialista (otro grave error político) de no intervenir los MCS públicos de Cataluña, en manos del separatismo catalán, con lo que los independentistas han disfrutado de un magnífico y eficaz altavoz adoctrinador. Todo lo anterior provoca de por sí indignación al ciudadano español medio, sensato y bienintencionado.

Sin embargo, la indignación aumenta y sube de tono cuando el ciudadano asiste, como mudo e impotente testigo, a la designación por un prófugo de la Justicia en el “Exterior” del que tiene que ser elegido presidente de la ‘Generalitat’ catalana en el “Interior”, el que dice ser y llamarse Quim Torra, un vicario del que ellos mismos consideran el presidente “legítimo”, Carles Puigdemont, retenido en Alemania bajo las acusaciones de rebelión y/o sedición y malversación de fondos públicos. (Habría que dedicar otro párrafo a la interpretación que ha hecho la Justicia alemana de la euroorden dictada por el Supremo español). Creemos que el “delegado del Interior” ha sido bien seleccionado por ser un ultranacionalista, un auténtico xenófobo y un supremacista redomado. Lo peor de lo peor.

Por todo ello, y teniendo muy en cuenta esos especiales “méritos” que concurren en el señor Torra, necesario es cambiar la política que, hasta el momento, ha llevado a cabo el marianismo instalado en La Moncloa. El marianismo es esa mezcla de tancredismo político y el desesperante reloj de arena que, hasta hoy, ha marcado el ritmo en la toma de las decisiones del Gobierno en la “cuestión catalana”, cuestión que no es otra cosa que un golpe de Estado “astuto”, dicho sea en la  terminología de Artur Mas, y sin la violencia suficiente (según el Tribunal alemán).

La nueva política que, en relación con el problema catalán, ha de practicar el Gobierno tiene que pasar por un amplio e incondicionado acuerdo de los partidos constitucionalistas para aplicar un 155 “con todas las de la Ley”, que permita sanear el Gobierno y las Administraciones públicas de esa Comunidad, entrando a “limpiar” todos los recovecos del poder autonómico en manos de los separatistas desde el primer Gobierno Pujol, hace casi cuarenta años. La nueva política pasa por la batalla de la comunicación y la argumentación en Cataluña y, muy importante, ante la Unión Europea y las principales potencias mundiales.

El Estado ha de alzar la voz con fuerza, ponerle sordina a Puigdemont y afirmar en todos los foros que Cataluña es, y va a seguir siendo, España.

Los indignados queremos ver al Gobierno defendiendo nuestra causa. Con la razón y con firmeza.